El rocambolesco caso de los computadores robados al ministerio que dirige Jackson

El delito parece haber sido hecho por una tropa de chapuceros, pero ello no le quita gravedad a un asunto que debe ser investigado y esclarecido hasta en sus más mínimos detalles. Al contrario: como dice la muletilla de los políticos, “caiga quien caiga”.

Por EL ÁGORA / Foto: AGENCIAUNO

Carabineros recuperó la misma tarde de este jueves los 23 notebooks robados la noche del miércoles desde el Ministerio de Desarrollo Social, asunto que fue confirmado por la Fiscalía.

Más allá de eso, hay cosas que no se pueden soslayar, como la increíble facilidad que tuvieron los delincuentes para vulnerar la seguridad del ministerio que dirige Giorgio Jackson.

Esa situación, que sin duda debe ser esclarecida, significó un verdadero picnic para la oposición e incluso de parlamentarios supuestamente “oficialistas”. Fidel Espinoza, senador del Partido Socialista, se unió a la derecha para pedir la salida de Jackson, cuestión que, por lo demás, vienen pidiendo desde que estalló el “Caso Convenios”.

Desde que se conoció este caso, que explotó en Antofagasta, la oposición encontró el motivo para pasarle la cuenta a Jackson, a quien tienen en la mira desde que, en una entrevista, señaló que su generación podía ostentar una superioridad moral sobre aquellas de políticos que la precedieron.

Nunca le faltó razón a Giorgio Jackson, pero eso mismo hizo que, de ahí en adelante, cualquier asunto, por nimio que fuera, significaba que desde un amplio espectro político le dispararan todos, incluido en ocasiones el “fuego amigo”.

Obviamente, sería muy delirante acusar al ministro de Desarrollo Social de estar involucrado en este delito llevado a cabo por un grupo de chapuceros, porque sólo les faltó dejar cédulas de identidad en el lugar del robo; sin embargo, como jefe de la cartera tendrá que dar explicaciones y tomar medidas drásticas.

El país, sin duda, las requiere.

Según se indicó, los objetos fueron recuperados la tarde de este jueves, cerca de las 14:00 horas, «todos en completo estado y constitución» en la vía pública, en el sector del pasaje Cachapoal con Manuel Rodríguez, en la comuna de Renca. Eran mantenidos en una bolsa en un carro de supermercado.

Su traslado hasta dicho lugar -desde el Ministerio- por un conductor de aplicación, facilitó su ubicación, explicó Carabineros.

Se encontraban en poder de una mujer con antecedentes por robos e infracción a la Ley de Drogas, quien fue detenida por el delito flagrante de receptación.

Los notebooks recuperados.

Jaime Velasco, jefe del OS-9 de Carabineros, reportó que, en conjunto con el Labocar y la Fiscalía, realizaron «diversas diligencias desde horas de la madrugada, que llegaron a determinar líneas investigativas importantes, relacionadas primeramente con un vehículo, lo que determinó la participación de un móvil de una aplicación, lo que nos llevó a un lugar en la zona norte de la capital».

Allí, y previas entrevistas mediante, se estableció la participación de la mujer, «a la cual se divisó en el sector, donde fue controlada y se determinó que mantenía en su poder los computadores», agregó.

Emanuel Ibaceta, vocero de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, expuso que «se dio con la ubicación de la persona que habría conducido el vehículo y trasladado los implementos, y que fueron dejados en determinado lugar. Y realizando diligencias en ese sentido, personal del OS-9 logró dar con la persona a quien se habían entregado estas especies, y fue sorprendida poseyéndolas en la vía pública».

En tanto, se sigue buscando la caja fuerte también robada -por tres sujetos que ingresaron a las dependencias públicas con overol-, y a un segundo vehículo involucrado.

«No nos podemos manifestar respecto a las motivaciones hasta que terminemos las diligencias. En este minuto estamos investigando un delito de robo», puntualizó Ibaceta.

En el punto de prensa, Carabineros y la Fiscalía detallaron que el robo fue ejecutado por dos grupos.

El primero, de una persona, llegó a retirar los computadores, que fueron entregados por los guardias, presuntamente engañados por la referida llamada. Un hombre, que fingió ser el ministro Jackson, les dijo por teléfono que había tenido un accidente y que un sobrino iba a pasar a buscar los notebooks.

Así de fácil.

Agregaron Fiscalía y Carabineros:

«Posterior a ello, ingresan otras tres personas, camufladas y vestidas con una especie de overol, y sustraen la caja fuerte». Estuvieron alrededor de 25 a 30 minutos dentro de las dependencias del Ministerio.

A través de una declaración pública, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia condenó el robo ocurrido en sus dependencias «así como cualquier acción que busque impedir el correcto y seguro desempeño de las labores que diariamente realizan funcionarios y funcionarias, que van en directo apoyo a las personas más vulnerables del país».

Agregan:

«Asimismo, vemos necesario aclarar que se trata de un robo de computadores y de una caja fuerte, pero no de información sensible. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia dispone de medidas de seguridad para el resguardo de la información y sus servidores cuentan con políticas de respaldo y almacenamiento que garantizan la confidencialidad de los datos», destacó la cartera.

Concluyeron señalando:

«Queremos reiterar que como ministerio hemos estado y estaremos a disposición de entregar todos los antecedentes y aportar en las investigaciones que realizan Carabineros y el Ministerio Público para esclarecer la ocurrencia de estos hechos», cerraron en el escrito.

Un dato importante en este intrincado e insólito caso:

La seguridad en esa cartera fue adjudicada el 2021 por segunda vez a la misma empresa, en un contrato que dura hasta el próximo año. El contrato actualmente vigente, y por todos los cuatro años que se prestará el servicio, asciende a $ 219.356.865, lo que equivale a un monto mensual de casi siete millones de pesos.

En otras palabras, este gobierno no fue el que decidió acerca de ese vital aspecto. Fue el de Piñera.

El guardia del edificio del Ministerio de Desarrollo Social actualmente es una de las personas clave en la indagatoria sobre el robo. El funcionario es trabajador de la empresa HM Seguridad SPA, compañía que se adjudicó el servicio en las instalaciones de Desarrollo Social y que mantiene otros 15 contratos con reparticiones públicas como el Servicio Médico Legal (SML), el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional de la Región Metropolitana y la Defensoría Penal, entre otros.