Giorgio Jackson y acusación de ex seremi: «Imputaciones arbitrarias»

El ministro de Desarrollo Social hizo sus descargos frente a la acusación constitucional que se está tramitando en la Cámara de Diputados presentada por los republicanos.

Por EL ÁGORA / Fotos: ARCHIVO ATON y TWITTER

“La acusación presentada confunde hechos con juicios de valor e imputaciones, estableciendo de antemano un contexto de suposiciones, valoraciones e imputaciones arbitrarias», señaló este viernes el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, como parte de su defensa ante la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano, amparándose en las críticas hechas por la ex seremi metropolitana de la cartera, Patricia Hidalgo.

El escrito presentado por los republicanos acusa a Jackson de cometer «infracciones o inejecución» a la Constitución y a la ley en los temas de compra de tierras indígenas y en el funcionamiento de los servicios locales de niñez.

Añade Jackson en el documento de defensa que «aquello pretende generar un ambiente de crisis sostenido en apreciaciones personales, políticas, consideraciones de hecho o mérito, totalmente alejadas de la naturaleza y fines de la acusación constitucional en el ordenamiento jurídico”.

Indica el ministro que “los hechos descritos dan cuenta del intento de juzgar a este ministro de Estado por hechos de carácter general que no dicen relación con el despliegue de alguna acción particular o personal de mi parte, o bien por hechos que relatan de forma errónea con el fin de subsumirlos de manera forzosa en alguna de las causales de acusación constitucional”.

Jackson manifiesta que una acusación constitucional «sólo puede tener lugar por hechos personales, es decir, que hayan sido cometidos personalmente por la autoridad. No obstante, como se analiza en el quinto argumento de la cuestión previa, la acusación presentada indica acciones, hechos o corresponde a conflictos en períodos en que no me encontraba ejerciendo el cargo, que no se enmarcan dentro de mis atribuciones o que corresponden a conflictos de larga data que no se lograrán resolver en un acotado período”.

“La presente acusación constitucional no cumple con ninguno de los requisitos que harían posible su procedencia, por lo que debe ser declarada inadmisible”, señala finalmente.

Recordemos que la acusación se basa en la denuncia de la ex seremi de la cartera en la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, la que denunció que su salida del cargo fue motivada por cuestiones políticas, tras haberse negado a aprobar ciertos proyectos sobre los cuales tenía «algunos cuestionamientos técnicos».

Eran otros tiempos: la ex seremi Patricia Hidalgo y el ministro Giorgio Jackson.

La respuesta del Gobierno al respecto apunta a la razón fue una «pérdida de confianza» debido a que no denunció la presunta violación de una menor en un albergue para personas en situación de calle.

Sobre el particular, el texto de Giorgio Jackson dice: «En efecto, la ex seremi de Desarrollo Social y Familia denunció haber sido objeto de supuestas presiones indebidas por parte de autoridades de gobierno en el marco de las votaciones de proyectos en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana. En lo que sigue, se revisará el concepto de presiones indebidas y se demostrará que instruir a una autoridad subordinada que asista a la Comisión de Evaluación Ambiental no cabe dentro de la definición de presiones indebidas».

«Como ya se ha demostrado, una simple orden dada a un funcionario subalterno respecto de alguna materia en la cual el jefe de servicio u otro funcionario tienen claras atribuciones implica un ejercicio legal de las labores y funciones asignadas y no puede considerarse reprochable», agrega la nota.

Y añade:

«Es más, la jurisprudencia de la propia Contraloría General de la República ha sido clara en señalar que los funcionarios se encuentran obligados a obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, pudiendo incluso ser objeto de medidas disciplinarias si infringen tal obligación».

Prosigue diciendo que «las instrucciones de la subsecretaria (Francisca) Perales se condicen con asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le eran aplicables a la ex seremi, pero que, sin embargo, se resistía a cumplir».

Finalmente, explica que una reunión que tenga por objetivo comunicar la pérdida de confianza hacia una funcionaria que detenta un cargo de exclusiva confianza “no puede estimarse constitutivo de una infracción a la Constitución y las leyes, sino que es manifestación de la organización de la Administración del Estado y los poderes jerárquicos de la autoridad respectiva». «Su intervención en los proyectos de evaluación ambiental, a los que hace referencia en el libelo acusatorio, dan cuenta de que la ex seremi actuó en forma independiente a las supuestas presiones indebidas».