Cuatro ex agentes de la DINA se encuentran prófugos de la justicia

Fueron condenados por crímenes de integrantes de la directiva clandestina del Partido Comunista (PC).

Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO

Cuatro ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) se encuentran prófugos de la justicia tras ser condenados de manera definitiva por la Corte Suprema, por la participación en secuestros de cinco integrantes de la directiva clandestina del PC, ocurridos en 1976, en el marco del episodio Conferencia II (foto principal).

Se trata de los ex militares Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme y José Miguel Meza Serrano, condenados a doce años de prisión como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro y Héctor Véliz; y a la pena de 3 años como coautores de los secuestros simples de Fernando Ortiz, Horacio Cepeda y Lincoyán Berríos.

El cuarto prófugo es Víctor Manuel Álvarez Droguett, a quien, junto con ser condenado a las mismas penas mencionadas anteriormente, se le suman 15 años y 1 día por ser coautor de los homicidios calificados de Fernando Ortiz, Horacio Cepeda y Lincoyán Berríos.

El ministro en visita Guillermo de la Barra ya despachó las órdenes judiciales para la búsqueda y aprehensión de los prófugos, aplicando los protocoles de captura internacional.

En junio, la Sala Penal del máximo tribunal dictó un fallo histórico condenando a 37 ex agentes y miembros de la Brigada Lautaro, por el secuestro y homicidio de miembros de la segunda directiva clandestina del Partido Comunista, hecha desaparecer en 1976.

Francisco Ugás Tapia, del estudio jurídico Caucoto Abogados, quien representa a las familias de las víctimas señaladas, enfatizó: “Es de una extrema gravedad que criminales de lesa humanidad estén eludiendo la acción de la Justicia, la que en un proceso previo y legalmente tramitado determinó los hechos que les imputaron, las responsabilidades que les asisten y las sanciones penales que les corresponden cumplir, por los crímenes perpetrados”.

El abogado continuó: “El Estado de Chile debe extremar sus esfuerzos para que estos sujetos sean aprehendidos y puestos a disposición de la Judicatura, porque este Estado tiene la obligación de asegurar el oportuno, debido y total cumplimiento de las penas que se han impuesto a estos sujetos”.

Del total de condenados en este proceso, 15 ya cumplen su encierro en Colina I. Mientras que aún está pendiente notificar de esta sentencia a otros 18 internos, recluidos en el penal Punta Peuco.