Dominga inicia ofensiva solicitando más de 700 permisos
Andes Iron comenzó el proceso formal para obtener las autorizaciones que permitan construir el proyecto minero-portuario en La Higuera, tras 15 años y US$500 millones invertidos.
El proyecto Dominga lleva 15 años en litigio / Foto: ARCHIVO
El 1 de mayo, el gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, envió oficios a siete seremías de Coquimbo, 17 entidades públicas y a la municipalidad de La Higuera, para activar más de 700 permisos requeridos por el proyecto Dominga.
La iniciativa contempla una inversión superior a los 2.500 millones de dólares y busca salir definitivamente del estancamiento judicial que ha marcado su historia durante casi dos décadas.
Según la empresa, la resolución ambiental favorable obtenida en 2021 sigue vigente y es el respaldo legal que permite dar curso al proceso constructivo. En paralelo, Andes Iron estima gastar otros US$ 20 millones sólo en permisos sectoriales. A pesar de tener aún causas pendientes en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC), la firma decidió acelerar el paso, señalando que “los plazos corren y la ley se debe cumplir”.
El giro de la historia tras años de conflicto ambiental
Desde que se descubrió el yacimiento de hierro, cobre y oro en La Higuera en 2006, el proyecto ha enfrentado múltiples reveses. Originalmente en manos de Minería Activa -ligada a Larraín Vial y a la familia Piñera Morel-, fue adquirido por los Délano en 2010 por poco más de US$100 millones.
A partir de ahí comenzó un largo camino de trámites, rechazos y fallos judiciales que han convertido a Dominga en un símbolo del conflicto entre desarrollo económico y protección ambiental en Chile.
En 2021, el Primer Tribunal Ambiental dictó un fallo que validó el cumplimiento de la normativa ambiental por parte del proyecto, entregando una Resolución de Calificación Ambiental favorable. Sin embargo, en 2023 el Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric volvió a rechazarlo.
Nuevamente, la justicia respaldó a Dominga con un fallo del tribunal ambiental de Antofagasta en diciembre de 2024, el cual calificó como “ilegal” la decisión del Comité, generando fuerte tensión política.
Sindicatos y empresarios alineados
El próximo hito se vivirá este martes 20 en el Tribunal Constitucional, donde Andes Iron, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el sindicato Fadechi -representado por el ex ministro socialista Osvaldo Andrade- han solicitado hacerse parte. Para muchos, la controversia ha dejado de ser puramente ambiental y se ha transformado en un debate de fondo sobre el Estado de Derecho.
“El derecho al trabajo también es un derecho humano”, argumentó Andrade, quien además acusó al Ejecutivo de utilizar “artilugios legales” para frenar el avance del proyecto. A su juicio, Dominga permitiría generar empleos dignos y mejorar la calidad de vida de miles de trabajadores que hoy deben desplazarse lejos de sus hogares para encontrar empleo.
Expectación por resolución del TC
El Tribunal Constitucional deberá resolver si respalda o no la postura del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lo que marcará un antes y un después para el proyecto. La Segunda Sala, integrada por jueces como Raúl Mera, María Pía Silva y Nancy Yáñez, enfrentará una definición clave.
Para los abogados cercanos a Andes Iron, una resolución contraria al proyecto significaría un golpe a la independencia de los tribunales ambientales. En cambio, si se valida la posición del tribunal que falló a favor de Dominga, el Gobierno quedaría con pocas herramientas para detener su ejecución.
Todo indica que el fallo del TC no sólo definirá el destino del polémico proyecto minero-portuario, sino que pondrá a prueba el equilibrio de poderes en Chile y el rumbo que tomará el desarrollo de inversiones bajo las actuales reglas institucionales.
