Columna de Juanita Rojas: El costo de gobernar desprolijamente

Más allá de la concesión de los indultos y la innegable validez legal de la medida, y obviando las declaraciones presidenciales poco oportunas sobre el caso Mateluna, el punto es la sucesión de errores y malas explicaciones para llevar a cabo el procedimiento. A estas alturas, claramente los que debían estar en la lista de indultados no eran todos los que finalmente estuvieron.

Por JUANITA ROJAS / Foto: PRESIDENCIA

Cuando la mayor parte de la población se preparaba para celebrar con abrazos el fin del año 2022, los chilenos se informaron, el 30 de diciembre pasado, de la decisión presidencial de indultar a un grupo de once personas, diez de ellos condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social, más el ex frentista Jorge Mateluna. Ese mismo día se comunicó que, por un error del Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Justicia, no se habían incluido dos nombres y que los beneficiarios eran trece. Renuncia de la encargada de comunicaciones del Ministerio de Justicia y el asunto parecía cerrado… hasta que se supo que no se trataba en un error en la lista de nombres entregado a la prensa, sino que efectivamente no se había incluido a otras dos personas, para quienes se dictaron los decretos  al día siguiente.

Sobre Jorge Mateluna y la serie de irregularidades de la investigación y el proceso que lo llevó a ser condenado a 16 años de prisión (ya cumplió más de ocho) por su supuesta participación en un asalto bancario en 2013, se podría escribir un libro. Al menos ya hay una obra de teatro y más de un análisis experto indicando que hubo vicios en el juicio, mal que le pese a la Corte Suprema. Porque si bien es cierto es poco apropiado que el Presidente de la República cuestione públicamente un fallo de esa instancia judicial, nada ni nadie puede impedir que los simples ciudadanos tengamos una opinión sobre la materia. Los señores supremos se equivocan, cometen errores como todo mortal y ni el actual papa Francisco postula la infalibilidad de algún humano.

Más allá de la concesión de los indultos y la innegable validez legal de la medida, y obviando las declaraciones presidenciales poco oportunas sobre el caso Mateluna, el punto es la sucesión de errores y malas explicaciones para llevar a cabo el procedimiento. A estas alturas, claramente los que debían estar en la lista de indultados no eran todos los que finalmente estuvieron. Pero la prerrogativa de conceder indultos a reos condenados por diversos motivos es del Presidente de la República, en este caso el Presidente Boric, y nadie puede pretender desconocer esa atribución. Misma que han utilizado, por lo demás, todos sus antecesores sin que se desataran vendavales de críticas, vestiduras rasgadas o amenazas de acusación constitucional. Más aún, si la entrega de este beneficio a los llamados presos de la revuelta fue compromiso de campaña del actual mandatario.

El problema es que una serie de gazapos inexcusables del propio equipo gobernante, desprolijidades han dicho en La Moneda, han dado pie al envalentonamiento de la derecha, que ha puesto en marcha toda su estrategia de demolición del actual gobierno. Quizá motivados por los acontecimientos de Brasil durante el fin de semana, han continuado con la presentación de acusaciones constitucionales –una contra el ministro Giorgio Jackson y otra contra la ahora ex ministra de  Justicia, Marcela Ríos– y amenazan con ir tras el propio Primer Mandatario si no revierte los indultos concedidos.

El Gobierno ha pagado el costo de la falta de acuciosidad y de criterio político con la salida de la ex ministra Ríos, del jefe de gabinete del presidente Boric y con el empantanamiento de lo que debía ser el mayor logro estos primeros meses: el Acuerdo Transversal por la Seguridad. La historia dirá quiénes son los verdaderos responsables del estropicio. No cabe extrañarse, en todo caso, del endurecimiento de la derecha, porque se les ha entregado un escenario propicio, por culpa de las desprolijidades de unos cuantos.

De allí a aceptar que se dejen sin efecto los indultos, como algunos opositores pretenden, hay un largo trecho político y jurídico. Políticamente sería inexcusable ante una parte importante de la alianza de gobierno y jurídicamente inviable, según señalan varios expertos, ya que el acto administrativo fue realizado y al dictarlo los beneficiados adquirieron ciertos derechos que no pueden ser conculcados a través de un simple decreto de retracto.  

El equipo gobernante ha sufrido una dura lección: los errores en el poder siempre tienen costos.