Columna de Juanita Rojas: ¿Quién paga después de los incendios?

Preguntarse lo anterior no es sólo válido, sino que indispensable si se pretende evitar repetir el fenómeno en el futuro.

Por JUANITA ROJAS /Foto: ARCHIVO ATON

En un territorio sometido permanentemente a todo tipo de embates de la naturaleza, Chile ha demostrado tener cierta resiliencia ante las catástrofes. Pero hay desastres que son evitables o, al menos, se puede impedir que alcancen la calidad de tales. Los incendios que han afectado al sur del país nos obligan a preguntarnos qué se está haciendo mal o, más bien, que no se está haciendo para impedir que el fuego crezca y se extienda con la capacidad destructiva que, al igual que en 2017, este año ha afectado a un amplio territorio del país.

Preguntarse lo anterior no es sólo válido, sino que indispensable si se pretende evitar repetir el fenómeno en el futuro. De allí que resulten destempladas las reacciones de las agrupaciones de grandes empresarios cuando el Presidente planteó que deberían revisarse las condiciones en que se desarrolla la actividad forestal en Chile y que era necesario conversar al respecto.

Las declaraciones del ministro de Agricultura, en el sentido de discutir la aplicación de algún tipo de impuesto a beneficio de los territorios donde se ubican las plantaciones –la verdad es que el ministro nunca usó la palabra royalty, esa calificación se la puso la prensa–, generó todo tipo de respuestas apresuradas aduciendo que la legislación nacional no contempla ese tipo de gravamen para la explotación de recursos renovables.

El asunto no es cuál sea el nombre del impuesto, lo relevante es que haya algún tipo de compensación para las regiones forestales que beneficie a sus habitantes. Es inexplicable, por ejemplo, que la Región de La Araucanía tenga los mayores niveles de pobreza del país y que allí se sitúen grandes empresas madereras.

Imposible desconocer que el cambio climático ha traído el alza significativa de las temperaturas veraniegas, más la correspondiente escasez hídrica. Es cierto también que, producto de lo anterior, el fuego ha provocado estragos en varios países de Europa, Oceanía y Norteamérica. Pero las autoridades de gobierno, los jefes y jefas comunales y los expertos coinciden en que casi todos los incendios son producto de la acción humana, ya sea por negligencia o por intencionalidad, y que su expansión depende en gran medida de las medidas de prevención y control que existan.

En nuestro caso, la actividad forestal de la zona afectada, con monocultivos de especies exógenas, altamente combustibles y que requieren de gran cantidad de agua para su desarrollo son una parte importante del problema. Y las medidas de control y mitigación para esas plantaciones son casi inexistentes.

El monocultivo de miles de hectáreas de pino y eucaliptus, cuya expansión ha dejado prácticamente sin agua a comunas rurales; la falta de regulación respecto a la distancia que deben tener estas plantaciones de zonas pobladas y de cultivos de alimentos, la no construcción de cortafuegos y la tala indiscriminada de bosque nativo (se calcula que desaparecen 27 mil hectáreas cada año en nuestro país), son responsabilidad de las empresas forestales. Y esos son aspectos que sí se deben discutir.

Los graves incendios que han afectado a cuatro regiones del país –desde El Maule hasta La Araucanía– han dejado más de 430 mil hectáreas de suelos arrasadas con una secuela de alrededor de 1.500 viviendas incendiadas, amplias zonas boscosas destruidas, numerosos suelos agrícolas inutilizados, más de seis mil animales muertos y, lo más lamentable, 24 personas fallecidas producto de los siniestros. Claro que, según el flamante fiscal nacional, las empresas forestales son las víctimas.

Más allá de las cifras, que en circunstancias como éstas siempre parecen frías, el hecho es que son miles de familias las que hoy han sufrido daños por estos siniestros, ya sea porque su casa fue destruida por las llamas o porque el fuego terminó con sus cosechas y animales.

Es cierto que miles de hectáreas de bosques de pinos y eucaliptus de propiedad de las empresas forestales también desaparecieron, lo que daña la actividad económica de los privados y del país en general, sin embargo, no se puede desconocer que estos últimos cuentan con seguros que les permite resarcir sus pérdidas.

Los pequeños agricultores, esas familias campesinas que se las arreglan con economías de subsistencia, no pueden decir lo mismo. Ellos son las verdaderas víctimas, aunque el fiscal nacional no se haya dado cuenta.