Contraloría detecta 1,5 billones en uso irregular del aparato estatal
La Contraloría General de la República advirtió fallas masivas en contratos, pagos y controles, dejando en evidencia una estructura pública fragmentada y vulnerable.
Las fallas afectan la transparencia, eficacia y legalidad del aparato estatal, según Contraloría. Foto: ARCHIVO (REFERENCIAL)
La Contraloría General de la República dio a conocer un demoledor balance anual, que reveló irregularidades por más de 1,5 billones de pesos.
El reporte, entregado al Congreso, se elaboró tras 792 acciones de fiscalización ejecutadas entre abril de 2024 y marzo de 2025. Se incluyen auditorías, exámenes financieros y revisiones normativas.
El monto exacto objetado asciende a un billón, 505 mil millones, 707 millones, 732.640 pesos. La cifra abarca falencias en procesos contables, pagos indebidos, convenios alterados y operaciones sin respaldo legal.
El informe destacó que muchas de estas anomalías se arrastran desde 2023 y años anteriores, lo que evidencia una débil rendición de cuentas. Además de una escasa acción correctiva por parte de los entes involucrados.
Pagos duplicados y contratos irregulares
Entre las cifras más significativas aparecen 359 mil millones de pesos en errores contables y presupuestarios. Otros 328 mil millones en contrataciones sin respaldo técnico y 316 mil millones en deficiencias de rendición de cuentas.
También se observaron 252 mil millones ligados a registros contables incompletos, conciliaciones inexistentes y saldos bancarios sin justificación.
Los auditores identificaron prácticas sistemáticas, como fraccionamiento de compras, omisión de licitaciones y modificaciones de convenios sin fundamento.
Y en muchos casos se obviaron garantías legales básicas, como pólizas de fiel cumplimiento o respaldo técnico para ampliar plazos y presupuestos.
Fondos extraviados
El sistema de rendición de cuentas aparece especialmente comprometido. En múltiples servicios se transfirieron recursos sin recibir antes la rendición de fondos anteriores. Y se detectaron pagos improcedentes por más de 57 mil millones de pesos.
El monto incluye desembolsos duplicados, sin respaldo documental o destinados a personas no habilitadas.
Además, más de 81 mil millones no ingresaron a arcas fiscales por errores de cálculo, omisión de cobros y nulas acciones de recuperación ante deudores.
Uno de los puntos más críticos del informe es la falta de consecuencias. En efecto, en muchos casos no se emprendieron sumarios administrativos ni se denunciaron los hechos al Ministerio Público. Tampoco se registraron los montos como deudas, lo que, según la Contraloría, bloquea cualquier intento de restitución.
El informe, de 233 páginas, jerarquizó las observaciones según su complejidad, frecuencia y gravedad. La Contraloría concluyó que el desorden en el uso de recursos públicos no responde a hechos aislados, sino a una falla estructural sostenida en el tiempo.
