Insólito letargo judicial ante tortura de carabineros

El caso afectó en enero de 2017 a un hombre de 43 años, quien terminó con múltiples contusiones y fractura orbital por el accionar de los uniformados. Al día de hoy, nadie ha sido formalizado por el caso.

Por ANDRÉS ALBURQUERQUE F. / Foto: REFERENCIAL Y GENTILEZA

El 17 de enero de 2017, la vida de Juan Pablo Urzúa Aracena cambió para siempre. Por entonces de 43 años, el hombre tuvo la mala ocurrencia de querer fumar sin tener cigarrillos a mano. Para peor, se encontraba en casa de un amigo bebiendo algunos tragos. Así que a eso de las 11 de la noche salieron juntos en su auto, pues no vendían en ningún negocio cercano.

Cuando circulaban por calle Blanco Encalada, centro de Santiago, se pasaron una cuadra y decidieron doblar en U a la altura de avenida España. Fue justo en ese momento que vieron las balizas encendidas de un furgón de Carabineros, desde el cual los conminan a transitar contra el tránsito por avenida España y doblar por Domeyko, que no tiene salida.

Ahí descienden del auto y se les acercan dos carabineros exaltados. Les exigen la cédula de identidad, que él entrega de inmediato. Sin embargo, de pronto comienzan a insultarlo y a decirle que de seguro andaban en algo malo. Urzúa tiene la pésima idea (lo sabría luego) de sugerirles que, en vez de perder tiempo con ellos, mejor salieran a buscar a verdaderos delincuentes.

Uno de los uniformados lo abofetea fuertemente. Y él le dice que “no estamos en dictadura”, por lo que el otro carabinero le da un puñetazo en la espalda. Urzúa reacciona con un empujón y tirando un golpe de vuelta. Craso error.

Los otros cuatro o cinco carabineros se le tiran encima y lo golpean con pies y puños. Cae al suelo y siente que lo golpean con algo contundente (¿un bastón retráctil?). Le dan de lleno en el rostro. En un ojo. Intenta cubrirse la cara, pero es inútil. No se da cuenta cuándo lo esposan. Continúan golpeándolo. Entre todos lo agreden salvajemente en el suelo. Sangra. Le falta el aire. Se desvanece

LA PESADILLA CONTINÚA

Cuando despierta, está dentro de un furgón. “Me llevan a un hospital”, pensó, pero el trayecto se le hace interminable. Pero después de un largo rato, siente que el vehículo supera unos baches y su temor se incrementa. Los agresores no dejan de amenazarlos: “¡Ahora verán lo que les va a pasar…!”.

Finalmente se detienen, pero sólo lo bajan a él. Sigue esposado, y logra distinguir -pese a que su ojo sangra profusamente- que están en un sitio eriazo. Lo obligan a arrodillarse, y vuelven al ataque. Lo golpean de una manera brutal, y de pronto siente un golpe metálico (probablemente un revólver) en un oído. Se desmaya nuevamente.

Despierta en un SAPU de Renca y permanece cerca de una hora esposado a su camilla. Luego lo trasladan en ambulancia de urgencia a la Posta Central. De allí lo trasladan a la Unidad de Traumatismo Ocular del hospital Salvador. Tiene fractura de órbita de piso y pared medial del ojo izquierdo. Además, perdió dos piezas dentales frontales superiores.

Desde entonces, Urzúa Aracena debió someterse a tres intervenciones quirúrgicas para poder reconstruir su cara. La primera, el 13 de febrero de 2017.

TORTURA CERTIFICADA

“El calvario al que fue sometido mi representado es constitutivo del delito de tortura, establecido en el artículo 150 A del Código Penal”. Eso dice el abogado Epiro San Martín, quien no entiende por qué la querella presentada todavía no tiene formalizados.

Así quedó el rostro de Juan Pablo Urzúa.

“Y no solamente mi representado se querelló, sino que además lo hizo el propio Instituto de Derechos Humanos en contra de quienes resulten responsables. Ambas querellas se encuentran radicadas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago (causa RUC: 1710013558-2, RIT: 5621 – 2017).

Lamentablemente, en este caso el Ministerio Público no ha actuado con la debida celeridad. Eso pese a que incluso el Servicio Médico Legal certifica mediante un test de Estambul que hubo tortura contra Urzúa. Incluso se anexó un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que señala que hay a lo menos responsabilidad de mando en el caso.

San Martín no puede entender qué sucedió esa noche de 2017. “Creo que la única motivación de los carabineros era castigarlo. Como mi representado contestó una agresión con un manotazo, le infligieron golpes brutales”, apunta.

-¿Influiría el hecho de que estaba bajo los efectos del alcohol? Eso indica el parte policial y el informe de la Posta Central.

-Puede que eventualmente así fuera, porque estaba de celebración con un amigo. Pero esa no es razón para golpearlo como lo hicieron y luego de ello… llevarlo a un sitio eriazo para torturarlo. Además, si había bebido, el deber de los carabineros era protegerlo. Hay una obligación de cuidado por parte de ellos. Lo que quiere decir que Juan Pablo se encontraba en una condición de vulnerabilidad.

-Tengo entendido que él fue procesado por maltrato de obra a carabinero…

-Efectivamente. Se produce la paradoja de que se generaron dos causas. Y Juan Pablo, por ese manotazo, fue condenado, porque fue mal defendido por otra abogada.

-¿Por qué cree que fue mal defendido?

-Porque la abogada le señaló, le recomendó más bien, que se quedara callado. Le dijo que era una estrategia de ella. Y terminó condenado. Pero la otra causa, a raíz de que fue torturado, lleva más de siete años y no hay formalizados.

-¿Cómo se explica esta tardanza de la justicia?

-No tiene explicación, tal como le señalé al fiscal. Si bien no se puede dar con todos los carabineros que lo torturaron, mi representado reconoce con nombre y apellido a dos de ellos. Por eso resulta increíble que estos no estén siquiera formalizados.

-¿Cuáles fueron las últimas diligencias que hicieron en el caso?

-Hicimos una presentación escrita al fiscal para que formalice, pero vemos que la investigación se dilata muchísimo… Y esto está perjudicando a mi representado en la acción civil indemnizatoria. Creemos justo que él reciba una indemnización por daño emergente (por los gastos médicos en que ha incurrido) y por lucro cesante (Juan Pablo, que es corredor de propiedades, ese 2017 no pudo trabajar). Y, por supuesto, por daño moral. Después de haber sido vejado y de haber sufrido la tortura, la vida de mi representado nunca volverá a ser igual. Y quedará para siempre con graves secuelas físicas y psicológicas. Sólo queremos justicia.