Acusan a juez Carroza de filtrar datos del caso Pablo Neruda
Querella busca que se investigue si el actual ministro de la Corte Suprema entregó antecedentes reservados del expediente al abogado Luis Hermosilla.
Neruda murió el 23 de septiembre de 1973, en nuestra capital / Foto: ARCHIVO
Una denuncia formal ante la Corte Suprema complica al ministro Mario Carroza, acusado por la familia de Pablo Neruda de haber filtrado documentos reservados del expediente judicial sobre la muerte del poeta.
La querella fue presentada por la abogada Paola Reyes, representante de los querellantes en la causa, y solicita la apertura de un sumario para esclarecer los hechos.
El escrito apunta a una presunta entrega de antecedentes al abogado Luis Hermosilla, quien nunca fue parte del proceso judicial por la muerte del Nobel. La denuncia se basa en una entrevista otorgada por el propio ministro Carroza al medio The Clinic, donde reconoció haber compartido dicha información con Hermosilla.
“Se desconoce el contenido exacto de lo entregado, los fines de su acceso y si hay algún trasfondo político”, indica el documento, añadiendo que estos hechos comprometerían la transparencia del proceso y colisionarían con el deber judicial de confidencialidad.
Vínculos con el Caso Audios
El contexto se torna aún más complejo por las conexiones entre Carroza y Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva por el llamado “Caso Audios”.
En los mensajes incautados al abogado, se alude al ministro como figura influyente en la designación de cargos durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, mencionándolo incluso como promotor de nombres para puestos judiciales.
A ello se suma una investigación previa contra Carroza por presunto tráfico de influencias, relacionada con el nombramiento de un notario en Tierra Amarilla. Ahora, con la denuncia de la familia Neruda, la presión institucional sobre el juez aumenta.
El expediente por la muerte de Neruda sigue abierto
La causa judicial que indaga una posible intervención de terceros en la muerte de Pablo Neruda en 1973, debido a una presunta inoculación de toxina botulínica, sigue en curso.
Aunque la jueza Paola Plaza había cerrado el sumario en 2023, la Corte de Apelaciones ordenó reabrir la causa en enero de 2024, y las diligencias continúan.
