El emblemático caso de Deportes Puerto Montt

Deportes Puerto Montt, club integrante de la Primera B del fútbol nacional, transita por una situación que parece insostenible. Sin embargo, su caso es sólo una pequeña muestra de que el fútbol chileno se sigue manejando a su entero arbitrio, sin rendirle cuentas a nadie y manteniéndose como una “caja negra” guardadora de secretos que todos sospechan pero que nadie, al parecer, se atreve a desentrañar.

En un lapso breve, la entidad portomontina ha debido experimentar un contraste tras otro. A la investigación que sigue la Fiscalía por el misterioso destino de 500 mil dólares repartidos por Jadue en el año 2013 a todos los clubes del fútbol nacional, y que a Deportes Puerto Montt nunca llegaron, según sus regentes, se suman una multa de UF 100 aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros por la no entrega de balances y la acogida que dio el TER (Tribunal Electoral Regional) a un reclamo acerca de la validez y legitimidad de la elección de directorio realizada aproximadamente hace dos semanas, y que concluyó con la ratificación de Julio Aguilar como presidente, tras actuar unos meses como interino.

Como si todo ello fuera poco, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, presidida por la jueza Teresa Inés Mora, e integrada además por el ministro suplente Juan Patricio Rondini y el abogado integrante Pedro Campos, acogió el recurso de protección interpuesto por el comunicador Víctor Cañas en contra de una arbitraria medida del directorio del club, que le prohibía el acceso al Estadio Chinquihue cuando jugara en el recinto Deportes Puerto Montt.

Por voto unánime, la Corte consideró que se estaban vulnerando en contra de Cañas derechos constitucionales básicos, anulando la arbitraria y abusiva medida.

El caso de Deportes Puerto Montt, sin embargo, es sólo la punta del iceberg. Una pequeña muestra de que el fútbol chileno, convertido por la fuerza en un sistema de Sociedades Anónimas Deportivas, para nada se basa en la transparencia tan voceada que se nos prometió cuando se trató de aplicarlo.

A diez años de su implantación, que partió con las irregulares e ilegales quiebras de Colo Colo y Universidad de Chile, el sistema destaca por todo lo contrario: nunca el fútbol chileno había presenciado un escándalo mayor, con un presidente fugado a Estados Unidos, miles de millones de pesos evaporados como por arte de magia y regentes de clubes que han hecho de la marrullería, la trampa y el engaño, una actitud de vida. Tipos que, de cómplices activos o pasivos del mayor desfalco del fútbol en toda su historia, pasaron a transformarse en blancas palomas y siguen enquistados en una actividad que, todo indica, así como está ya no da para más.

Porque, ¿qué se puede esperar de los clubes si la entidad que los rige, es decir, la ANFP, mantiene abiertos a la crítica prácticamente los mismos flancos que podía exhibir la censurable y deleznable administración anterior?

Ocurre que una grave denuncia de Ciper Chile, publicada el 22 de diciembre, no ha merecido, hasta ahora, ningún comentario, ningún desmentido de la ANFP. ¿Qué dice esa crónica, en lo medular? Que, a un año de la llegada a la presidencia del organismo por parte de Arturo Salah, las cuentas de la Copa América de 2015, realizada en nuestro país, siguen sin ser aclaradas. Que de ese evento hay $ 1.850 millones perdidos y cerca de $ 11 mil millones de utilidades no declaradas que, obviamente, no han pagado ningún impuesto. Que –agrega Ciper Chile- la ANFP publicó su memoria y balance de 2015 sin hacer ni la más mínima mención al descalabro que produjo la delincuencial gestión de Jadue, porque los auditores simplemente dejaron fuera del documento las cuentas de la Copa América.

Sí señala que cuantificaron la deuda de los clubes con el organismo y la fijaron en $ 11.100 millones a diciembre de 2014, pero que sólo cuatro instituciones, de las varias que están involucradas en estos préstamos irregulares, se dignaron a dar respuesta al motivo que provocó la solicitud y a ofrecer una puerta de salida a tales acreencias.

¿Puede llamar la atención la frescura y displicencia de Deportes Puerto Montt, si la propia directiva del fútbol nacional, más allá de cambios cosméticos, sigue ofreciendo motivos para la duda de la fe pública?

Por lo menos en este país hubo un organismo que, al parecer, se hartó: la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante el Oficio Reservado N° 153, de fecha 4 de marzo de 2016, decidió aplicarle a Deportes Puerto Montt una multa de UF 100, equivalentes al 28 de diciembre a $ 2.634.543. ¿Razón? Presentó fuera de plazo los balances de 2013 y 2014, del mismo modo que los informes trimestrales correspondientes al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2014, y los informes trimestrales de 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2015.

En palabras del servicio, “Deportes Puerto Montt infringió sucesiva y reiteradamente tanto la letra A.1 del punto 2.1 como el punto 2.2 de la Norma de Carácter General de 13 de septiembre de 2006”, y a la cual deben atenerse las instituciones deportivas del país que tengan el carácter de Sociedades Anónimas Deportivas.

Y este caso presenta una sorpresa doble. La primera, que Deportes Puerto Montt haya decidido saltarse claras disposiciones legales que para el fútbol tienen más de diez años de vigencia. La segunda, que hasta ahora se tenía entendido que la entidad “salmonera” era una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, cuestión que ahora se sabe no es del todo así, toda vez que maneja lo que se llama un Fondo del Deporte.

En otras palabras, el club portomontino es Sociedad Anónima cuando le conviene y, del mismo modo, una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro cuando ve que también puede obtener beneficios de esta figura. ¿Ejemplos? Un arriendo preferencial del estadio Chinquihue, de administración municipal, y el propio apoyo económico del municipio, que al parecer después de este fallo de la SVS tendrá que hacer una profunda revisión de los montos entregados. No puede ser que una Municipalidad, cualquiera sea esta, esté resignando recursos que pertenecen en último término a la ciudadanía para ayudar a engordar un negocio de privados.

Es más: trascendió que el club no ha pagado un peso por el arriendo del recinto en los últimos tres años, ni tampoco por el arriendo de la sede que ocupa, ambos de propiedad municipal. La acreencia, según dicen, sería cercana a los 40 millones de pesos.

Frente a esta clara irregularidad cometida por Deportes Puerto Montt, agravada por el hecho de que el Oficio Reservado N° 153 , de fecha 4 de marzo de 2016, no hubiera sido respondido, el 10 de agosto de este año la Superintendencia de Valores y Seguros, a través de la Resolución Exenta N° 3127, comunicó al club la multa de UF 100.

Recién entonces, la directiva de Deportes Puerto Montt decidió tomar en serio el asunto. El 18 de agosto de 2016, apeló ante la SVS, mediante un recurso de reposición del artículo 45 del Decreto Ley N° 3.538 de 1980, Ley Orgánica de la SVS, contra el Oficio de Cargos y contra la Resolución Exenta N° 3127.

Sin embargo, sus argumentos fueron tan débiles e insostenibles, que la Superintendencia, tras estudiarlos y analizarlos, determinó, a través de la Resolución Exenta N° 3390, del 25 de agosto, rechazarlos y mantener a firme la multa aplicada.

¿Cuáles fueron los argumentos presentados por Deportes Puerto Montt?

Acerca de por qué no había respondido al Oficio Reservado N° 153, de marzo, el club señaló que “como la secretaria del club estaba con licencia médica, el sobre enviado por la SVS sólo se abrió cuando retornó a sus labores la persona encargada”. Agregó que el club transita por serios problemas económicos, derivados del pago de UF 25.000 que debió hacer a la ANFP por su derecho de militar nuevamente en el campeonato de Primera B.

Acerca del envío fuera de plazo del balance correspondiente el año 2013, por ejemplo, los dirigentes argumentaron que “ello había ocurrido debido a que la secretaria del club estaba con permiso pre natal”. Sobre los constantes atrasos en los envíos de los informes trimestrales del año 2014, Deportes Puerto Montt adujo que ello se debió a una descoordinación producida por el cambio de directorio del club, el que a su vez cambió al contador.

Parecidos argumentos se utilizaron respecto de los informes trimestrales de 2015.

Cabe señalar que en el ejercicio del año 2013 habría correspondido señalar el por qué Deportes Puerto Montt nunca recibió el aporte de 500 mil dólares, graciosa donación de Jadue y su directorio, que sí recibieron los restante 31 clubes. ¿O porque sí efectivamente los recibió es que la regencia optó por enviar recién su memoria anual a la SVS el 26 de agosto del año siguiente, cuando la polvareda que provocó el misterioso caso ya se había en cierta medida diluido?

Las dudas, en este caso específico, siguen siendo muchas. En manos del fiscal Carlos Gajardo está el dilucidar el destino final de ese medio millón de dólares que se esfumaron nadie sabe cómo.

A este respecto, sin embargo, no se puede ser muy optimista. Trascendió que el fiscal Gajardo es poco lo que ha podido avanzar para desentrañar la espesa madeja de irregularidades que dejó la gestión Jadue porque, entre otras cosas, al Servicio de Impuestos Internos le da una terrible lata meterse con el fútbol y, en cuanto al Ministerio de Justicia, nada ha hecho luego de la bravuconada de quitarle a la ANFP su Personalidad Jurídica.

Respecto de la elección del nuevo directorio, Deportes Puerto Montt recibió otro severo golpe, luego que el Tribunal Electoral Regional acogiera un reclamo acerca de la legitimidad y validez de dicho acto. ¿Qué se objeta? Que la votación haya sido a “mano alzada”, facilitando de esa forma la participación de cualquiera, haya tenido o no la condición de socio. Es decir, se trató de una elección sin ningún tipo de registro electoral, un chiste de mal gusto, como las “consultas” que pretendidamente se le hacían a la ciudadanía durante la dictadura cívico-militar, de triste recuerdo.

Es más: según se ha sabido, en la elección del nuevo presidente, Julio Aguilar, hasta ahora sólo interino, le cupo un papel decisivo a una treintena de integrantes de la “barra brava” del club, tipos empadronados de acuerdo a la Ley de Estadio Seguro, el organismo chanta que inventó Piñera para darle una pega bien remunerada a un gañán llamado Cristián Barra, reconocido operador político de la derecha en la zona sur.

Y los dirigentes saben de sobra que cualquier vínculo entre ellos y los barristas se considera fuera de la ley.

El TER tiene 30 días para resolver acerca de esta impugnación. Sin embargo, se supo que Julio Aguilar, presidente, ya andaría “abriendo el paraguas”. A una radioemisora de la ciudad le declaró que “esto nos ata completamente de manos para seguir trabajando en beneficio del club”.

El momento de Deportes Puerto Montt, como se aprecia, no puede ser peor. A mediados de año, por ejemplo, trascendió el reclamo del plantel portomontino, que en un traslado a disputar un encuentro oficial, en bus, tuvo que hacer un alto en un servicentro para servirse un sándwich denominado pretenciosamente como “cena”.

Sin embargo, el caso de la entidad portomontina es sólo una pequeña muestra de la podredumbre que el fútbol nacional esconde bajo la alfombra de los dos títulos subcontinentales conseguidos por la Selección Chilena.

Se sabe que existen infinidad de clubes con agudos problemas económicos que sólo esperan que la venta del Canal del Fútbol fructifique pronto para hacerse de los 2 millones de dólares que percibirían como primera cuota del negocio las 32 instituciones, tanto de Primera como de Primera B. La duda es si esos cuantiosos recursos serán utilizados en sacar del hoyo a sus respectivos clubes o, por el contrario, los regentes se los van a llevar para la casa tras llegar a la conclusión de que el fútbol dejó de un día para otro de interesarles.

Ni hablar de la Segunda División, que profesional y todo, no recibe un peso de parte de la ANFP y debe rascarse con sus propias uñas.

Ya explotó el caso de Lota Schwager, técnicamente quebrado y que, siguiendo el criterio de la ANFP respecto de Deportes Ovalle, debiera ser bajado de inmediato de categoría, tal y como le sucedió a la entidad nortina, hoy militante de Tercera División.

¿O en este caso, y tal como en los tiempos de Sergio Jadue, la ANFP va a tener un doble standard?