Corte Suprema revisará solicitud de remoción contra fiscal Cooper
El máximo tribunal fijó audiencia para el 21 de julio, tras la solicitud de remoción presentada por parlamentarios oficialistas en contra del fiscal regional de Coquimbo, apuntado por presuntas acciones con sesgo político.
El fiscal Patricio Cooper en el ojo del huracán / Foto: ARCHIVO
La Corte Suprema definió que el próximo lunes 21 de julio se realizará la audiencia pública para revisar la solicitud de destitución contra Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, quien ha sido duramente cuestionado por parlamentarios del oficialismo.
La petición fue ingresada el 24 de marzo, argumentando que Cooper habría incurrido en conductas que comprometerían la autonomía del Ministerio Público. Los reclamos surgen por su rol en investigaciones sensibles, como el caso Sierra Bella y los presuntos vínculos de Karol Cariola, donde se filtraron conversaciones privadas de figuras oficialistas.
En esa línea, la diputada Carmen Hertz acusó que el persecutor habría actuado con motivaciones políticas, utilizando su cargo para perjudicar a un sector en específico.
Caso ProCultura también suma cuestionamientos
El historial reciente de Cooper incluye su participación en el caso ProCultura, del cual fue apartado tras una resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La instancia determinó que los registros telefónicos realizados a Josefina Huneeus, ex esposa del fundador de la fundación, eran ilegales, vulnerando garantías constitucionales.
Texto adicional para complementar
Desde el entorno del fiscal Cooper han evitado pronunciarse públicamente respecto a las acusaciones, mientras diversas voces del mundo jurídico han advertido que la resolución de la Corte Suprema podría sentar un precedente en torno a los límites del actuar de los fiscales.
Además, fuentes cercanas al proceso confirmaron que la solicitud de remoción fue patrocinada por un equipo jurídico especializado, el mismo que anteriormente intervino en acciones contra otros persecutores por supuestas faltas a la probidad, lo que refuerza la tensión entre sectores políticos y el Ministerio Público en torno a los límites de la persecución penal.
