El robo de computadores que desnudó a la UDI como el partido de los desfachatados

El bien ganado rótulo de “partido corrupto” no les impidió dar lecciones de moral y exigir la salida de Giorgio Jackson en 48 horas. El rocambolesco caso sigue entregando detalles reveladores, como que la abuela microtraficante, que tenía en su poder los notebooks, habría hecho campaña para los Republicanos en la campaña para el Consejo Constituyente, y que el hermano del dueño de la empresa de seguridad involucrada está condenado por delitos de lesa humanidad.

Por EL ÁGORA / Foto: AGENCIAUNO

El tan rocambolesco como increíble caso de los computadores robados desde el Ministerio de Desarrollo Social, mediante un “cuento del tío” burdo, que sólo se podría tragar alguien muy tontorrón (o directamente implicado), sigue entregando antecedentes curiosos en la medida que avanza la investigación.

Y es que, si bien se recuperaron 23 computadores, que pudieron ser mucho más si no hubiera sido porque a los guardias de seguridad al parecer les dio lata entregar los 50 primitivamente solicitados por el delincuente que simuló ser el ministro Giorgio Jackson a través de una llamada telefónica, la caja fuerte del Ministerio sigue sin encontrarse.

Y no se explica, porque, salvo una coincidencia de esas que se dan una en un millón, quienes arrancaron con la caja de seguridad tienen que haber formado parte de la misma banda de delincuentes liderada por el reo Miguel Apablaza Suárez, apoyado por su amorosa y emprendedora abuelita -Elena Cecilia Rojas Crespo (foto principal)-, encargados de huir con los notebooks en un vehículo de aplicación.

Elena Cecilia Rojas, involucrada en microtráfico, como toda abuelita que se precie ni siquiera lo dudó cuando, como contó ella, “unos amigos de mi nieto llamaron a mi hijo para avisarle que le iban a mandar una encomienda para atender sus necesidades. Él está preso, pero no pensó que era algo maldadoso (sic) y me pidió a mí recibir la encomienda”.

La comprensiva señora, que finalmente fue descubierta en poder de los notebooks luego que el conductor de la aplicación le contara a la policía dónde había ido a dejarlos, sería fiel seguidora del líder republicano, José Antonio Kast, y como tal habría formado parte de los comandos de ese partido para la elección de constituyentes del 7 de mayo.

Sus fotos, con un gorrito que la identifica con el partido de Kast, y portando una bandera de los republicanos, a estas alturas transitan por todas las redes sociales habidas y por haber.

Ahora, en las últimas horas, el sitio online fastcheck.cl, dedicado a verificar si ciertas noticias son verdaderas o falsas, señaló que la mujer de la foto no sería la detenida en el caso, indicando que la Fiscalía les había confirmado aquello.

Más allá de haber sido parte vital en este audaz y descarado robo, la provecta señora quedó sujeta a esa inhumana y cruel pena de “arresto domiciliario” que contempla nuestra legislación para los pelafustanes de cualquier estofa.

Su emprendedor nieto, cerebro de este robo, siguió manejando su delictual empresa desde el interior de la Cárcel de Puente Alto, donde se encuentra recluido. Miguel Apablaza tiene un prontuario de espanto. Cometió dos homicidios cuanto tenía 14 y 15 años, y en 2018 fue condenado a tres años por receptación de vehículo motorizado. No paró allí. El sistema judicial debe haberlo tratado con guante de seda, porque sucede que al año siguiente nuevamente lo condenaron a tres años por robo con intimidación y a otros tres años más por robo en lugar habitado.

Dicho en simple, el delincuente estaba libre para seguir en sus andanzas. Los delitos cometidos en 2019, sin embargo, debían tenerlo guardado hasta el año 2027, pero ello no fue óbice para que, desde las rejas puentealtinas, tuviera en su poder un celular para continuar su carrera delictual a distancia.

Nuestro diario fue el primero en reparar en un antecedente que puede resultar vital. HM Seguridad, la chapucera empresa que tenía que velar porque en el Ministerio de Desarrollo Social no se produjeran este tipo de casos, no fue contratada por el gobierno de Gabriel Boric. El contrato quedó renovado y amarrado en 2021, durante la presidencia de Piñera y siendo Karla Rubilar ministra de Desarrollo Social.

Y es que así como la oposición, e incluso algunos políticos que se declaran “oficialistas”, no demoraron un segundo en dispararle a Giorgio Jackson, dejando entrever que podía estar involucrado en este robo, supuestamente para esconder pruebas del llamado “Caso Convenios”, las fuerzas oficialistas, si se trata de utilizar artillería pesada cuando se reciben obuses por docenas, perfectamente podrían sugerir que los asopados guardias, o al menos quien esa noche los lideraba, estaban coludidos absolutamente con el robo.

Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, sin embargo, prefirió matizar y no seguir echándole leña al fuego. Atribuyó el increíble robo al hecho de que los guardias no habían cumplido con unos cursos de seguridad que la empresa que los acoge debía dictarles.

El curso acerca de cómo no caer en el llamado “cuento del tío”, al parecer, no había sido dictado todavía. Eso lo explica todo. El que el cuento del tío sea más viejo que el hilo negro, y que hasta el más desprevenido sospecha cuando se intenta, al parecer no era tema para estos eficientes guardias.

Pero en este caso, hay más. Se trata de otro dato que, en un país normal, donde no abunda la pillería y, por lo mismo, la sospecha no anda en labios de todos, podría ni siquiera tomarse en cuenta. Pero no en Chile, donde las zancadillas, los golpes bajos y las puñaladas por la espalda andan a la orden del día desde que Gabriel Boric llegó a La Moneda. El controlador de HM Seguridad es Hugo Martínez Oyanedel, y en las últimas horas surgió la versión de que es hermano de Juan Martínez Oyanedel, condenado a perpetuidad por delitos de lesa humanidad.

Y no por cualquier justicia: a Juan Martínez lo condenó la Justicia Militar, luego que se comprobara que, utilizando un corvo, asesinó a Agustín Contreras Santander y a Manuel Valencia Cáceres, en la comuna de Quinta Normal. Pero Juan Martínez no estuvo casi nada preso: la dictadura lo amnistió en 1978, como a tantos criminales.

Finalmente, el juez Mario Carroza reabrió la causa y le dio la pena que merecía como criminal abyecto y cobarde.

No hay que ser muy imaginativo para pensar que el controlador de HM Seguridad para nada puede ser cercano a este Gobierno.

En medio de este caso, que como sea debe ser investigado y aclarado hasta en sus más mínimos detalles, la UDI dio una prueba más de su desfachatez y desparpajo, poniendo al Gobierno entre la espada y la pared: si no sacaba a Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social en 48 horas, ellos no iban a ser “interlocutores” para la reforma previsional que impulsa el gobierno. Como dijo Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia, ese no es más que un burdo chantaje.

Es, ciertamente, un chantaje. Pero, además, una colosal frescura. Nunca han querido esa reforma previsional.

Además, ¿puede el partido más corrupto de este país dar lecciones de moral? ¿Es posible crucificar a una víctima de un robo, por más curioso que parezca, y en cambio apoyar a rajatabla a un delincuente ladrón de banco para que alcance la presidencia? Es como el mundo al revés…

Jackson seguramente ha metido más de una vez la pata. Seguramente, también, es un trabajador denodado para sacar adelante esas modificaciones urgentes que impulsa el gobierno, para emparejar, aunque sea en algo, la cancha.

Nada de eso importa: Jackson se transformó en persona non grata para los políticos sinvergüenzas, que en este país abundan, cuando debutando como parlamentario, junto a Gabriel Boric, ambos propusieron una rebaja de la dieta de los diputados en un 50% por ciento, por considerarla obscena para las muchas necesidades que tiene el país y su gente.

Ni hablar luego que, en una entrevista, proclamara la superioridad moral de su generación sobre aquellas que la precedieron. Y aquello, por audaz que se antojara, por molesto que sonara, encontraba sustento en 30 años de grosera connivencia entre los que, terminada la dictadura, se fueron repartiendo el poder y sus privilegios como si de una sillita musical se tratara.