Salah preso sería la guinda de la torta

Con el anterior presidente de la ANFP –Sergio Jadue- detenido en Miami como testigo protegido del FBI, el eventual arresto del actual timonel de la Federación y del fútbol profesional constituiría una verdadera hecatombe. A nadie le conviene seguir estirando la cuerda. Mucho menos cuando las negociaciones por el botín mayor (el Canal del Fútbol), parecieran estar en la puerta del horno.

La guinda de la torta de los agudos problemas que sacuden al fútbol profesional chileno sería el eventual arresto del presidente de la ANFP, Arturo Salah, a raíz de una petición en tal sentido del abogado de Unión La Calera, Javier Gutiérrez, luego que el alto personero, que además lidera la Federación Chilena de Fútbol, no concurriera a una citación del 17° Juzgado Civil de Santiago.

Con el anterior presidente de la ANFP (Sergio Jadue), detenido en Miami, Estados Unidos, como testigo protegido del FBI en la investigación que se lleva a cabo para determinar la verdadera magnitud de la corrupción del fútbol a nivel mundial, el que Salah llegara a ser detenido sería impresentable, una verdadera hecatombe para la ANFP, la Federación y, por ende, para el fútbol nacional.

Para decirlo pronto y claro: sería un escándalo histórico.

¿Cómo fue que llegamos a esto? Explicaciones y excusas, por cierto, puede haber muchas. Sin embargo, lo que a estas alturas está resultando meridianamente claro es que, como El Agora lo ha venido señalando desde hace tiempo, salvo aspectos cosméticos, es bien poco lo que el fútbol chileno ha cambiado con el nuevo directorio, que vino a reemplazar el delincuencial período de Jadue y a su corrupta y nefasta gestión.

Es algo que también venimos desde hace tiempo denunciando, sin que los organismos competentes del Estado, que debieran actuar, lo hagan: la ANFP, en los hechos, se ha transformado en un verdadero Cartel que, para evitar u obstruir la llegada de nuevos socios, no trepida incluso en desconocer la propia Constitución que nos rige. Con mayor razón, vulnera en forma flagrante y reiterada las propias leyes de la República.

En suma: se ha transformado en un verdadero enclave de la vida nacional, con la anuencia o complicidad del Ministerio de Justicia, el del Deporte y el Servicio de Impuestos Internos.

No sólo no hacen nada. Pareciera que miran al cielo cada vez que estalla un escándalo.

¿Qué detonó esta bombástica noticia de terror, tan propia de Hallowen?

El hecho de que Unión La Calera reaccionara frente a un abuso flagrante de la ANFP y decidiera recurrir a los Tribunales, siguiendo de este modo la misma actitud que, en su momento, había adoptado el club Deportes Barnechea.

Instado a tener que pagar un estratosférico “derecho de llaves” para poder participar en el torneo de Primera B, ascendente a 50 mil UF (a plata de hoy algo así como 1.300 millones de pesos), el club de la pre cordillera apeló al Tribunal de la Libre Competencia, logrando de ese modo no sólo saltarse la abusiva “cuota de incorporación”, sino que participar del certamen y, como tal, recibir mes a mes los dineros del Canal del Fútbol que por derecho le corresponden.
Lo de Unión La Calera iba por otro carril, pero era igualmente abusivo: en marzo, en plena competencia, la ANFP cambió las reglas del juego que establecían los criterios de descenso, aplicando un coeficiente de rendimiento para definir al equipo que perderá la categoría. En otras palabras, la institución que deberá descender de la Primera B a la Segunda División Profesional.

De acuerdo a ese cambio en los reglamentos, puede darse la colosal paradoja de que el cuadro “cementero”, que lidera la tabla de posiciones de la Primera B, con 28 puntos y una amplia ventaja de ocho unidades sobre sus más cercanos escoltas –Deportes Copiapó, Cobreloa, Deportes Barnechea y Deportes Puerto Montt- podría consagrarse campeón del certamen y no sólo no poder ascender a la serie de honor, sino que, además, caer a la Segunda División.

¿En qué fútbol que se pretende serio puede ocurrir algo así?

Al igual como lo hizo Barnechea, Unión La Calera intentó dialogar con la dirigencia de la ANFP. Objetivo: alegar que los reglamentos no pueden cambiarse una vez que se inició el campeonato. Le fue mal. Tan mal como en su momento le había ido a la institución “huaicochera” y, remontándose un poco más en el tiempo, a Deportes Ovalle y a Deportes Concepción, esta última institución desafiliada del fútbol por la increíble culpa de que la plata se la habían robado a manos llenas los personeros de la Sociedad Anónima Deportiva que regentaba al club “lila”.

Los dirigentes caleranos, frente a los hechos consumados, decidieron recurrir a los Tribunales. Pero no se quedaron allí: apelaron además al TAS, el tribunal internacional de arbitraje deportivo con sede en Lausana, Suiza, y al que los chilenos adoramos luego que nos otorgara los dos puntos que se reclamaban del partido frente a Bolivia por la mala inscripción del paraguayo Nelson Cabrera.

Una decisión lógica aunque, para estos tiempos, para nada audaz. Desde que se tuvo la confirmación de que la FIFA, la Concacaf y la Conmebol eran un antro de mafiosos, el máximo organismo del fútbol mundial perdió del todo su hasta hace poco absoluta y venerada omnipotencia, traducida en que “los problemas del fútbol (sólo) se arreglan al interior del fútbol”. En otras palabras, que quien se saltara los procedimientos de la FIFA y recurriera a tribunales (nacionales o internacionales), sólo podía esperar las penas del infierno.

En esta pugna, y como era de esperarse, Unión La Calera encontró instituciones “solidarias”. O, más bien, clubes que se plegaron al carro ante la perspectiva cierta de que el cambio de bases realizada por la ANFP el 17 de marzo del año en curso también los arrastre a ellos: primero fue Deportes Iberia, que marcha en la medianía de la tabla, y luego Ñublense, en las últimas posiciones, los clubes que se plegaron a los “cementeros” en esta apelación al TAS.

No cabe duda de que, bien asesorados, los dirigentes caleranos fijaron el foco en temas que son sensibles para la ANFP, y que demuestran su total discrecionalidad a la hora de actuar sobre algunas instituciones respecto de otras.

¿Qué debía presentar Arturo Salah, presidente de la ANFP y de la Federación, en esta concurrencia al 17° Juzgado Civil de Santiago? Entre otras cosas, la certificación de que, en su momento, tanto Deportes Puerto Montt como Deportes Valdivia habían pagado al contado la cuota de 50 mil UF como derecho para militar en la Primera B. Y como ello es imposible, toda vez que ambas instituciones gozaron de la franquicia de poder pagar en cómodas cuotas mensuales, y a cuenta fundamentalmente de los dineros que mes a mes entrega el Canal del Fútbol, pareciera que Salah prefirió no acudir a la citación antes de dejar en evidencia la discrecionalidad con la actúa su organismo.

Si le hubieran preguntado por qué Puerto Montt y Valdivia pudieron, y en cambio Barnechea no, ¿qué podría haber respondido Arturo Salah?
El problema es que, como en otras oportunidades, la ANFP recurrió al sofisma para intentar explicar lo inexplicable: es decir, al argumento de que ellos se habían comprometido con la institución calerana a entregar esa documentación en el curso de los próximos días, proposición con la que el club habría estado de acuerdo. Gustavo Ceroni, presidente de Unión La Calera, no tardó en salir al paso de esas afirmaciones que buscaban explicar la ausencia de Salah en el 17° Juzgado señalando que “eso es falso, de falsedad absoluta. Ellos quedaron de entregar la documentación solicitada y no sólo no lo hicieron, sino que tampoco comparecieron, lo que constituye una irresponsabilidad”.

Habría que agregar que, si eso no es desacato, pasa raspando…
En medio de conflictos varios, queda la impresión de que, entre la espada y la pared, a la ANFP no le quedará otra que entrar a negociar. Con Unión La Calera, por supuesto, pero también con aquellos clubes que se sumaron al alegato del TAS. El problema es que el tiempo corre en contra del organismo máximo del fútbol profesional: de acuerdo a Antonio Quesada, consejero del TAS, la primera audiencia para tratar el caso debe llevarse a cabo el próximo lunes 6, en Santiago.

¿Qué puede salir de todo esto? Que, en definitiva, se anule el descenso del torneo de Transición de la Primera B a la Segunda División, quedando el campeonato próximo con 17 clubes en lugar de los 16 que actualmente compiten.

A nadie le conviene estirar la cuerda más allá de los límites que el buen criterio aconseja. Porque mientras la ANFP no se puede permitir seguir cosechando derrotas y papelones en los tribunales (mucho menos que su presidente pudiera ser detenido), a los clubes de ninguna manera les conviene llegar al punto de no retorno.

En este momento, más allá de diferencias y conflictos, por muy profundos que parezcan, a todos los une un objetivo superior: la entrega en concesión del Canal del Fútbol por un lapso mínimo de 15 años.

Valorado en más de mil millones de dólares, es el botín mayor que todos los que integran este sistema de Sociedades Anónimas Deportivas tan corrupto como nefasto para el fútbol nacional esperan con verdadera voracidad.

Un proceso que se prolonga por dos años y que se ha venido manejando en el más hondo y sospechoso de los secretismos. En el que todos se frotan las manos sacando cuentas alegres de los 2 millones de dólares que cada club tiene prometido recibir una vez que los contratos se firmen, pero en el que nadie parece reparar en lo turbio que resulta todo.

¿Cómo puede calificarse de proceso transparente cuando los clubes ignoran absolutamente las negociaciones y cifras que se están manejando? Que tanto la Primera como la Primera B tengan un representante en la Comisión nombrada para estar al tanto del tema no es más que un brutal engaño a la fe pública nacional, toda vez que esos dirigentes, para poder integrar dicha comisión, debieron firmar antes una carta de confidencialidad, que les impide contar detalles incluso a sus propios clubes (¡!).

¿Qué va a pasar con los millones de dólares que resulten de todo esto? Inquietud para nada delirante, toda vez que no existe ningún resguardo legal para evitar que los accionistas principales, “peces gordos” de las respectivas regencia de los clubes, se retiren de la actividad y se lleven el dinero para la casa tras descubrir que se les pasó el entusiasmo, que el fútbol no era lo de ellos.

¿Qué va a pasar con los derechos de imagen de Colo Colo y Universidad de Chile, escamoteados por la ANFP luego que los respectivos síndicos los entregaron graciosamente? ¿Van a ir a las Sociedades Anónimas, en circunstancias que cualquier estudio constitucional y legal tendría que determinar que ellos les pertenecen a los clubes sociales y deportivos y no a estos engendros de corrupción que creó la ley impulsada por el señor Piñera?

A este respecto, habrá que estar atentos: ex personeros de ambas Corporaciones preparan un sólido recurso legal que, si no echa por tierra una negociación que se parece cada vez a los bullados Casos Chispas y Caso Cascadas, les va a hacer el trámite bastante más difícil a aquellos que ya se liman los colmillos y pretenden ir gastando a cuenta.