Andrade, pareja de la diputada Pérez, de RD, para recibir $426 millones se hizo asesorar por Cantinflas

El escándalo surgido en Antofagasta cada vez suma más aristas. Mientras la oposición pide las penas del infierno para los involucrados y el Tribunal Supremo de Revolución Democrática expulsaría del partido a Carlos Contreras y Daniel Andrade, la parlamentaria separó violentamente aguas de los sospechosos de suscribir estos convenios, que parecen redactados por el genial cómico mexicano.

Por EL AGORA / Foto: ARCHIVO

El escándalo en que se ha vuelto involucrada la diputada Catalina Pérez, de Revolución Democrática, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, no se detiene. Al contrario: cada vez suma más aristas, luego que a mediados de la semana pasada un medio antofagastino (Timeline), denunciara que la pareja de la parlamentaria, Daniel Andrade, había firmado un convenio como representante legal de la Fundación Democracia Viva, con el Seremi del Ministerio de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien hasta el año 2020 había sido asesor de la diputada y es, además, militante del mismo partido.

Y aunque durante la jornada de este sábado la parlamentaria separó aguas con su pareja, señalando que “aquí hubo un error de juicio político grave, aquí hubo un error de criterio político grave, y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, y don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde”.

Agregó: “no tengo ninguna injerencia, participación o interés en los convenios que aquí se han suscrito. No he cometido ningún error aquí, ni tengo absolutamente ninguna responsabilidad que asumir sobre mis hombros”.

Así también manifestó que “no tenía ningún conocimiento sobre la firma de este convenio, sus características, montos, momentos o lugar de ejecución”.

Más allá de esas declaraciones, sin embargo, políticos de signo contrario a Catalina Pérez no quieren dejar pasar la oportunidad de demostrar que, si bien ellos cobijan en sus filas a muchos sinvergüenzas, entre los militantes de los partidos oficialistas pasa lo mismo. Después de todo, los $ 426 millones involucrados en los convenios, son una cifra más que respetable y que, por supuesto, se debe aclarar hasta en sus más mínimos detalles.

Carlos Montes, ministro de Vivienda, y Camila Vallejo, vocera de gobierno, fueron durísimos cuando se trató de analizar este enojoso caso. Lo más suave que dijeron que la firma de tales convenios había sido un “descriterio político”. A ellos se sumó el pronunciamiento de Revolución Democrática, que solicitó al Tribunal Supremo de su partido la inmediata expulsión del renunciado Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y de Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez.

En tanto, la oposición no piensa soltar su presa. Mientras parlamentarios UDI exigieron la inmediata renuncia de Pérez a la mesa de la Cámara de Diputados, los de Renovación Nacional van a exigir una auditoría a fondo de todas las Seremías, “para tener claridad en qué se están gastando los recursos”, dijeron.

La senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, informó que solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio para esclarecer eventuales ilícitos en el caso de los tres convenios de transferencias de recursos por $ 426 millones de pesos. Para ella, la investigación administrativa no basta, porque se deben indagar, además, eventuales responsabilidades penales.

Graficando que no es poco el dinero que pudo haber sido eventualmente defraudado, la parlamentaria de RN dijo que “esto significa un juego de recursos, que tendrían que haberse invertido en la construcción de viviendas para familias que están esperando por años, que sufren todos los días por no poder tener las condiciones mínimas para mantener a sus hijos en una casa con un baño, con agua, con luz. No sólo es grave, es despreciable”.

Núñez precisó que, “estamos hablando de recursos que perfectamente podrían haber financiado más de 200 subsidios de arriendo por todo un año, eso equivale a haber atendido las necesidades de vivienda totalmente a uno de los campamentos de Antofagasta por 12 meses. Y si esos dineros se mal utilizaron, si fueron a parar a tareas que nada tienen que ver con atender la necesidad de estas familias, tendrán que dar la cara no sólo para pedir disculpas, sino que para responsabilizarse también ante la Justicia”.

Para obtener los $ 426 millones que recibió, la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, tuvo que apelar a todos los artilugios verbales para presentar una cantinflada como un proyecto serio, que recibiera recursos. Porque no fue sólo un convenio: fueron tres, y en un lapso muy breve de tiempo.

El decreto del primer convenio con la Seremi de Vivienda fue firmado el 3 de octubre del 2022 y asciende a 200 millones de pesos. El objetivo del aporte es “disponer la entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras básicas de carácter transitorio y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades en base a salubridad y seguridad”.

El siguiente convenio, por 170 millones de pesos, tuvo su decreto el 27 de ese mismo mes y era para “disponer la entrega de recursos para implementación y ejecución socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”.

El tercer y último convenio, con decreto el 19 de diciembre del 2022, fue por $ 56 millones para la “ejecución de diagnósticos socio territoriales – planes de intervención, plan de campamento preparado y acciones sociales y comunitarias en diversos campamentos en la Región de Antofagasta”.

En pocas palabras, Mario Moreno en todo su esplendor. Porque los fundamentos de los tres proyectos suenan bonito y más que “robustos”, una palabra que en los últimos tiempos se ha puesto de moda, pero si se diseccionan y se analizan huelen a palabrería hueca. ¿Qué es eso de “implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo”? ¿No era más práctico pasarle ese dinero directamente a los vecinos para que mejoraran sus ranchitas?

En fin, que respecto de esta historia todavía restan conocerse varios capítulos.