Cobreloa arriesga desafiliación por caso de violación masiva no denunciada de sus juveniles

Dentro de sus facultades, la ANFP podría sancionar al club de Calama por no activar el protocolo contra delitos sexuales dentro del deporte. Sin embargo, para eso tendría que tener la voluntad de autodenunciarse por un supuesto encubrimiento del caso.

Por ANDRÉS ALBURQUERQUE F. / Fotos: ARCHIVO

El año 2020, el Ministerio del Deporte emitió el Decreto Supremo 22, también conocido como “Protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional”. Menos de un año después, Cobreloa quedó al margen de la ley debido a que incumplió con el mandato. Una muchacha de 18 años (Valentina J. N. V.) denunció que la noche del 17 de septiembre de 2021 fue violada por entre ocho y 10 jugadores de la Sub 21, y el club nortino trató por todos los medios de ocultar el grave delito.

Los hechos se produjeron en medio de una fiesta de Fiestas Patrias (organizada aparentemente a escondidas del club) efectuada en la Casa Naranja (foto principal), recinto en el que viven varios futbolistas juveniles de Cobreloa. En la ocasión hubo toda clase de excesos, incluyendo la ingesta de alcohol, marihuana y cocaína. Como corolario, una violación en manada en la que habrían participado ocho depredadores sexuales, todos mayores de edad y que ya se encuentran identificados.

INTIMIDAD EN UN BAÑO

Según los antecedentes recabados por la Fiscalía Regional de Antofagasta, uno de los juveniles invitó a Valentina a la fiesta, y una vez en el lugar, la conminó a intimar en un baño. La muchacha accedió, pero una vez a solas, el principal involucrado en el grave delito invitó a otros dos a sumarse, por lo que Valentina se negó e intentó escapar.

Luis Fuentes fue despedido de Cobreloa a fines de 2023.

La situación se salió de control, porque entre varios la tomaron por la fuerza, le pusieron un cinturón en el cuello y la empujaron hacia una de las habitaciones, donde la amarraron y la vejaron. Incluso grabaron mientras tenían relaciones sexuales no consentidas con ella.

Enterado al día siguiente, el entrenador de las divisiones menores en funciones, el ex defensa Luis Fuentes, pidió un pacto de silencio: esconder los hechos a todos, incluyendo a los dirigentes (en esa época, el presidente del club era Luis Vera). Fuentes fue recientemente desvinculado de Cobreloa, tras trabajar cuatro años en la entidad.

Pero Fernando Ramírez, ex presidente del club, en diciembre de 2021 se entera por terceros y pide realizar una investigación, pero la petición fue ignorada por el directorio naranja. El club trató de tapar el sol con un dedo sin importarle la víctima ni la Justicia ni la calaña de juveniles que tenía entre sus filas. Y quienes han tenido acceso al proceso que lleva la Fiscalía, aseguran que al menos tres de los violadores permanecen en el primer equipo loíno, ahora con contrato profesional.

El club, a pesar de conocer y recibir la denuncia en mayo de 2022, recién presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 24 de enero de 2023, o sea, ocho meses después y ante una instrucción de la ANFP.

“QUE PAGUEN CON CÁRCEL”

La causa judicial fue cerrada por el Ministerio Público el 12 de mayo de 2022, cuando Valentina, cansada del escaso apoyo de su propia familia, de la ANFP, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio de la Mujer, desistió de seguir acciones legales.

Sin embargo, el caso se reabrió el 14 de junio del año pasado, debido a la existencia de nuevos antecedentes y porque la víctima, actualmente estudiante de Derecho, decidió perseverar en su verdad, con la esperanza de que los involucrados “paguen con cárcel o, al menos, que los echen de Cobreloa por lo que me hicieron”, según declaró en el programa Círculo Central del pasado 23 de octubre (ver en el siguiente enlace, a partir del minuto 44:35: https://www.youtube.com/watch?v=PGjjWd1tjGs ).

El actual timonel de Cobreloa, Marcelo Pérez, argumenta que decidió ignorar el protocolo, pese a que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) lo conminaba a activarlo, amparándose en un “resquicio legal”.

En efecto, en la redacción del artículo 1 del Decreto 22 se cometió una grave omisión. El protocolo señala: “Toda organización deportiva deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato que pudiere ocurrir entre sus trabajadores, dirigentes, entrenadores y deportistas. Respecto de las organizaciones deportivas profesionales, la adopción de dichas medidas aplicará igualmente para aquellos trabajadores que de conformidad a lo establecido por el artículo 152 bis B, literal b), de la ley Nº 20.178, desempeñen actividades conexas, es decir quienes en forma remunerada ejercen como entrenador, auxiliar técnico, o cualquier otra calidad directamente vinculada a la práctica del deporte profesional”.

NEGLIGENCIA, OMISIÓN O ENCUBRIMIENTO

El club del norte arguye que Valentina J. N. V. no pertenecía al club, y que por eso no activó el protocolo. Eso, pese a que hay evidencia escrita en diferentes correos electrónicos que sus dirigentes y entrenadores sabían que sus jugadores la habían violado.

Pablo Milad, presidente de la ANFP.

Sin embargo, para el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), Eduardo Arévalo, aunque el protocolo “no especifique explícitamente su campo de aplicación, su espíritu y propósito de proteger a los deportistas se extiende a situaciones en las que estén involucrados y actúen en representación de su institución deportiva”.

Advierte, también, que “hay una serie de inconsistencias en las declaraciones de los señores Pablo Milad, presidente de la  ANFP, y Marcelo Pérez, presidente de Cobreloa”.

Agrega que está claro que ellos podrían argumentar que no se activó el protocolo porque la muchacha no pertenecía al club, “pero si la Justicia dictamina que alguno de los dirigentes mencionados encubrió el delito, podría ser castigado a perpetuidad por el CNAD. Y, por supuesto, los jugadores que violaron a Valentina no podrían jugar profesionalmente nunca más en Chile”.

El Comité investiga los hechos porque el delito se perpetró al interior de las instalaciones del club, “y porque no tenemos exactitud respecto de otros deportistas que habitan en la Casa Naranja y que también fueron víctimas, porque vieron vulnerados sus derechos al estar presentes y expuestos a los hechos. Porque está claro que en el lugar había al menos 20 jugadores, y no todos participaron”, detalló.

Dentro de sus facultades, la ANFP podría incluso desafiliar al club de Calama por no activar el protocolo establecido por el Decreto Supremo 22. Sin embargo, para eso tendría que tener la voluntad de autodenunciarse por ser, también, uno de los entes que encubrió el delito. No obstante, Arévalo dice que esa parte de la historia no le compete.

Lo que sí le incumbe es que “hay sospechas fundadas de que hubo dirigentes que, por negligencia, omisión o encubrimiento, también son culpables. Y, si la Justicia sentencia que cometieron un delito (como autor, cómplice o encubridor), los podemos sancionar a perpetuidad para participar en actividades deportivas”.