Columna de Juanita Rojas: Abuso supremo

El máximo tribunal de nuestro país nuevamente nos impacta con una decisión que obliga a preguntarse por la posición que tiene esta instancia respecto de los abusos sexuales contra mujeres.

Por JUANITA ROJAS / Foto: ARCHIVO AGENCIAUNO

Si hubiera que calificar con una palabra la sensación de miles de chilenos y chilenas al conocer la decisión de la Corte Suprema de anular el juicio contra Martín Pradenas, acusado de violación y abuso sexual contra varias jovencitas, estupor sería el vocablo correcto.

Después de un largo proceso en que las víctimas debieron enfrentarse a declarar y revivir detalles de su traumática experiencia, Pradenas fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco a 20 años de cárcel por dos delitos de violación y cinco de abuso sexual. Una de sus víctimas, la joven Antonia Barra, no vivió para saber de la condena y tampoco de la brutal decisión de las señoras y señores supremos.

Sí, es cierto, habrá un nuevo juicio para que Pradenas cuente con jueces idóneos que no hayan manifestado opinión previa sobre el tema–algo a lo que tiene derecho toda persona–, pero sería deseable ese extremo celo para todos los juicios y con toda persona sometida a proceso.

Ni hablar del respeto y la consideración que merecen las víctimas.

Hace unos días, la Corte Suprema nuevamente nos impacta con una decisión que obliga a preguntarse por la posición que tiene esta instancia respecto de los abusos sexuales contra mujeres.

El cineasta Nicolás López, condenado en primera instancia a cumplir cinco años de prisión por los delitos de abuso sexual, fue considerado digno de otro acto de conmiseración de la Suprema con los depredadores sexuales. Se modificó la sentencia de primera instancia a dos condenas de tres años cada una… pero en libertad vigilada. El máximo tribunal del país no cuestiona la existencia de los delitos, pero López no cumplirá su pena en la cárcel y tendrá la posibilidad de cometer otros atropellos contra mujeres.

Los ejemplos anteriores son causa de indignación no solo para miles y miles de mujeres de nuestro país, sino para todo hombre o mujer que comprenda medianamente el dolor de las abusadas y su impotencia ante esta clase de decisiones judiciales.

Porque existe la tentación de suponer que en estas acciones supremas hay sólo un sesgo clasista que favorece a López y Pradenas (es probable que también lo haya), sin embargo una revisión a otras resoluciones del sistema judicial tocantes a violadores y abusadores sexuales dejan la sensación de que ese tipo de delitos a nuestros magistrados no les parece tan grave.

Más aún, pareciera que existe una inconfesa comprensión y tolerancia hacia esa clase de delincuentes.

Basta recordar el caso de la pequeña de solo 11 años violada por su padrastro, en las cercanías de Villarrica. La niña, conocida como Belén, fue obligada en el año 2013 a continuar con un embarazo producto de esos abusos. El causante fue condenado a diez años de cárcel y prohibición perpetua para acercarse a la víctima. Sin embargo, antes de cumplir siete años de la sentencia, la Corte Suprema le otorgó libertad condicional y hace unos día, un reportaje de La Tercera daba cuenta del martirio de Belén, que soporta que su abusador se pasee frente al lugar donde hoy reside.

De más está decir que el informe de Gendarmería en este caso era desfavorable para la libertad del delincuente o que no hay ninguna fiscalización que garantice que el culpable no hostigue a su víctima.

Ni hablar de los abusos sexuales que sufrieron cientos de mujeres en cárceles clandestinas en período de Dictadura, en cuyos casos no hay un sólo condenado por esa barbarie.