Empresa forestal deberá pagar millonaria multa por destruir araucarias en extinción

La especie está protegida desde 1976. La Forestal Mininco S.A., sin embargo, explotando pino insigne arrasó con 134 ejemplares. La empresa apeló a la multa, pero ésta fue confirmada por la Corte de Apelaciones penquista y deberá pagar más de $420 millones.

Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO

Forestal Mininco S.A., depredadora de la naturaleza como todas las empresas forestales, deberá pagar una multa superior a los 420 millones de pesos, por el daño causado a 134 ejemplares de la denominada “araucaria araucana”.

La decisión en contra de la empresa la había adoptado el Juzgado de Policía Local de Lebu, pero Forestal Mininco S. A. interpuso un recurso de nulidad, el que fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Concepción.

La corte estimó que «atendido lo obrado en el juicio y apreciada la prueba que han rendido las partes, estima que existen antecedentes que dan cuenta que la denunciada realizó faenas forestales en el predio Hijuela B del fundo Trongol Alto, Rol de Avalúo 504-49 de la comuna de Curanilahue, de propiedad de Forestal Mininco, para la explotación forestal de pino insigne, en que resultaron dañadas especies de araucaria araucana, conforme a denuncia presentada por fiscalizadores de Conaf, según se constató por estos los días 14 y 19 de junio y, 5 de julio de 2017».

En total, de acuerdo con el informe técnico entregado por Conaf en su momento, se dañaron 134 árboles de araucaria araucana, algunos por secamiento, otros por quebraduras de diverso tipo, por aplastamiento, algunos por arrastre y daños de diverso tipo.

La resolución de la Corte penquista señala que «está acreditado que la realización de faenas en el predio tuvo lugar sin contar con un plan de manejo de preservación vigente respecto de las araucarias araucanas existentes en el lugar, como prescribe la Ley N° 20.283 a ese respecto».

La araucaria araucana es un monumento natural desde 1976 y está prohibida su tala, atendido su valor histórico y científico plasmado en el Decreto Supremo N°43, de 1990. Además, su estado de conservación actual en Chile es «en peligro de extinción».