Fiscalía investiga “pagos no registrados” en Municipalidad de La Florida

La iniciativa comenzó cuando una trabajadora social, tras denunciar maltrato laboral, fue desvinculada de su puesto de trabajo en dicha comuna.

Por CRISTIÁN CARRIÓN / Foto: ARCHIVO

Un reciente escándalo ha sacudido los cimientos de la administración municipal de La Florida, tras la revelación de pagos no registrados o también conocido como “pagos en negro”, a una funcionaria que había denunciado maltrato laboral.

Esta detallada investigación, dada a conocer por radio BíoBío Chile, destapa, a través de la difusión de un audio, no sólo irregularidades en los pagos, sino también posibles conexiones políticas que involucran a varios altos funcionarios del municipio y de comunas vecinas.

La controversia comenzó cuando una trabajadora social, tras denunciar maltrato laboral, fue desvinculada de su puesto en La Florida.

Posteriormente, se le ofrecieron traslados que no se materializaron, llevándola a grabar una conversación con Hugo Herrera, el entonces jefe Dideco de La Florida.

Durante el diálogo, Herrera le prometió un empleo en la Municipalidad de Puente Alto, alegando un acuerdo entre los alcaldes de ambas comunas.

En la grabación, Herrera menciona un salario de un millón de pesos y asegura que el traslado era un hecho, producto de un “favor político”. Además, prometió resolver el pago de su último mes de sueldo en La Florida, que finalmente fue entregado en efectivo y sin registros formales.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (foto principal), aparece indirectamente en el escándalo.

Aunque no está presente en el audio, las menciones de Herrera sugieren que Carter estaba al tanto de las negociaciones y eventualmente podría facilitar el acuerdo para trasladar a la funcionaria como un favor político a su par en Puente Alto, Germán Codina (RN).

Al menos se puede entender esto desde las declaraciones de Hugo Herrera, Carter no aparece mencionado explícitamente como facilitador del acuerdo.

La situación escaló cuando la funcionaria, sintiéndose insegura y manipulada, decidió denunciar estas prácticas. El municipio intentó desestimar el caso argumentando que el dinero era un “aporte” solidario de otros funcionarios, una afirmación que complicó aún más la credibilidad de la administración.

La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente, bajo la dirección de Miguel Ángel Orellana, ha tomado cartas en el asunto, iniciando una investigación reservada para desentrañar la red de favores y pagos implicados.

Este caso no sólo revela las dificultades y la opacidad en la gestión municipal en La Florida, sino que también resalta la fragilidad de los sistemas de integridad en las administraciones públicas. La implicación de figuras como Rodolfo Carter pone en cuestión la ética política y la responsabilidad de los líderes municipales en la protección de sus empleados y en la administración de los recursos públicos.

La investigación, que sigue en curso, es crucial para esclarecer estas conexiones y asegurar que la justicia prevalezca.