Fiscal nacional critica filtraciones y defiende reserva en causas
Ángel Valencia cuestionó la entrega obligatoria de copias de investigaciones reservadas a los intervinientes, subrayando que la actual legislación complica el resguardo de la información.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó el impacto de las recientes filtraciones vinculadas a los casos ProCultura y Guardia Vieja, tras conocerse conversaciones privadas del ex jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, que involucran a la ex senadora Isabel Allende en la compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende.
Valencia sostuvo que los niveles de reserva aplicados durante las indagatorias han sido «bastante apropiados», aunque lamentó que, una vez vencidos los plazos legales de secreto, los fiscales estén obligados a entregar copias de las causas a todos los intervinientes, incluidos los querellantes.
Sistema judicial bajo presión por las reglas de reserva
El jefe del Ministerio Público explicó que la legislación actual impone límites claros a la confidencialidad de las investigaciones, lo que, a su juicio, aumenta el riesgo de filtraciones. «Lo hemos dicho hasta la majadería: debemos entregar copias cuando vencen los plazos», afirmó.
Respecto a la solicitud de incautar los teléfonos de Miguel Crispi, Isabel Allende y Maya Fernández, Valencia detalló que se trató de un procedimiento dentro de las atribuciones fiscales, aunque subrayó que el sistema judicial establece un control previo: “Los jueces no actúan como notarios. Su función es evaluar si procede o no una medida, considerando la gravedad de los hechos y el peso de los antecedentes”.
Isabel Allende en calidad de imputada
Consultado sobre la situación procesal de Isabel Allende, el fiscal nacional confirmó que la ex senadora fue citada a declarar y optó por ejercer su derecho a guardar silencio. «El hecho de guardar silencio confirma su calidad de imputada, sin que eso implique prejuzgar el desenlace de la investigación», concluyó.
Con estas declaraciones, Valencia evidenció su preocupación por las limitaciones que enfrenta la Fiscalía para proteger la reserva de las investigaciones, en medio de casos de alta sensibilidad política.