Corte de Apelaciones rechaza resoluciones del juez Urrutia

El Tribunal concluye que el magistrado carecía de competencia para autorizar las llamadas telefónicas y las visitas conyugales de prisioneros vinculados al narcotráfico. El fallo involucra la posibilidad de que sea sancionado.

Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación deducido por Gendarmería en contra del juez Daniel Urrutia. De tal manera que dejó sin efecto las videollamadas telefónicas y las visitas conyugales a presos vinculados al crimen organizado autorizadas por el magistrado.

De acuerdo a la resolución, Urrutia “carecía por completo de facultades” para involucrarse en las solicitudes, pues ninguno de los reos estaba bajo su competencia.

En efecto, ninguna de las causas era tramitada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde ejerce Urrutia.

Por lo tanto, la Corte estimó que el juez debió limitarse a remitir las solicitudes a los juzgados correspondientes. Y en ningún caso autorizar que reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) pudiesen recibir visitas. El pasado 25 de enero, Urrutia autorizó las videollamadas para cuatro reos y la visita íntima para otro preso colombiano condenado a 15 años por narcotráfico.

“Tales decisiones fueron adoptadas de plano por el tribunal de primer grado, sin oír a los intervinientes, lo que resulta improcedente”, señala el fallo.

Por lo tanto, “se anula de oficio el fallo en revisión, en lo que respecta a los dos internos a quienes se les autorizaron visitas mediante la realización de videollamadas con terceros (…) invalidándose tales autorizaciones”, dice la séptima sala del tribunal, presidida por Lilian Leyton Varela e integrada por el ministro Tomás Gray Gariazzo y por el ministro (s) Fernando Valderrama.

Finaliza la Corte con una frase carente de misterio: “Sólo cabe concluir que la resolución impugnada se encuentra teñida de ilicitud”.

La Corte advierte que remitió los antecedentes al Pleno, lo que abre la posibilidad de sanciones administrativas contra Urrutia.