Caso fraude al SII: decretan prisión preventiva para 22 empresarios
Integrantes de los seis grupos de implicados fueron imputados por asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. Este viernes se verán las medidas cautelares para el resto de los acusados. La jueza estimó que este tipo de delitos también pueden vincularse a la violencia. Y «no habrá clases de ética», apuntó.
Por EL ÁGORA / Foto: AGENCIAUNO
El Primer Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva en contra de 22 imputados en el marco de la llamada «Operación Tributos», desplegada entre 2014 y 2020, por hechos consumados de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
De acuerdo a la información de Radio Cooperativa, por decisión de la magistrada María Francisca Zapata, los siguientes empresarios cumplirán la máxima cautelar:
-José Antonio Pavez Canessa (considerado el líder del «clan Canessa»)
-Alejandro Andrés Casanova Pincheira
-Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
-Andrés Esteban Galaz Rojas
-Bryan Richard Plaza Viera
-Christian Hernán Barriga Barriga
-Eduardo Alejandro Toro Guerrero
-Felipe Ignacio Posch Figueroa
-Francisco Javier Ampuero Meza
-Hernán Fernando López Monárdez
-Jorge Andrés Cuello Leyton
-José Alfredo Rivas Cuevas
-Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
-Luis Enrique Gacitúa Retamal
-Luis Enrique Veloso Muñoz
-Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
-Óscar Leonardo Larenas Guzmán
-Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
-Sergio Fernando Concha Ríos
-Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
-Thomas Gottleieb Posch Figueroa
-Luciano Vanella Muñoz
En tanto, el tribunal acogió el reclamo de la Fiscalía frente a las cautelares menores que impuso a Cecilia Leyton Guerrero, Nuvia Luna Fernández y Olga Barraza Quezada, por lo que las imputadas quedaron detenidas hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva la medida que deberán cumplir.
La audiencia continuará este viernes con la discusión de las cautelares que se les impondrá al resto de los imputados, para quienes el Ministerio Público está pidiendo medidas menores.
Según la resolución, «el tribunal considera que no existen antecedentes para fundar presunciones fundadas de participación en calidad de autores del delito de asociación ilícita a los imputados que detentan la calidad de usuarios finales», es decir, quienes recibieron las boletas falsas, razón por la cual tampoco fueron acusados de lavado de activos.
De momento, el juzgado fijó en seis meses el plazo de investigación.
SEIS GRUPOS
Según Cooperativa, la jueza identificó a seis grupos diferentes que participaron del megafraude, que el Ministerio Público estima que ronda los 240 mil millones de pesos: se trata de los clanes Canessa, Galaz, Barraza, Sacco Croxatto, Nexus, y Barriga y Polanco.
Mientras argumentaba su decisión en la audiencia, dio cuenta de que las defensas aseguraban prever que, por la irreprochable conducta anterior de sus representados, «posiblemente estas causas terminarán en procedimientos abreviados con penas sustitutivas», sosteniendo que aunque «es cierto que todo puede suceder, es altamente improbable que los casos terminen con clases de ética, al menos en relación con los imputados de los que estamos hablando».
La jueza desestimó también la presunta falta de proporcionalidad de la prisión preventiva que alegaron dichos abogados, apuntando que en casos de portonazos, la Fiscalía suele solicitar la misma cautelar, «aun cuando muchas veces (los delincuentes) no tengan condenas anteriores».
«Un portonazo es grave, afecta a una o más personas, a veces a una familia completa. Los delitos que estamos conociendo en esta causa afectan a cientos, miles de familias chilenas. Estos son verdaderos portonazos tributarios y poseen un efecto expansivo demoledor, especialmente en el sector más vulnerable de la sociedad. Si la cláusula de peligro para la seguridad de la sociedad debiese sólo aplicarse a los delitos violentos y no a los delitos cometidos ‘con buenas maneras’, la ley los habría excluido», argumentó la magistrado.
Y prosiguió:
“Las buenas maneras empleadas en la forma de comisión de estos delitos sólo disimulan sus circunstancias espurias, pues si los dineros obtenidos a través de estas operaciones por los imputados hubiesen permanecido en las arcas fiscales, habrían podido destinarse a través de las adecuadas políticas públicas a ciertos sectores de la población y es muy probable que con ocasión de ello tendríamos menos violencia en las calles. Por lo cual, atendido este punto de vista, podría sostenerse que estos delitos están, también, fuertemente vinculados a la violencia».
