Iglesia argentina hace un mea culpa a 40 años de la dictadura

“La verdad los hará libres” es el título de una investigación sobre la actuación de la Conferencia Episcopal ante los crímenes de lesa humanidad.

Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO

Dos tomos de casi mil páginas cada uno y un tercero en proceso de edición constituyen la voluminosa investigación de la Iglesia Católica argentina sobre su actuación durante la última dictadura (1976-1983), un mea culpa que dedica a la memoria de las víctimas.

“Queremos conocer la verdad histórica y pedir perdón a Dios, a la comunidad argentina y a las víctimas de la violencia. Somos conscientes de que, en muchas decisiones, acciones y omisiones, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) no estuvo a la altura de las circunstancias”, dicen los sacerdotes en la introducción de la obra.

El documento, que abarca también la violenta década previa al golpe del 24 de marzo de 1976, se publica cuando Argentina cumple 40 años del regreso a la democracia. Muestra desde el inicial respaldo de la jerarquía eclesiástica a la junta militar hasta los intentos por ayudar a las víctimas y el propio “martirio” de obispos, curas y monjas asesinados.

“Siempre se denunció que curas participaron en las torturas o las encubrieron. Es interesantísimo que se haga este trabajo que vienen reclamando los grupos de defensa de los derechos humanos. Y constituye un gran aporte al mostrar a las víctimas todas. Era una exigencia que tenía la Conferencia Episcopal, de dar respuesta a las gravísimas denuncias hechas sobre todo en los juicios” por los crímenes de lesa humanidad, comentó el sociólogo Fortunato Mallimaci, experto en la relación entre Iglesia y sociedad.

Titulada “La verdad los hará libres”, la investigación fue realizada por la Universidad Católica Argentina (UCA) durante cinco años, a solicitud de la CEA, que para ello puso a disposición sus archivos. Los autores, Carlos Galli, Juan Durán, Luis Liberti y Federico Tavelli, usaron además archivos de la Compañía de Jesús, de la Nunciatura Apostólica y de la Santa Sede.

En Argentina se han realizado hasta ahora más de 300 juicios por los crímenes de la dictadura y hay más de 1.100 personas condenadas.

Para Galli, este trabajo era una tarea pendiente. “Ya sufrí en los años 1970 por familiares, amigos y compañeros desaparecidos, no ahora haciendo el libro. Lo que sentí ahora fue responsabilidad. Si muchas veces había pensado que debía hacerse, ¿cómo iba a eludirlo ahora? Tenemos una finalidad académica, que es historiar la memoria. No dimos a leer los tomos antes a nadie. Somos investigadores, no hicimos un catecismo de esto”, aseguró.

Durante la dictadura argentina, miles de personas fueron llevadas a prisiones clandestinas, torturadas, asesinadas o desaparecidas. Cientos de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres fueron separados de ellas y entregados ilegalmente a otras familias. El libro analiza la actuación que tuvo entonces la Iglesia frente a estos crímenes y también enumera a sus miembros que resultaron víctimas.

“Hubo 24 sacerdotes asesinados, más de una docena de religiosas, dos obispos (Enrique Angelelli y Carlos Ponce de León), y cientos y cientos de católicos. Fue un catolicismo que tenía víctimas y victimarios”, afirmó Mallimaci.

La investigación no elude los episodios polémicos y dedica un capítulo al secuestro de los sacerdotes jesuitas Francisco Jalics y Orlando Yorio y al papel que desempeñó el entonces provincial Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco, cuestionado en el momento de su entronización por algunos defensores de los derechos humanos.

Los dos jesuitas fueron detenidos y torturados durante cinco meses en 1976 por fuerzas militares que se los llevaron de un barrio pobre de Buenos Aires en el cual hacían su labor pastoral. El libro recoge las cartas que escribió Bergoglio en la época y da cuenta de las gestiones que realizó junto con el nuncio Pio Laghi para lograr su libertad.

Los autores refieren también episodios desconocidos hasta ahora, como una reunión -el 8 de agosto de 1978- entre el nuncio Laghi y el dictador Jorge Videla en la residencia presidencial, en la que el militar reconoció que había personas desaparecidas y las estimó en unos dos mil o tres mil.

Pero los organismos de defensa de los Derechos Humanos sostienen que la dictadura dejó unas 30 mil personas desaparecidas.