España aprueba el permiso menstrual y aborto adolescente

También se consagra el derecho de cambio de sexo a partir de los 16 años.

Por ANDRÉS ALBURQUERQUE / Foto: ARCHIVO

El parlamento español aprobó una ley que da acceso de las adolescentes al aborto y a la transexualidad, al tiempo que convierte a España en el primer país de Europa que dará derecho a las trabajadoras a un permiso menstrual pagado.

La impulsora de ambas leyes fue Irene Montero (foto principal), ministra de Igualdad, del partido más joven de la coalición de izquierdas del gobierno español, Unidos Podemos.

Los cambios en los derechos sexuales y reproductivos implican que las jóvenes de 16 y 17 años pueden abortar en España sin el consentimiento paterno. A partir de ahora, los productos para el período menstrual se ofrecerán gratuitamente en escuelas y prisiones, mientras que los centros de salud públicos harán lo propio con los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después.

Además, la medida del permiso menstrual permite a las trabajadoras que sufren dolores menstruales debilitantes disfrutar de tiempo libre remunerado.

Los cambios consagran por ley el derecho a abortar en un hospital público. En la actualidad, más del 80% de las interrupciones del embarazo en España se practican en clínicas privadas debido al elevado número de médicos del sistema público que se niegan a realizarlas, muchos de ellos alegando motivos religiosos.

Con el nuevo sistema, los médicos de los hospitales públicos no estarán obligados a practicar abortos, siempre que hayan registrado sus objeciones por escrito.

Otro paquete de reformas también aprobado por los legisladores refuerza los derechos de los transexuales, incluyendo la posibilidad de que cualquier ciudadano mayor de 16 años cambie su sexo registrado legalmente sin supervisión médica.

Los menores de entre 12 y 13 años necesitarán la autorización de un juez para cambiar, mientras que los de entre 14 y 16 deberán ir acompañados de sus padres o tutores legales.

Antes, los transexuales necesitaban un diagnóstico de varios médicos sobre disforia de género. La segunda ley también prohíbe la llamada “terapia de conversión” para personas de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexuales, queers y más (Lgbttiq+) y ofrece ayudas estatales a lesbianas y mujeres solteras que deseen someterse a un tratamiento de fecundación in vitro.

Las tres iniciativas tuvieron una fuerte oposición de los partidos de derecha, que forman el principal bloque de oposición en España.