La DC expulsó a Fuad Chahín por venta irregular de dos sedes partidarias

El Tribunal Supremo del partido encabezado por Alberto Undurraga, determinó expulsar a su ex presidente y a dos altos directivos por el traspaso de dos inmuebles, que habrían perjudicado económicamente a la tienda política en 1.178 millones de pesos. Los tres involucrados, sin embargo, habían renunciado antes.

Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO ATON

El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana decidió expulsar a tres militantes que ya habían renunciado el partido. Se trata de Fuad Chahín, ex diputado y ex presidente de la colectividad; el ex secretario nacional David Morales, y el ex administrador Rogelio Zúñiga Escudero. Según este tribunal, los tres anteriormente mencionados participaron en la venta irregular de dos sedes partidarias. Una estaba ubicada en la comuna de Talagante y la otra en la de Macul.

Esas ventas fueron suspendidas por la directiva que sucedió a Chahín en el cargo, encabezada por Alberto Undurraga.

Chahín y Morales renunciaron hace dos meses al partido, en tanto que Zúñiga lo había hecho mucho antes.

El Tribunal deja establecido, respecto de la sede de Talagante, que estaba siendo vendida a un precio inferior al valor de mercado. Aclaró, por ello, que Fuad Chahín “concluyó el contrato en las condiciones que, como apuntamos, implicaban un detrimento patrimonial para el partido”, sumando además que el ex parlamentario es abogado, por lo que se debía exigir un estándar mayor respecto a su apreciación de los actos jurídicos que suscribía”.

En el caso del inmueble de la comuna de Macul, el documento señala que “se advierte responsabilidad disciplinaria tanto del entonces representante legal del partido como de Rogelio Zúñiga. Agrega que tanto Chahín como Zúñiga “infringen el deber militante de cumplir con responsabilidad y disciplina las tareas partidarias” establecidas en sus estatutos.

Otro caso que fundó la expulsión de los tres ex militantes de la DC fue el de un contrato de arriendo de un inmueble en la comuna de La Florida, donde también se estableció un valor inferior al del mercado, además de la firma de un nuevo contrato que no fue visado por las entidades internas de la DC para suscribirlo.

Se estima que el perjuicio de la venta de los inmuebles habría llegado a los mil 178 millones de pesos. En su momento, el Servicio Electoral objetó una tercera venta por un pago de comisión del 26 por ciento que ascendía a los 193 millones de pesos por concepto de corretaje, algo que está totalmente fuera del valor de mercado.