Caso Valeria Vivanco: el presunto homicida está libre (Parte 1)

Fiscales y abogados acusadores y defensores sabían que Leonel Contreras no era el autor del disparo que mató a la detective, pero prefirieron ocultar información y desechar un peritaje forense de expertos que identifica claramente al culpable.

Por ANDRÉS ALBURQUERQUE F. / Fotos: ARCHIVO, FACEBOOK e INSTAGRAM

A las 15:59 del 13 de junio de 2021, la subinspectora Valeria Vivanco Caru cayó mortalmente herida en La Granja, en un procedimiento policial. Ese domingo, luego de perder su rastro en Puente Alto, a las 14:54 cuatro detectives se lanzaron en persecución de un Kia Rio 4 blanco (placa KYDY-28).

En la intersección de las calles Santo Tomás y Las Parcelas, en el límite con La Pintana y frente al colegio Alma Mater, lograron interceptarlo. Curiosamente, quien manejaba el Kia Morning patente KCDH-40 de la Policía de Investigaciones (PDI) no colocó su auto en condición de bloquear al otro vehículo. Primer error inexcusable del subcomisario Felipe Gallardo Araya, de 34 años al momento del homicidio.

La primera en bajarse del Morning fue Vivanco, quien alcanzó a caminar apenas unos pasos en dirección al Rio 4, cuando un balazo la impactó. El proyectil ingresó por la espalda, y la afectada fue llevada al hospital Padre Hurtado, distante a no más de seis cuadras del lugar. Ingresó a las 16:07 horas. Diagnóstico: herida de bala torácica con o sin salida de proyectil. Fue una herida mortal, que acabó con la vida de la detective de 25 años.

También desciende del Morning la detective María Constanza Norambuena Urra, a la fecha de 23 años, quien viajaba en la parte posterior, detrás del chofer. Y el novato Leonel Alejandro Contreras Canales, entonces de 21 años, ocupante del asiento de atrás del copiloto.

Mientras, en el lugar del crimen, la PDI detuvo a Miguel Alejandro Caniupán Calabrano (19 años) y a un adolescente de 17. Ellos serían formalizados y luego encarcelados durante dos meses antes de que la PDI “detectara” que había serias fallas en la investigación.

ERRORES INCREÍBLES

El prefecto inspector Jorge Márquez ha sido sancionado al menos dos veces por la PDI.

¿Quién había efectuado las pesquisas? Agentes de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la PDI. Una investigación tan somera y poco profesional, que ni siquiera menciona el sitio del suceso ni se informa la hora del fallecimiento.

Es más, otra arista la representa la declaración del prefecto Jorge Márquez Monsalve, por entonces jefe BH Metropolitana. Se trata del mismo detective que llevó la investigación del caso de Viviana Haeger. Ver https://www.elagora.net/el-estado-de-chile-la-mato-dice-hermano-de-la-detective-valeria-vivanco/ .

Márquez “resuelve” el caso Vivanco al día siguiente y desde su escritorio. Declara el 14/06/2021 en el sumario administrativo: “Uno de los delincuentes, al advertir la presencia de los funcionarios policiales y en posesión de un arma de fuego, procedió a efectuar un disparo hacia el vehículo policial, impactando en el tórax a la subinspectora Valeria Vivanco Caru (QEPD)”. La PDI lo castigó administrativamente por su apresurada conclusión, entre otras anormalidades.

Hay más, el comisario Ángel Jaque Nercasseaux, a cargo de los primeros procedimientos tras el crimen, también fue sancionado por la institución. ¿Su error? Casi nada: entregó a criminalística las pistolas de Vivanco, Gallardo, Norambuena y Contreras 10 días después del homicidio. No dio explicaciones por el inexcusable “olvido”.

Los errores son tantos, que no parecen casuales.

Incluso, el involucrado de mayor rango y experiencia, el subcomisario Gallardo (quien aborrece su apodo: “Tiroloco”), cometió otra negligencia increíble. Luego de trasladar a la víctima al hospital, ocupó un baño para mojarse el pelo, y lavarse con jabón las manos y la cara. Como había testigos, Gallardo confesó que era cierto durante el juicio en el 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

INFORME PERICIAL

El Ágora tuvo acceso al informe pericial efectuado por tres especialistas de renombre internacional, y que en 151 páginas arroja potentes luces sobre lo sucedido. Está firmado por los criminalistas, peritos balísticos y la psicóloga forense Diana Angélica García Colorado, Miguel Ángel Acuña Fernández y José Fernando Rojas Richards.

Leonel Contreras habría pagado caro por su inexperiencia.

Lo primero que llama la atención es que no se realizara una indagatoria cruzada, dirigida paralelamente por policías y carabineros. Es lo habitual cuando muere de forma violenta un funcionario de cualquiera de nuestras entidades de orden y seguridad.

“Lo otro extrañísimo es que se haya hecho un trabajo tan desprolijo. Al principio se pensó que alguien intentaba desviar la atención o proteger a un tercero. Pero finalmente la conclusión es otra: se alteraron informes, se ocultó información por simple ineficiencia. Fue un procedimiento indigno para la PDI”.

Quien habla es un funcionario de larga trayectoria (práctica y docente), en la PDI. Por razones obvias, prefiere mantenerse en el anonimato.

Para él, “cuando todo eso se supo y se procedió a la excarcelación de los dos inculpados, expresamente se dejaron de lado pruebas irrefutables. Pruebas que desde el principio exculpaban a Leonel Contreras, el único procesado por el caso. Esto es increíble”.

Su testimonio coincide con las conclusiones a las que llegan los peritos forenses: el asesino no ha sido juzgado. El asesino está libre…