Fiscalía de Antofagasta avanza en cierre de caso Convenios
El Ministerio Público tiene un plazo de diez días para formalizar cargos contra siete imputados en cuatro aristas.
La diputada Catalina Pérez fue desaforada / Foto: ARCHIVO
La Fiscalía de Antofagasta informó el cierre de la etapa investigativa en las aristas Democracia Viva, Fusopo, TomArte y Fibra, todas vinculadas al polémico caso Convenios.
Con este avance, el Ministerio Público debe presentar la acusación formal contra siete personas involucradas.
Entre los procesados figura la diputada desaforada Catalina Pérez, actualmente con arresto domiciliario tras ser acusada por tres delitos de fraude al fisco. También enfrentan cargos el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, y la ex concejala Paz Juica, ex jefa territorial de Pérez.
Próximos pasos judiciales
El 16 de junio de 2023, el medio Timeline destapó un convenio por $426 millones entre Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade —ex pareja de Pérez— y el seremi Contreras, entonces jefe de gabinete de la diputada.
El acuerdo fue criticado por la falta de competencias de la fundación, la ausencia de licitaciones y pagos fraccionados para evitar control de Contraloría.
Contreras y Andrade fueron formalizados en diciembre de 2023 por fraude al fisco en tres hechos.
Ahora, tras concluir la investigación, la Fiscalía dispone de diez días para presentar la acusación que podría profundizar las responsabilidades en este entramado de convenios.
Implicancias políticas
El Caso Convenios ha provocado un fuerte impacto en la opinión pública y en el escenario político regional, debido a la vinculación directa de figuras públicas con presuntas conductas ilícitas.
La diputada Catalina Pérez, en particular, enfrenta no sólo cargos penales, sino también un proceso disciplinario interno en su partido.
Expertos legales destacan que esta etapa de acusación es decisiva para garantizar un proceso justo y transparente. La ciudadanía exige celeridad y ejemplaridad en el combate contra la corrupción, mientras se espera que el sistema judicial actúe con rigor para sentar un precedente contra la malversación de fondos públicos.
