Insulza cuestiona a Camila Flores por propuestas inconstitucionales

El senador socialista José Miguel Insulza criticó las promesas de campaña de la diputada de RN, que incluyen pena de muerte y castración química, recordando que Chile tiene compromisos internacionales que prohíben su aplicación.

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Por Cristián Carrión
Actualizado el 1 de octubre de 2025 - 6:23 pm

Insulza denunció que Flores ignora importantes normativas internacionales / Foto: ARCHIVO

El senador José Miguel Insulza (PS) reaccionó con dureza a los volantes de campaña difundidos por la diputada y candidata al Senado, Camila Flores (RN), en los que plantea medidas como la reimplantación de la pena de muerte, la castración química, estados de excepción focalizados en zonas controladas por el narcotráfico y un respaldo irrestricto a las Fuerzas Armadas y de Orden.

A través de su cuenta de X, el parlamentario subrayó que estas propuestas desconocen el marco jurídico vigente: “Camila Flores promete ‘pena de muerte y castración química’ como si Chile viviera en un vacío legal. La pena de muerte fue abolida en 2001 y su retorno está expresamente prohibido por tratados internacionales ratificados por el Estado”, sostuvo.

El marco legal vigente

En Chile, la pena capital fue eliminada hace más de dos décadas, garantizando en la Constitución el derecho a la vida y la integridad física y síquica de todas las personas.

Además, el país suscribió el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a los estados parte a no ejecutar a ninguna persona y a mantener abolida la pena de muerte en sus jurisdicciones.

Compromisos internacionales ineludibles

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reiterado que los países que ratificaron dicho protocolo, como Chile, tienen prohibido reinstaurar la pena capital bajo cualquier circunstancia. En ese sentido, las propuestas de Flores no sólo carecen de sustento legal interno, sino que también contravienen compromisos internacionales que el país no puede desconocer.

De esta manera, la polémica se instala en medio de la campaña electoral, con críticas que apuntan a un uso político de medidas inviables en el marco del derecho nacional e internacional.