El fútbol está siendo investigado como Cartel

El 19 de junio de 2017 –lunes, para más señas- fue un día especial para Sebastián Cadenas Benelli. Después de años de desempeñarse como jugador amateur, defendiendo los colores del Lautaro de Buin, cumplía un sueño largamente acariciado: actuar profesionalmente, recibiendo una remuneración más bien modesta para los parámetros del fútbol actual que, sin embargo, igual le cambiaría la vida. Ese día, Cadenas Benelli estampó la firma por un sueldo de $ 650 mil pesos líquidos que él, como todo muchacho joven y pletórico de ilusiones, pensó podría incrementar en el futuro si desarrollaba en buen nivel sus reconocidas aptitudes.
Unión San Felipe, militante de la Primera B del fútbol nacional, fue el club que se fijó en el humilde y prometedor muchacho habitante de la comuna de Cerro Navia. Y Sebastián Cadenas Benelli, naturalmente, no cabía en sí de alegría por ese salto profesional que había dado y por esa noticia que corrió rauda de boca en boca entre los vecinos de su sector, el Pasaje Maule, felices de saber de la felicidad “de este cabro que siempre pintó para bueno”.
El le contaba a quien quisiera escucharlo que “cuando me soplaron que había un club profesional interesado en mis servicios conseguí que el Club Social y Deportivo Lautaro de Buin me concediera la libertad de acción, cosa de la que por supuesto les quedé muy agradecido. El 29 de mayo de 2017, tuve en mis manos el documento que me permitía entrar a discutir las condiciones de mi contrato con Unión San Felipe”.
Un balde de agua fría
Sin embargo, la explicable alegría de Sebastián Cadenas duró poco. La ANFP, sin invocar vicio ni impedimento reglamentario alguno, se negó a registrarlo como jugador profesional, impidiéndole, de esa forma, actuar como jugador de la institución aconcagüina. ¿Qué adujo el cada vez más cuestionado organismo del fútbol? La existencia de un acuerdo entre la dirigencia de la ANFP y de la ANFA en orden a restringir a los jugadores que militen en clubes que participen en el Campeonato de Tercera División, organizado por ANFA. La posibilidad de emigrar a otra categoría y ser registrados por un club profesional quedaba circunscrita sólo al período comprendido entre el 19 de diciembre de 2016 y el 21 de abril de 2017.
El mencionado acuerdo ANFP-ANFA quedó refrendado en el oficio número 8679 del 6 de septiembre de 2016.
Cadenas Benelli, como era de esperarse frente a este abuso flagrante, decidió acudir a los Tribunales, para interponer un recurso de protección. Escrito que señala en su parte medular que “los hechos descritos constituyen actuaciones arbitrarias de la ANFP, por infundadas y sobre todo por discriminatorias y vulneratorias de mis derechos constitucionales y legales. Se establece, en forma arbitraria y sin la aprobación del Consejo de Presidentes, un período de inscripción sólo aplicable a jugadores que provienen de la Tercera División ANFA de Chile, no aplicable a ningún otro jugador, lo que contraría las normas de la FIFA, de la propia ANFP y las bases del campeonato que está por comenzar”.
El escrito es aún más clarificador, al señalar que “hace imposible que un jugador de Tercera División pueda ser contratado por un club profesional, pues de aplicarse plenamente redundaría en que el plazo para su registro vencería antes del inicio del plazo en que los clubes profesionales pueden registrar jugadores”.
Agrega: “El referido acuerdo entre los directorios de la ANFP y la ANFA es, además, contrario a la letra y espíritu de la legislación constitucional y laboral chilena, desde el momento que limita, en forma clara y abierta, la libertad de trabajo, estableciendo limitaciones y requisitos discriminatorios para jugadores provenientes de una división, impidiéndoles la posibilidad a aspirar a ser jugadores profesionales en el momento y la oportunidad en que ellos quieran y puedan”.
Decisión doblemente abusiva
Cadenas Benelli señala que, en su situación particular, la medida de la ANFP de negarse a registrar su contrato es más abusiva aún, toda vez que, como explica “ese acuerdo no me puede ser aplicable, toda vez que firmé por Unión San Felipe como jugador libre, puesto que al momento de la firma tenía en mi poder la carta de libertad de acción emitida por mi anterior club. En estricto rigor, no puedo ser considerado un jugador proveniente de la Tercera División”.
De conformidad a los Estatutos y Reglamentos de la ANFP y las Bases del Campeonato 2017 Transición de Primera División B del Futbol Profesional Chileno, aprobadas por el Consejo de Presidentes de la ANFP, en estos momentos se encuentra abierto el período largo de inscripción de jugadores por los clubes integrantes de la Primera División B de la ANFP, tal como lo establece expresamente el Título III relativo a las Inscripciones y Habilitaciones de las Bases Campeonato Nacional Primera B Temporada 2017, en especial el artículo 7° que, entre otros puntos, dispone que los clubes para la habilitación de sus jugadores deberán presentar para cada uno de ellos la “Solicitud de Inscripción” acompañando: (a) el respectivo Contrato Individual de Trabajo; y (b) un certificado médico con una completa evaluación general con especial mención a la condición cardiovascular y traumatológica, que demuestre que el jugador tiene las condiciones de salud idóneas para la práctica del fútbol profesional.
Agrega el artículo 15° de las Bases de campeonato recién citadas que el plazo de inscripción de jugadores vence a las 18:00 horas del día hábil anterior al inicio de la tercera fecha del Campeonato Loto, Temporada 2017, Torneo Transición, y este Torneo, de acuerdo a lo informado por la propia ANFP, comenzará el día sábado 15 de julio de 2017. De este modo, resulta evidente que el período de inscripción de jugadores se encuentra absolutamente abierto y vigente. Esto último es un hecho público y notorio, reconocido y ejercido por todos los clubes de la ANFP que diariamente producen noticias en la prensa con la contratación y registro de nuevos jugadores, incluido el propio Unión San Felipe”.
Es también claro que los períodos de registro de jugadores no son de libre o discrecional fijación por el Directorio de la ANFP, sino que deben sujetarse a las normas de la FIFA, a los Estatutos y Reglamentos de la ANFP y a las Bases de Campeonatos aprobadas por el Consejo de Presidentes de la ANFP, y que el Directorio no puede desconocer o modificar en forma arbitraria e inconsulta.
Vulneración de derechos constitucionales
A juicio del escrito, “los actos recurridos vulneran lo establecido en el artículo 19 Nº 2º de la Constitución Política del Estado, que garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley, pues a nuestro juicio se nos da un trato discriminatorio en relación con los demás jugadores, con mi misma calificación, cuyos contratos de trabajo con otros clubes o con el mismo Club Deportivo Unión San Felipe SADP sí han sido admitidos en estos días para su registro por la ANFP y si han quedado habilitados para jugar”.
Agrega:
“Se incumple, además, con lo dispuesto en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política del Estado, pues a consecuencia de una decisión infundada adoptada por la ANFP se vulnera mi libertad de trabajo y su protección, desconociendo que tengo derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. En otras palabras, se ha establecido acá una discriminación que no se basa en mi capacidad o idoneidad personal, sino que en una decisión injustificada, arbitraria y abiertamente violatoria de los reglamentos y bases que el Directorio de la ANFP debía respetar”.
Termina señalando el recurso de protección interpuesto por Sebastián Cadenas que “el artículo 20 de la Constitución Política me concede el derecho de recurrir ante VSI, a fin de que se adopten de inmediato las providencias pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de mis derechos vulnerados o amenazados, disponiendo que la ANFP debe registrar mi contrato de trabajo de futbolista profesional con el Club Deportivo Unión San Felipe SADP en el registro general de jugadores profesionales que lleva dicha institución, habilitándome para ser elegido para disputar los campeonatos que dispute dicho club hasta el término de la temporada 2020 organizada por la ANFP, dejando sin efecto su negativa por vulnerar mis derechos constitucionales recién referidos”.
La ANFP, desde la llegada del nuevo directorio encabezado por Arturo Salah, exhibe el poco alentador récord de haber perdido todos los juicios que se le han incoado por parte de ex funcionarios, a un costo ciertamente millonario para el fútbol. Y todo indica que este recurso de protección tendría que ser acogido en todas sus partes.
El problema de fondo es que esta abusiva decisión de la ANFP en contra de un jugador amateur que sueña con ser profesional no es en ningún caso una medida excepcional ni menos aislada.
La ANFP funciona como un enclave
La ANFP, que hizo lo que quiso con la probidad en el negro período encabezado por Sergio Jadue; que evadió groseramente millonarios impuestos y que recurrió a todas las martingalas habidas y por haber para engañar y defraudar al Estado, al Fisco o a los municipios, al parecer sigue haciendo lo que se le viene en gana sin que ninguno de los organismos competentes y correspondientes adopte las medidas del caso.
El ministerio del Deporte, a causa de una oportuna y ciertamente mañosa disposición incluida en la Ley del Deporte, carece de cualquier autoridad para meter mano en el fútbol profesional. Pero, claramente, no es el caso del Ministerio de Justicia, de Impuestos Internos y de la Superintendencia de Valores y Seguros que, sin embargo, debiendo intervenir, o al menos inquietarse, miran para el techo cada vez que la ANFP opera y adopta decisiones claramente arbitrarias, abusivas y que hasta chocan con la legalidad vigente.
¿Se han preguntado estos organismos cómo es que el fútbol pretende traspasar ese millonario monopolio denominado Canal del Fútbol que es fruto exclusivo de las fraudulentas quiebras decretadas a Colo Colo y Universidad de Chile para expropiarles sus derechos de imagen que ambas instituciones con tanto celo defendían?
¿El Ministerio de Justicia nada tiene que decir acerca de la última martingala de la dirigencia de la ANFP, que pretende ahora cobrar sueldos bajo la figura de “honorarios” luego que la propia cartera determinó que los emolumentos cobrados por Jadue y sus cómplices eran total y absolutamente ilegales?
¿El Servicio de Impuestos Internos sigue impávido ante la permanente evasión de impuestos que lleva a cabo el fútbol destinando supuestamente todos los dineros percibidos, o gran parte de ellos, al Fútbol Joven de las diferentes instituciones? Los funcionarios del SII, tan diligentes en otros casos, ¿todavía no se dan cuenta que les han estado metiendo impunemente el dedo en la boca desde que se implantó este nefasto y corrupto sistema de Sociedades Anónimas Deportivas?
¿No llama la atención el que, según ha trascendido, para solucionar el problema de los premios a los jugadores de la Roja se les está ofreciendo que “boleteen”? ¿Qué es la ANFP? ¿Una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro o un organismo de claro corte mercantil?
¿Qué dicen los organismos deportivos, incluido por cierto en el concepto el fútbol, por el hecho de que la ANFP haya diseñado las bases del Campeonato de Segunda División sin la presencia de ningún representante de esta serie? ¿Dónde se ha visto alguna vez algo así, sobre todo considerando que esta serie no recibe ni un solo peso de lo que generan la Selección Nacional y el Canal del Fútbol? ¿Mediante qué criterio se les impone a los clubes de este campeonato el tope de 23 años para sus jugadores, en circunstancias que eso significa le cesantía de aproximadamente 500 futbolistas, incluidos entre ellos algunos extranjeros con contrato hoy vigente? ¿Piensa responder la ANFP con sus recursos respecto de finiquitos e indemnizaciones?
¿Verdadera preocupación o sólo burdo show?
Los únicos entes al parecer preocupados por este enclave que es el fútbol en el país, puesto que al parecer se sigue rigiendo con leyes propias, parecieran ser la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, que ya no da más con los reclamos de los hinchas, hartos de este sistema de Sociedades Anónimas que hoy nos rige, y la Fiscalía Nacional Económica.
Mientras los primeros se exprimen el cerebro intentando modificar la Ley 20.019 que les abrió la puerta a las Sociedades Anónimas, y con ello a todo tipo de pillastres, la Fiscalía Nacional Económica se decidió al parecer, por fin, a apretar clavijas.
Mediante la Resolución 0233, caratulada como Investigación Reservada Rol 2389-16, y con fecha 16 de junio, la FNE, basándose en el artículo 39 letra H del Decreto Ley N° 211, le solicita al Club San Antonio Unido remitir el presupuesto real correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
San Antonio Unido es sólo uno de los clubes SAD que no sólo obtuvo con variadas triquiñuelas millonarios aportes de algunos municipios de la zona, sino que hasta obtuvo sustanciosos dineros de parte de la Fundación Siglo XXI, dependiente de Codelco, y de la Empresa Portuaria San Antonio que, aunque definida como autónoma, es 100% estatal. ¿Para quién, supuestamente iban esos dineros? Adivinaron: para el Fútbol Joven.
El problema de San Antonio Unido SAD, sin embargo, es sólo la punta de la hebra que la Fiscalía Nacional Económica puede comenzar a tirar si se lo propone. Porque está claro que lo hecho por el club del puerto no constituye para nada un caso aislado. Son varios los clubes SAD que, luego de defraudar al Estado en millones de pesos, consiguiendo que empresas financiaran sus series menores a través del Sistema de Proyectos Deportivos sujetos a franquicias tributarias del IND (Instituto Nacional de Deportes), siguieron más tarde estafando a los municipios una vez que la presión de la prensa independiente denunció esta flagrante sinvergüenzura.
Mientras Blanco y Negro lideró la frescura en el primero de los casos, logrando que se le aprobaran proyectos por más de $ 1.600 millones, con pérdidas millonarias para el Fisco, Everton y Deportes Puerto Montt destacan por el engaño a sus correspondientes municipios, aunque respecto de estas estafas sin duda la lista de clubes es mucho más larga.
La Resolución 0233 no dejaría lugar a dudas acerca de que la Fiscalía pretende llegar al fondo en este tema. La Investigación reservada advierte que, de acuerdo al artículo 39 letra h, inciso 4° del DL N° 211, “quienes pretendan dificultar, desviar o eludir el ejercicio de las atribuciones de la FNE, ocultando información solicitada o entreguen información falsa, incurrirán en la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio”.
Agrega la Resolución que “asimismo, el artículo 39 letra H, inciso 5° del DL N° 211, establece que quienes están obligados a dar respuesta a las solicitudes de información efectuadas por la FNE, e injustificadamente no respondan, o respondan en forma parcial, se harán a creedores de una multa a beneficio fiscal. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del mismo cuerpo legal, que establece que las personas que entorpezcan las investigaciones que instruye la FNE en el ámbito de sus funciones, podrán ser apremiadas con arresto hasta por 15 días”.
¿El fútbol se maneja como un Cartel?
¿Qué es lo más llamativo de esto? Que la petición de antecedentes a San Antonio Unido SAD está firmada por Juan Correa Serrano, jefe de la Unidad Anti-Carteles de la Fiscalía Nacional Económica.
En otras palabras, la Fiscalía está considerando que el fútbol se está manejando como un Cartel. Y es que si lo de San Antonio Unido se considerara sólo un hecho aislado, sin duda la investigación habría quedado a cargo de una unidad de menor relevancia.
Sin embargo, cuando usamos el verbo en condicional para evaluar esta gestión de la FNE, es decir, “no dejaría dudas de que se pretenda llegar a fondo”, en lugar de “no deja dudas…”, es porque la experiencia aconseja tomar con pinzas cualquier investigación o medida que se anuncie o se filtre en relación con el fútbol. En otras palabras, ver para creer.
¿Qué otra cosa se puede esperar cuando el Ministerio de Justicia nos toma el pelo a todos para decir, luego de un año de investigación, lo mismo que sabíamos desde un comienzo, es decir, que Jadue y sus cómplices –incluido en el concepto Jorge Sampaoli- se habían robado la plata a vista y paciencia de todos, incluido el Consejo de Presidentes de Clubes?
¿Se puede seguir confiando en que la Fiscalía Oriente de Delitos de Alta Complejidad, encabezada por Carlos Gajardo, va a clarificar definitivamente el engorroso caso de Deportes Puerto Montt y el medio millón de dólares que en 2013 desapareció misteriosamente de su tesorería? Porque, por lo que sabemos, el Fiscal Gajardo ya habría interrogado a todos los que tenía que interrogar e incluso hasta tendría ya en su poder el cheque con que la ANFP le hizo entrega al club “salmonero” de los 500 mil dólares y, sin embargo, el caso todavía permanece en la nebulosa.
Como también permanece en la nebulosa lo que, producto de esta misma investigación, tanto les llamó la atención al Fiscal Gajardo y a su equipo de colaboradores, esto es, que invariablemente todos los dineros grandes que recibieron los clubes nacionales iban siempre destinados a beneficio de su Fútbol Joven. Consecuencia de esto: dichos dineros pagaron mucho menos impuestos que lo que debían pagar, y nunca fueron a las series menores de las instituciones. Fueron a financiar al primer equipo y como atractivos dividendos para sus ávidos accionistas.
¿Nuevo ejemplo de “gatopardismo”?
No se puede olvidar que, además del poderoso “lobby” de que hace gala el fútbol cada vez que se ve horquillado, logrando tirar el balón una y otra vez fuera de la cancha, este es un año eleccionario.
Dicho de otra forma, tanto los parlamentarios de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, como la Fiscalía Nacional Económica, pueden estar haciendo como que hacen su pega y demostrando preocupación por las muchas irregularidades que muestra a cada rato el fútbol sólo con un ánimo mediático, pero sin la menor intención de frenar la corrupción, la evasión de impuestos y las incontables trampas a las que las SAD se han mostrado tan afectas.
Sería, como en el caso del cambio de timón de la ANFP, un nuevo caso de “gatopardismo” que al parecer pone a nuestro país en el poco honroso ranking de aquellos que viven cambiándolo todo para que en el fondo no cambie nada.