Ahora es Naval el aplastado por el “Reino ANFP”

Desafiliado a fines de 2017, el club de Talcahuano había obtenido en tribunales un importante triunfo para poder retornar a la Segunda División. Pero la Corporación Naval, que posee sólo el 35% de las acciones, y no tiene los derechos federativos, con el beneplácito de la ANFP hizo de “Perro del hortelano”. Un abuso más que, sin embargo, podría ser el último. La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados ya ofició al Ministerio de Justicia y al IND para que fiscalice de una buena vez al organismo máximo del fútbol profesional, que en los hechos actúa como un Estado aparte dentro del Estado chileno.P

El reino del abuso impune, es decir, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), acaba de sumar otro hito a su interminable cadena de arbitrariedades.

Naval de Talcahuano, en receso durante todo el año pasado del torneo de Segunda División, luego de haber sido desafiliado del organismo por un dictamen del Tribunal de Penalidades, había obtenido a fines de la semana pasada un importante triunfo en Tribunales para conseguir su retorno a la serie donde militó hasta 2017; sin embargo, la Corporación Naval, representada por su vicepresidente, el abogado Daniel González Calderón, decidió no sólo asumir la representación del club de Talcahuano, sino que desconocer el patrocinio de Oscar Fuentes, abogado que en tribunales se había anotado un importante triunfo a favor del club “chorero”.

González en los hechos actuó como el “perro del hortelano”, puesto que, si bien la Corporación Naval no tiene ningún interés en retornar al profesionalismo de la Segunda División, con su intervención está impidiendo que la Sociedad Anónima Deportiva, que tiene los derechos federativos de Naval, pueda ser acogida nuevamente en el máximo organismo del fútbol profesional chileno.

Demás está decir que, en este caso puntual, es la Corporación la que cuenta con todas las simpatías de la ANFP, y no el club, que se resiste a seguir otro año más en el limbo.

Fernando Rojas, quien preside la Sociedad Anónima navalina, le señaló a El Agora que “la actitud de la Corporación, y del señor Daniel González, constituyó para nosotros un balde de agua fría, porque teníamos toda la intención, tras un año de receso, de retornar a la Segunda División Profesional. Porque está claro que, al desafiliarnos, la ANFP lo único que perseguía era eliminarnos como institución, lo mismo que se ha hecho con otras. Creo que, luego del triunfo que habíamos conseguido en tribunales, el abogado Gonzalo Cisternas intervino para convencer a la Corporación de que terciara en esta pugna. Algo absolutamente ilegal, porque ellos tienen apenas el 35% de las acciones. Pero está visto que la ANFP, con tal de conseguir sus propósitos, suele presionar en el Poder Judicial e incluso desconocer cualquier legalidad vigente. ¿Un 35% es más que el 65% que tenemos en acciones nosotros? Los derechos federativos, además, son nuestros, no de la Corporación, pero la ANFP reconoce a esta y no a nosotros. Que alguien me explique eso, porque yo cada vez entiendo menos”.

Agrega Rojas: “Lo peor es que la Corporación no cuenta con recursos para incursionar en el fútbol rentado, y tampoco tiene la más mínima intención de hacerlo. Las metas de ellos, por lo que sabemos, son competir en el amateurismo. Lo más indignante de todo esto es que la Corporación, de la cual nunca más se supo nada luego de la desafiliación de Naval, revive ahora entre gallos y medianoche sólo para impedirnos volver a la Segunda División”.

Consultado Rojas acerca de los pasos a seguir, dice:

“Creo que lo único que cabe es querellarnos penalmente, porque aquí hay una clara usurpación de funciones. La Corporación, como ya dije, no tiene atribuciones para decidir acerca del futuro de Naval”.

La historia de este conflicto se remonta a fines de 2017, cuando el Tribunal de Disciplina de la ANFP, arrogándose facultades que no tiene, desafilió a Naval, por atrasos en los pagos de remuneraciones e imposiciones.

Y no los tiene porque el único organismo que puede decidir la desafiliación de un club es el Consejo de Presidentes. Ni siquiera el directorio de la ANFP, con todo el poder monárquico que posee, puede. Mejor dicho, tampoco debe, pero sin embargo lo hace una y otra vez utilizando todo tipo de resquicios.

Fernando Rojas reconoce el problema que durante 2017 afrontó el club, pero aclara: “No desconocemos los problemas económicos que tuvimos durante 2017, pero en poder de la ANFP existía una boleta de garantía por 30 millones de pesos, y como nuestra planilla alcanzaba a los 10 millones de pesos al mes, pensábamos que la irían haciendo efectiva, con lo cual igual le íbamos a responder al plantel, al cuerpo técnico y al personal administrativo. Porque, de lo contrario, ¿cuál era el sentido de que depositáramos ese cheque en garantía?”.

Le recordamos a Fernando Rojas que, con idénticos argumentos, Deportes Ovalle fue bajado de categoría. En lugar de hacer efectiva la garantía depositada, la ANFP simplemente decidió borrarlo del profesionalismo.

Señala Rojas: “No estoy informado, pero no me extraña. Al contrario de fomentar el fútbol, de propender a su desarrollo a través de todo el territorio nacional, pareciera que la ANFP está más preocupada de que cada vez haya menos clubes. A nosotros nos están haciendo un daño enorme, porque además de cerrarnos la puerta de la Segunda División, por un año más quieren dejar sin competición a nuestras series menores, que cuentan con todo nuestro apoyo. De hecho, el año pasado fuimos a competir a Mendoza con las series Sub 12, Sub 13, Sub 14 y Sub 15, resultando campeones en dos de esas cuatro categorías. Es decir, están provocando además un daño social enorme, porque van a dejar sin poder competir a cientos de chicos”.

Naval se había anotado un importante triunfo en sus objetivos de retornar a la Segunda División luego que la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel acogiera la medida cautelar de no innovar solicitada por Naval de Talcahuano por la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP de desafiliarlo de la Corporación, vulnerando con ello derechos básicos como el debido proceso.

¿Por qué el recurso se interpuso en San Miguel y no en algún tribunal de la comuna de Santiago?

Fue, según se supo, una medida “táctica” del abogado Fuentes. Desde hace tiempo, al interior del fútbol chileno y de clubes que han tenido problemas legales con la ANFP, existe ya no sólo la percepción, sino que el convencimiento de que el organismo que maneja al fútbol profesional chileno cuenta en los tribunales con toda una red de protección.

¿Quiénes manejarían tal red de protección?

Un personero que conoce los vericuetos y entretelones de cómo se maneja el fútbol en el Poder Judicial, nos señala que “Gonzalo Cisternas, abogado de la ANFP, es en esto un hombre clave. Como hijo de Lamberto Cisternas, juez integrante de la Corte Suprema, tiene muchas influencias y poder en la mayoría de las cortes capitalinas. Sin embargo, por encima de él está Darío Calderón, un abogado que entre bambalinas se mueve como pez en el agua, porque tiene poderosos padrinos políticos en los dos sectores que, desde el retorno a la democracia, se han repartido el poder. Entre los dos paran todo u obtienen fallos casi siempre favorables al fútbol. Es que así se maneja el poder en este país. ¿O alguien cree que es pura casualidad que a la cárcel sólo van a parar los atorrantes mientras que a los delincuentes de cuello y corbata a lo más los mandan a tomar clases de ética?”.

El mismo personero, que pidió reserva de su nombre, agregó que “Calderón fue, además, personaje clave en las fraudulentas quiebras que se les decretaron a Colo Colo y Universidad de Chile. No sólo para implantar el sistema de Sociedades Anónimas Deportivas, sino que además para despojar a ambas instituciones de sus derechos de imagen, de modo de poder crear el Canal del Fútbol y concretar los negociados millonarios que se han hecho con él”.

Mientras, Naval SAD, a través de su abogado, Oscar Fuentes, contragolpeó en el 4° Juzgado Civil de San Miguel, mediante la causa Rol C-6862.2018. En el escrito, y acerca de la revocación de su poder para actuar en representación del club, expone que dicha solicitud no tiene valor alguno, agregando que “el poder con que actúa el señalado abogado (Daniel González Calderón) emana de un ‘directorio’ conformado por algunos accionistas que de facto y en forma irregular han intentado dar forma jurídica a una supuesta junta ordinaria de accionistas de la sociedad Club de Deportes Naval SADP, y vulnerando los estatutos sociales, las disposiciones sobre quórum de accionistas y la Ley, han pretendido erigirse en un directorio que jurídicamente se constituyó fuera de la Ley y por encima de un Directorio plenamente vigente, cuyo presidente y accionista, don Fernando Rojas Araujo, quien en la representación de la demandante dedujo ésta acción”. 

Agrega el escrito:

“Pero, sin duda, lo más grave del caso es que la comparecencia de éste abogado obedece a instrucciones que le fueron impartidas por la propia demandada, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, según lo que me manifestara directamente el señor González Calderón, lo que de ser efectivo, y en opinión de éste apoderado, siendo plausible presumir una colusión entre el abogado señalado o quien lo mandata para intervenir en ésta causa y la demandada con sus apoderados en la causa,  podría enmarcarse en la figura penal de la Prevaricación, contemplada en los artículos 231 y 232 del Código Penal, ya que, al menos de lo manifestado hay una intención evidente de perjudicar los intereses de la demandante, al buscar dejarla en total indefensión frente a la demandada, razón por la cual y en representación de mi mandante hacemos expresa reserva de acciones y derechos en un otrosí”.

De ese modo, Mientras Naval confía en que los tribunales le darán la razón, mientras Santa Cruz pretende hacer valer sus derechos como nuevo integrante de la Primera B para 2019, tras consagrarse campeón de la Segunda División, y Barnechea ve un negro panorama por oponerse al poder omnímodo de la ANFP, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados parece por fin querer tomar el toro por las astas en vista de tanto abuso y tanta tropelía.

Marcos Ilabaca, el diputado que preside la Comisión, confirmó que, tras la reunión sostenida el martes 8, se ofició tanto al Ministerio de Justicia como al Instituto Nacional del Deportes (IND) para que intervengan en la ANFP y esta tenga, por fin, la fiscalización que hasta ahora no ha existido.

En los hechos, se ha manejado como un Estado aparte dentro del Estado chileno.

Nunca imaginó la Comisión, que decidió investigar al fútbol luego del rocambolesco caso de Deportes Vallenar, que los cientos de testimonios prestados a través de 13 sesiones durante prácticamente todo el año pasado, iban a abrir una verdadera caja de Pandora.