Columna de Eduardo Bruna: El litio, una colosal riqueza que no puede servir para que se enriquezcan los privados

La Política Nacional del Litio, enunciada por Gabriel Boric en cadena nacional, tiene fuera de sí al gran empresariado y a sus lacayos parlamentarios. Y es que no les basta con invertir y participar: quieren el litio sólo para ellos, y que el Estado intervenga lo menos posible, ojalá haciendo vista gorda a las tropelías.

Por EDUARDO BRUNA / Foto: ARCHIVO

¿En realidad, alguien esperaba otra cosa? Bastó que el Presidente de la República, Gabriel Boric, diera a conocer la Política Nacional del Litio que desarrollará su gobierno para que el empresariado nacional, y los parlamentarios que defienden sus intereses, reaccionaran con indignación, disfrazada de “sorpresa y preocupación”.

Desde luego, que el Presidente fuera tajante y claro, en el sentido de que en todo el proceso de explotación del litio el Estado iba a ser socio mayoritario, sacó de sus casillas al gran empresariado. Acostumbrados a llevarse siempre la mejor parte, su molestia fue expresada con los argumentos de siempre.

Richard Von Appel, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, señaló que «en momentos que necesitamos reconstruir las confianzas entre todos los actores de la sociedad y, especialmente, entre el Estado y el sector privado, el Gobierno propone relegar inexplicablemente a un segundo plano al sector privado en el desarrollo de la industria del litio”.

Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), su presidente subrogante, Cristián Argandoña, agregó: «Una cosa es que los derechos económicos sobre el litio puedan ser regulados a través de regalías o un royalty, como ocurre con SQM, o a través de los impuestos, pero otra cosa muy distinta es el tema de la propiedad sobre las empresas».

En esta hora de definiciones, vitales para la economía del país, todos -o una gran mayoría, al menos-, parecen olvidar la forma cómo el litio, una riqueza de gigantescas proyecciones futuras, y que le pertenecía a Chile, pasó a manos privadas. Concretamente, Julio Ponce Lerou, yerno del dictador, se hizo graciosamente de la propiedad de Soquimich y, a través de ella, del Salar de Atacama, que contiene según todos los estudios y prospecciones una de las reservas de litio más grandes del mundo.

Soquimich no fue, sin embargo, la única empresa del Estado rematada a precio vil por el sátrapa y sus secuaces civiles. Perdido el Plebiscito que significaba que, de ganar, iba a seguir en La Moneda por ocho años más, el dictador aprovechó el tiempo que le quedaba para desmantelar el aparato estatal. Fueron casi 750 las empresas que el Estado traspasó a precio vil a los privados.

¿Cambió algo luego de que el No se opusiera a las intenciones del tirano? Por supuesto que no. La triunfante ciudadanía pronto se vería defraudada por una Concertación que, como lo ha dejado en claro más de una vez el historiador Felipe Portales, se arregló con la derrotada derecha para traicionar una vez más al pueblo. Dicho en términos simples, perdiendo, la derecha ganó igual.

Soquimich fue nacionalizada en 1971, durante el gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, ya en 1983, entre gallos y medianoche, comenzó el silencioso proceso de privatización en favor de Ponce Lerou. En 1995, a través de un oscuro proceso, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que vendió a intereses foráneos algo tan vital, como el agua, se le entregó al yerno del dictador el arrendamiento del Salar de Atacama hasta el 2030, o hasta la extracción de 180.000 toneladas litio.

Las condiciones fueron escandalosamente abusivas para las finanzas públicas. Incluían el pago de una renta fija de apenas 5 mil dólares anuales al Estado, más un porcentaje menor de las ventas que hiciera la empresa de Ponce, calculados a partir de un reporte trimestral. Tal reporte, por increíble que parezca, ¡era elaborado por la propia Soquimich! Y no sólo eso: tal reporte nunca tuvo mayor fiscalización.

Esa casi nula fiscalización, como siempre ocurre, llevó al descarado abuso. Tras detectarse que SQM incurría en graves y múltiples incumplimientos, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la Corporación de Fomento (Corfo), presentó una demanda para dejar sin efecto el arriendo. En esa presentación se detalló cómo SQM, durante décadas, se benefició irregularmente a costa del Estado en el Salar de Atacama, incluyendo la obtención de derechos ambientales a su nombre y en perjuicio del fisco.

Finalmente, dentro de ese proceso judicial se llegó a un nuevo acuerdo con la minera. En enero del 2018, Eduardo Bitrán, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, suscribió una conciliación con SQM donde se mantuvo su derecho exclusivo de explotar las pertenencias del Fisco en el Salar de Atacama hasta el 2030, fecha del contrato original, además de aumentar la autorización original de 180 mil toneladas de litio dentro de 45 años, a 180 mil toneladas por año hasta el 2030.

Las nuevas condiciones le garantizaron a la empresa de Ponce ingresos de a lo menos 8.000 millones de dólares.

El nuevo contrato significó un colosal triunfo para SQM, en un contexto donde no sólo se había revelado ante la opinión pública su sistemático incumplimiento a los términos originales del contrato de arriendo y el atentado grave al interés público que cometió durante décadas en su explotación del Salar de Atacama. Y es que, además, había quedado al descubierto la extensa trama de corrupción que Ponce había montado a partir del financiamiento ilegal de la política. En esta red aparecían involucrados importantes personeros de derecha, tales como Sebastián Piñera y Pablo Longueira, pero también parlamentarios y autoridades históricas de la ex concertación, como Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, Roberto León, Rodrigo Peñailillo, Enrique Correa y Osvaldo Puccio, entre otros.

Con la Política Nacional del Litio, enunciada por Gabriel Boric, en 2030 se finiquita la concesión del Salar de Atacama y se le acaba el negocio al ex yerno de Pinochet. Qua, variado en sus negocios el hombre, también estuvo implicado en el escandaloso “Caso Cascadas”
Obviamente que Ponce Lerou no se va a quedar de brazos cruzados. Como tampoco lo harán los parlamentarios de derecha y el gran empresariado. Después de todo, el libreto a utilizar lo tienen bien aprendido: dirán que el Estado carece de la capacidad técnica para desarrollar proyectos de litio en Chile; que SQM es la única que cuenta con esa capacidad y con la infraestructura necesaria para desarrollar a corto plazo proyectos de litio en Chile.

La guerra comunicacional que viene será, sin duda, con todo. Aparte de que a Ponce Lerou le sobra plata mal habida (su fortuna se calcula en 3.400 millones de dólares), los medios de comunicación, contrarios al Ejecutivo en un 90% o tal vez más, jamás traicionarán su esencia.
Habrá que estar atento a lo que viene. Porque en su discurso al país, Boric dejó en claro, además, que la explotación del litio no puede estar por sobre el cuidado del medio ambiente. Y eso, para el empresariado codicioso y depredador, es como que le hablen en chino. O que los insulten a la cara. Salmoneras, empresas inmobiliarias y la industria maderera, entre otras, son la prueba más irrefutable de aquello.

El litio es, pues, una fuente colosal de recursos que no puede ser entregada a la voracidad de los privados. Que participen, pero no como propietarios de una riqueza que, como fue en su tiempo el salitre, y luego el cobre, pertenece a todos los chilenos.

Si no satisface sus voraces expectativas, sobrarán los inversionistas extranjeros que sí van a querer participar de la prospección y explotación del litio. Con mayor razón si, como dijo el Presidente, al mineral deberemos sumarle valor agregado, como en la fabricación de pilas, baterías y elementos insustituibles en la fabricación de vehículos impulsados por energía eléctrica.

Porque hoy, del cobre, en gran porcentaje desnacionalizado, sólo exportamos la materia prima, para después tener que comprar todo aquello que lo contenga.
Se vienen polémicas duras, en que, como siempre, los empresarios y los políticos de derecha van a querer llevar la voz cantante y dirigir la agenda gubernamental, como hasta ahora lo vienen haciendo.

Una prueba de ello es lo dicho por Javier Macaya, senador y presidente de la UDI. Sobre los planes enunciados por Gabriel Boric dijo que “partió el día con el discurso en Enade, con un aplaudido buen tono de reconocimiento al rol del mundo privado en el crecimiento, y termina el día anunciando una empresa estatal del litio. No puedes dar en la mañana un discurso como el ex Presidente Ricardo Lagos si en la tarde tomas decisiones sobre el litio como el ex Presidente Salvador Allende”.

De los dos mandatarios mencionados, estoy seguro de que sólo Allende se sentiría orgulloso de haber recibido tal “insulto” de un UDI.