Fiscalía Nacional confirmó que existe una sentencia contra Carabineros por abuso sexual en el 18/O

Luego que el Presidente Boric señalara que para el estallido social de octubre de 2019 hubo, entre otros excesos, abusos sexuales, políticos de oposición lo acusaron de mentir sobre el tema.

Por EL ÁGORA / Foto (referencial): AGENCIAUNO

La Fiscalía Nacional confirmó este miércoles que existe una condena en contra de personal de Carabineros por una denuncia de connotación sexual registrada durante el estallido social iniciado en octubre de 2019.

El ente persecutor respondió así a requerimientos de políticos de oposición que criticaran el discurso del Presidente Gabriel Boric sobre el particular, donde señaló que «como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable: hubo muertos, abusos sexuales y mutilaciones oculares que no pueden quedar impunes y no se pueden volver a repetir».

Sus palabras fueron duramente criticadas desde la oposición. El ex candidato presidencial Mario Desbordes llegó a decir que el mandatario “miente”.

«El Presidente miente, tiene que disculparse. La embarran y se disculpan. Se pasó de rosca y sería bien bueno que eche a los dos o tres asesores que le pusieron en el discurso que los eche, que mostremos que alguien responde, si ese es otro problema en el Gobierno, nadie responde por las embarradas que cometen. Es falso, es injurioso, es grave lo que está diciendo», señaló.

Aparte, un grupo de parlamentarias del partido de la UDI ofició a la Fiscalía y al Poder Judicial para comprobar la veracidad de dicha afirmación. Las parlamentarias gremialistas Flor Weisse, Marta Bravo, Natalia Romero y Marlene Pérez, aseguraron que, aunque reconocen que sí hubo al menos 67 denuncias por abuso sexual en el período del estallido, no hay condenas que acrediten que estos hechos realmente ocurrieron.

«Lo que ha hecho el Presidente Boric es absolutamente grave», señalaron. «No sólo porque da por sentado que hubo casos de abusos sexuales supuestamente cometidos por funcionarios policiales, sin que existan condenas al respecto, sino que también porque trivializa situaciones que son sumamente dolorosas para las mujeres, y lo hace con el único objetivo de sintonizar con la extrema izquierda que validó la violencia y el vandalismo en esa época», añadieron.

Sin embargo, el fiscal nacional (s) Juan Agustín Meléndez, detalló que «la cifra que manejamos por violencia sexual en el contexto del estallido social, es más o menos de 300 causas».

Y confirmó que hubo un juicio oral en Arica, con una sentencia condenatoria y tenemos otra causa con juicio oral para noviembre en la Región de O’Higgins».

«En cuanto al detalle de la condena de Arica, yo solamente tomo la información general de los resultados de la causa, pero los hechos y el desarrollo de ese juicio lo maneja el fiscal regional», añadió.

El caso corresponde a la sentencia de 541 días de presidio en contra de una carabinera por «apremios ilegítimos». El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2019 y la condenada es Francisca Estefanía Benavides, acusada de cometer el delito contra dos víctimas de iniciales P.C.T.B. y E.P.C.R.

De acuerdo al veredicto, el hecho ocurrió al interior de una comisaría, donde Benavides «le instruye a P.C.T.B., desprenderse de la parte superior de su ropa, para su revisión, luego, le instruye bajar su pantalón y ropa interior, disponiéndole que se agache o hincara, quedando su zona genital y anal desnuda y a vista de la funcionaria».

«Finalizado aquello, trasladó a E.P.C.R, realizando idéntico proceso de instrucción a su respecto, primeramente, disponiendo que se desprenda de la parte superior de la ropa, y una vez revisada, instruye que se baje el pantalón y ropa interior, quedando desnuda en su zona genital y anal, además, le ordena que se agache o hincara», agrega el documento.

El fiscal Meléndez aclaró que «es un delito de abuso sexual en el contexto del estallido social, tal como lo registra la condena de los tribunales y la decisión que adoptó el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, que es el que determina la calificación jurídica del caso».