Corte suspende orden de entregar nombres de testigos a defensa del Tren de Aragua

El dictamen de la Corte de Apelaciones de Arica dejó sin efecto fallo de juez de garantía que permitió informar de las identidades.

Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO

Era más que obvio. Nadie había quedado indiferente, ni la Fiscalía, ni el Ministerio del Interior, ante la orden emanada por el juez Héctor Barraza de entregar los nombres de los testigos en la causa que se lleva contra el clan “Los Gallegos”, considerado el brazo operativo en Chile de la asociación delictual Tren de Aragua.

Sin embargo, este jueves la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de protección que presentó la Fiscalía, que lo confirmó en redes sociales: “Corte de Apelaciones dio lugar a orden no innovar que pidió @Fiscalia_Arica, en recurso de protección presentado en favor de testigos protegidos con identidad reservada en causa contra Los Gallegos”.

Y añadió, por la misma vía: “Esto suspende resolución de juez que ordenaba entregar sus nombres a defensas”.

Además, la resolución de la Corte de Apelaciones ariqueña indica que el juez Barraza despache un informe respecto de los “hechos expuestos en el recurso y el acto que se impugna” -en un plazo de cinco días-, “adjuntando todos los antecedentes”.

Y añade que “la parte que desee efectuar sus alegatos por vía remota mediante videoconferencia, deberá hacerlo hasta dos días antes de la vista de la causa, lo que no afectará el derecho de la contraria a alegar presencialmente”.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera había manifestado que en la institución estaban “absolutamente sorprendidos por la resolución del tribunal, que ordenó entregar el nombre de los testigos reservados a las defensas”

A su vez, el ministro de Justicia, Luis Cordero, había señalado que la decisión del juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, sobre revelar las identidades de los más de 50 testigos en la causa mencionada, es una “preocupación bien seria”.

“Ésta no es una investigación cualquiera, ésta es una investigación de crimen organizado que es extremadamente compleja, donde es muy relevante los testimonios y la intervención de la policía en su interior”, expresó el secretario de Estado. “Y lo que sucedió ayer es lo suficientemente grave, no solo para que el Ministerio del Interior, sino que también el Ministerio Público ha interpuesto queja y recurso de protección”, acotó.

También la ministra de Interior, Carolina Tohá, se había referido a la decisión del juez Barraza indicando que el Giobierno presentaría un recurso para que se establezca la nulidad procesal de esta decisión y, además, otro recurso de protección en auxilio de las personas afectadas por la decisión. “El Ministerio Público hará sus propias gestiones, pero como Ejecutivo, desde el Ministerio del Interior, estamos emprendiendo estas dos acciones que buscan revertir esta decisión”, explicó Tohá.

La secretaria de Estado aseguró en la oportunidad que “da una máxima preocupación para quienes trabajan día a día en combatir el crimen organizado, esta decisión es como un balde de agua fría. Son investigaciones complejas donde se está persiguiendo grupos criminales muy violentos y donde la legislación requiere entregar condiciones de protección a quienes actúan como testigos en estos casos”.