“El Estado de Chile la mató”, dice hermano de la detective Valeria Vivanco

Según su percepción, el aparato estatal permite que en la PDI se produzcan delitos y corrupción. Mientras, la madre de la víctima quedó devastada tras conocer la condena contra el asesino: “Él estará con suerte 10 años en prisión; a nosotros nos condenan a cadena perpetua…”.

Por ANDRÉS ALBURQUERQUE F.  / Fotos: ARCHIVO

Luego de que el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenara al suspendido detective Leonel Alejandro Contreras Canales (foto principal) a 12 años de cárcel efectiva por el homicidio de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI) Valeria Vivanco Caru, sus padres, Miguel y Jacqueline, y sus hermanos, Miguel Ángel y Daniela, visitaron la tumba de la joven en el cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba.

Estaban dolidos por una sentencia que “no hace justicia”, pero a la vez aliviados porque esta etapa del juicio finaliza y se llega a castigar “a uno de los culpables. Porque aquí el otro gran culpable es el Estado de Chile. El Estado mató a mi hermana por permitir que en la PDI se produzcan tantos delitos, irregularidades, corrupción…”, dice el hermano de la víctima, Miguel Ángel Vivanco.

Su madre, Jacqueline Caru, está devastada: “La condena es ridícula. Acá se rieron de nosotros. Él va a salir en 10 años y tal vez en siete. Vivirá, respirará toda su vida. Podrá ver a su familia. A él lo condenan a 12 años, pero nosotros recibimos cadena perpetua…”.

Miguel Ángel agrega: “Nosotros a ella no la tenemos, tenemos que venir a verla al cementerio. No alcanzó a ser madre, que era uno de sus sueños. El asesino, en cambio, quien estos dos años ha estado arrestado en el cuartel de la PDI en calle Borgoño, hace poco embarazó a su polola y ahora será padre”.

La subinspectora Valeria Vivanco, de 25 años, fue asesinada en medio de un operativo policial efectuado a eso de las 15:30 horas del 13 de junio de 2021, en la calle Santo Tomás, límite entre las comunas de La Granja y La Pintana, al sur de Santiago.

En el expediente se habla de un Kia Morning, pero en la reconstitución de escena se utilizó un Chevrolet Spark.

Los detectives encontraron sospechoso un Kia Morning gris (aunque en la reconstitución de escena se utilizó un Chevrolet Spark del mismo color) en el que viajaban Miguel Alejandro Caniupán Calabrano, de 19 años, y un adolescente de 17, por lo que las subinspectoras Vivanco Caru y María Norambuena Urra y el imputado, Leonel Contreras, se acercaron al vehículo, mientras el subcomisario Felipe Gallardo vigilaba a la distancia, en la puerta de la patrulla.

En un momento, Valeria Vivanco recibe un impacto de bala y, debido a la gravedad de su herida, es trasladada de urgencia al hospital Padre Hurtado, distante unas ocho cuadras del lugar, donde falleció.

Caniupán Calabrano y el muchacho que lo acompañaba fueron arrestados y, en cuestión de horas, llevados ante la Justicia, formalizados, y estuvieron dos meses en prisión preventiva antes de que la PDI “detectara” que había una falla en la investigación.

Y no se trataba de una falla cualquiera: era una falla garrafal. Según peritajes balísticos, el proyectil que mató a la detective provenía de una pistola Jericho de 9 milímetros, marca de origen israelí y que en ese tiempo usaba la PDI (luego cambió por Glock austriacas).

Y había más: uno de los detectives le había disparado, porque hasta ese momento se daba por cierto que la subinspectora había recibido un disparo en el pecho (era lo que arrojaba el informe del hospital), pero la verdad era que le habían disparado por la espalda.

Miguel Ángel Vivanco recuerda: “En el hospital no nos dieron ninguna información. Ni siquiera nos dejaron vestir el cadáver de mi hermana. No pudimos verla ni tocarla, porque desde ese momento los detectives comenzaron a hacer un montaje para culpar a los muchachos que habían detenido. No sabemos cuál fue la intención, porque en este crimen la Fiscalía jamás investigó qué llevó a Contreras a matar a Valeria”.

La familia apunta al jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, prefecto inspector Jorge Márquez, quien tras conocerse la verdad del caso, fue destituido de su cargo en agosto de 2021, y enviado a realizar “labores administrativas”.

“Él entorpeció la investigación e impuso un pacto de silencio entre sus subalternos. Nos ocultaron información, nos mintieron. Presentaron peritajes balísticos falsos, peritaje del Servicio Médico Legal falso, peritaje audiovisual falso… Errores que no parecen errores”, dice el hermano de la víctima.

Curiosamente, el inspector Márquez fue el mismo detective que llevó la investigación del caso por el asesinato de Viviana Haeger, mujer que en junio de 2010 estuvo desaparecida 42 días y que finalmente fue hallada en el entretecho de su vivienda en Puerto Varas.

Por entonces, Márquez era jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt (cargo en el que estuvo seis años). Él interrogó al esposo de la víctima, Jaime Anguita, tras la desaparición de la señora Haeger, y fue uno de los que entró a la buhardilla donde estaba el cadáver, pero… ¡no vio el cuerpo!

Tras la realización de un sumario administrativo que determinó su responsabilidad y la de otros cinco policías por “errores administrativos en la investigación del caso al haber sido negligentes en las diligencias de inspección y trabajo en el sitio del suceso”, Márquez fue sancionado (pero no tan severamente, porque ya en 2015 era el jefe de la Brigada de Homicidios en Los Ángeles).

Lo que resulta un misterio es cómo ese tipo de funcionario policial pudo superar esa manchada hoja de vida profesional para, apenas unos años más tarde, trepar tan alto como para asumir como jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

El prefecto inspector Jorge Márquez, dos veces castigado por la PDI.