Emiten orden de detención contra Vladimir Putin

La Corte Penal Internacional de La Haya lo acusa de crímenes de guerra en Ucrania. Pero la orden no prosperaría porque Rusia no reconoce, al igual que Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel, al Estatuto de Roma, que le da esa autoridad al tribunal.

Por EL ÁGORA / Foto: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK

La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado este viernes una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin, a quien acusa de ser responsable de crímenes de guerra en Ucrania.

Además, la CPI emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova (en la foto principal con Putin), comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

La Corte Penal Internacional es el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un Estado remite a la CPI.

Sin embargo, la Corte tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma -tratado constituyente de la organización- o a los nacionales de estos. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel o Rusia.

La CPI justificó la orden de arresto contra Putin aduciendo que éste es «presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».

Y añade: “Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otro, y por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”.