CDE se querella por cuantioso fraude cometido en Gendarmería

Consejo de Defensa del Estado sostiene que la institución pagó, sin explicación plausible, por arriendo de equipo de comunicaciones de propiedad fiscal, entre los años 2011 y 2019.

Por EL ÁGORA / Foto referencial): ARCHIVO ATON

Un cuantioso fraude se habría cometido en Gendarmería, luego que la institución pagara más de dos mil millones de pesos, que no se justifican, a la empresa Comsa Industrial, por el arriendo de equipos de comunicaciones.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó una demanda por fraude el Fisco contra todos aquellos que resulten responsables del pago de este sobreprecio, ascendente a exactamente $2.043 millones.

El CDE señaló que «funcionarios de Gendarmería encargados del resguardo del patrimonio fiscal por razón de su cargo, dolosamente infringieron sus deberes efectuando pagos por una prestación sin justificación alguna».

No hay, por ahora, una acusación directa contra alguna persona natural o jurídica en este caso.

Juan Peribonio, presidente del CDE, dijo que “el Consejo tiene el deber de presentar una querella criminal cuando estamos en presencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos y que acrediten una evidente falta del deber de un funcionario público, lo que se produce con acciones dolosas, tendientes a administrar de forma desleal el patrimonio público y que ocasionen un perjuicio fiscal».

El fraude, de acuerdo a la querella, se produjo entre 2011 y 2019, cuando, a través de cuatro contratos sucesivos y por vía directa, se ejecutó la malversación en estos contratos, en los que se arrendaba un sistema de radiocomunicaciones troncalizado y digital para los recintos penales de las regiones Metropolitana, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Talcahuano.

A esto se sumaban la Dirección Nacional de Gendarmería, el Palacio de Tribunales en Santiago y el Penal Punta Peuco, entre otros.

La malversación se dio cuando, en primera instancia, se arrendó de manera mensual la infraestructura de radiocomunicaciones, que pasó a dominio fiscal al vencimiento del primer contrato en 2017, algo que también incluyó un pago mensual -hasta 2019- por supuestas «obras civiles para la adecuada instalación» de la infraestructura, algo que sólo se realizó una vez, en 2011.

Además de los equipos antes mencionados, el contrato incluyó la instalación en cada uno de los recintos de torres de transmisión, contenedores panelizados y cercos perimetrales, todo avaluado por la empresa a cargo en marzo de 2016 en 16.467,35 UF, lo que se traduce en unos 425 millones de pesos de la época.

Finalmente, la acción judicial del CDE indicó que «el sobreprecio pagado asciende a la suma neta de 2.042.792.631 pesos, actualizado a valor UF de 26 de mayo de 2021 y que se explica únicamente por el hecho de haberse pactado, cobrado y pagado rentas de arrendamiento por bienes de propiedad fiscal».