CDE se querella contra dos altos ex funcionarios del municipio de Puente Alto

Según el Consejo de Defensa del Estado, Christian Gore y Paul Jurguens, habría recibido beneficios económicos para que la empresa Itelecom se adjudicara una millonaria licitación para instalación de luminarias LED. Municipio hace sus descargos.

Por EL ÁGORA / Foto (referencial): ARCHIVO

Dos altos funcionarios de la Municipalidad de Puente Alto fueron querellados criminalmente por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por los delitos de soborno y cohecho pasivo agravado en el marco de la licitación de luminarias LED.

Fueron individualizados como Christian Gore Escalante y Paul Jurguens, quienes habría recibido beneficios económicos, vulgarmente coimas, para interceder de modo que la empresa Itelecom se ganara la licitación para adjudicarse el contrato de instalación y mantención de luminarias en la comuna.

La acción legal surge en la investigación que lleva la fiscalía por el denominado Caso Luminarias, donde se acusa a la empresa Itelecom de pagar coimas a funcionarios públicos para adjudicarse contratos.

La acción busca determinar, además, la calidad de autores del delito de soborno de los particulares León Lefort, Ricardo Rodríguez, Pedro Guerra, Leonardo Bustos y Álvaro Lavín. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2018 y 2019.

La acción presentada por el CDE refiere que León Marcelo Lefort, representante, socio y gerente general de Itelecom, se habría reunido con los funcionarios para «incurrir en las conductas descritas (soborno y cohecho), ofreciéndoles un beneficio económico para obtener dicha licitación pública».

Al respecto, el municipio de Puente Alto aclaró que seis de las personas que se mencionan en la querella nunca han sido parte de la Municipalidad de Puente Alto; que Christian Gore actualmente no trabaja en el municipio ni en ninguna de sus corporaciones, y que la licitación aludida se desarrolló dentro del marco de la Ley de Compras Públicas.

El jefe comunal, Germán Codina, solicitó que se adopten las medidas judiciales y administrativas que correspondan para perseguir eventuales responsabilidades que puedan existir en este caso.