Caso Dammert: Consejo para la Transparencia ordena a Cancillería aclarar comunicaciones con EEUU
La Subsecretaría de Relaciones Exteriores deberá informar cuándo, dónde, cómo y quiénes hablaron para desmentir que el FBI citara a la ex jefa de asesores del segundo piso de La Moneda.
Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO
Luego de que la Subsecretaría de RREE denegara el acceso a la información por falta de datos y que dichas conversaciones «fueron transmitidas por vías verbales”, en el marco de la investigación que involucra a Lucía Dammert, ahora el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Cancillería revelar cuándo, dónde, cómo y quiénes hablaron con EEUU para desmentir que el FBI citara a la ex jefa de asesores del Presidente -que dejó el cargo hace seis meses- a entregar un testimonio voluntario en el marco de una investigación por narcotráfico contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, con supuestos nexos con el Chapo Guzmán y el Cártel de Sinaloa.
Para ello, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un periodista del sitio online Interferencia.
“La supuesta citación fue difundida por el medio digital Interferencia a mediados de septiembre, siendo desmentida por la propia Lucía Dammert, así como también por el Ejecutivo a través de un comunicado, en el que se afirmó haber investigado sobre la veracidad de los hechos publicados. Al solicitarse más detalles sobre estas comunicaciones, la subsecretaría denegó el acceso a la información aludiendo la inexistencia de la información y argumentó que dichas conversaciones ‘fueron transmitidas por vías verbales’, por lo que no existiría soporte documental que permitiera atender a lo consultado”, comunicaron desde el CPLT.
“Tampoco entregó detalles de la forma en la que se logró confirmar que la ex asesora de Presidencia no fue citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en los EEUU”, complementaron desde CPLT, que ahora ordenó a la Subsecretaría de RREE transparentar fecha y hora de los contactos, si se trató de una comunicación presencial, telefónica o de otro tipo, el lugar y quiénes fueron los interlocutores oficiales.
“Es natural que se quiera tener más información sobre el caso, dado su alto interés público. Buena parte de este caso tiene origen en que el Ejecutivo, en su momento, afirmó que había consultado al gobierno de Estados Unidos y que desde ahí alguien habría señalado que la persona en cuestión no había sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en ese país”, comentó Francisco Leturia, presidente del CPLT.
“Llama la atención que la respuesta de Relaciones Exteriores se fundara sólo en el hecho que no se dejó registro de conversaciones verbales, una llamada por ejemplo, porque ello podría subsanarse, permitiendo chequear la veracidad de la información, la calidad de la fuente o el nivel de diligencia observado, que son los estándares típicos exigidos cuando se hace ejercicio del derecho a informar”, finalizó Leturia.
