La UDI encabeza el ranking de los partidos más corruptos de Chile

Le sigue Renovación Nacional y, más atrás, aparecen la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, completando este poco honroso escalafón.

Por EL AGORA / Fotos: ARCHIVO ATON

El poco honroso ranking de los partidos más corruptos de Chile lo encabeza la Unión Demócrata Independiente (UDI), seguido de cerca por Renovación Nacional (RN). Les siguen el Partido Regionalista Independiente (PRI), ya desaparecido de la escena política, y partidos que primero conformaron lo que se llamó “Concertación” y luego “Nueva Mayoría”, es decir, la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD).

Fraude al Fisco, cohecho y malversación de fondos públicos son los delitos que más se reiteran en las condenas y formalización, de acuerdo al ranking diseñado por el diario electrónico El Mostrador. Para llegar a los resultados anteriormente enunciados, se recopilaron, a través de fuentes abiertas, ilícitos que involucran a militantes de partidos políticos y personas en cargos de elección popular que hayan recibido una condena en los últimos cinco años.

Fuera de este análisis quedaron, sin embargo, aquellos casos en donde no se comprobó la militancia de personas condenadas y aquellos que recibieron una resolución judicial antes del 2017. Se aclaró, además, que no se consideró el año de ejecución del delito, sino el de resolución del proceso.

Los municipios de Vitacura, Maipú, Ñuñoa, Viña del Mar, Puerto Varas y San Ramón, entre otros, están en los ojos de la justicia por malversación de caudales públicos o fraude al Fisco, dadas las irregularidades que se detectaron en anteriores administraciones Casos que se perpetraron hace casi 10 años, pero que recién hoy están viendo la luz a nivel judicial.

Alcaldes como Álvaro Berger (ex socialista, Puerto Varas) y Pedro Sabat (Renovación Nacional, Ñuñoa), ya fueron acusados o están a la espera de su juicio oral. Hace una semana, por otra parte, formalizaron a Jacqueline Sánchez y María Luisa Pizarro, ex funcionarias de la Corporación Municipal de Educación de Maipú, durante la administración de la ex alcaldesa Cathy Barriga (UDI), por uso indebido de más de $2.200 millones que provenían del Ministerio de Educación.

Siguen los coletazos de la gestión de Cathy Barriga en la Municipalidad de Maipú.

Para este ranking también se tuvieron en cuenta aquellos casos en que los militantes lograron una salida alternativa, pues, para llegar a tal resolución, se necesita asumir un grado de responsabilidad en el caso. Alcaldes, concejales, asesores, secretarios, diputados y senadores, pueden encontrarse en la poco honrosa lista. Sin embargo, los hechos que en mayor medida evidenciaron el lado más turbio de la política fueron los casos Corpesca, Penta y SQM. Estos últimos dos aún cuentan con sentencias pendientes a políticos, como sucede con Juan Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami en el caso de Soquimich, casos que no se consideraron en el análisis porque todavía no cuentan con una resolución.

Se estudiaron cerca de 200 casos en que la política se vinculó con el delito. De estos, sólo en 35 se pudo comprobar la militancia de la persona involucrada y fue posible comprobar también que la resolución judicial –sea condena o salida alternativa– se dio el 2017. Si bien podemos ver que atraviesan todos los sectores políticos, la UDI es el partido con más condenados por delitos y, en su mayoría, por delitos de corrupción. Casi todas las condenas o salidas alternativas que obtuvieron los militares de la UDI, ocurrieron a raíz del caso SQM, por emisión de boletas ideológicamente falsas.

De este partido, doce personas fueron condenadas u obtuvieron una salida alternativa por emitir boletas ideológicamente falsas o por financiamiento irregular de campañas políticas. Seis personas fueron electas a un cargo por votación popular y las otras seis corresponden a militantes del partido. Entre personajes que destacan, se encuentran el actual senador Iván Moreira por financiamiento irregular de la política, al igual que la ex diputada Marta Isasi y el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett. El ex senador Jaime Orpis (foto principal) fue condenado por fraude al fisco, al igual que Pablo Wagner, quien fuera subsecretario de Minería en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Lo del «raspado de la olla» hizo famoso a Iván Moreira.

En el caso de Renovación Nacional, seis corresponden al partido que hoy está en la mira tras el caso Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura. Si bien el financiamiento irregular en campañas políticas también sindicó a responsables en el partido, las resoluciones judiciales sucedieron antes del 2017, como ocurre con el PS, la DC y el PPD.

Respecto del tercero de la lista, es decir, el Partido Regionalista Independiente, tuvo tres casos, vinculados al financiamiento ilegal de la política, sólo que el año 2017 el PRI no logró las firmas para conservar su estatus como partido, desapareciendo de la escena.

Respecto de la DC, PS y PPD, partidos que conformaron la ex Concertación, registran siete casos en que fueron condenados personeros de dichos partidos. La mayoría, por los casos Penta y SQM.

El Mostrador aclara, sin embargo, que esta lista, si bien recopila los últimos cinco años de delitos vinculados a la política, no pudo abarcar los casos más emblemáticos de corrupción del último tiempo. Por ejemplo, el de Virginia Reginato (UDI), quien está siendo investigada por el Ministerio Público por el caso “Horas Extras 2”, y el caso que hizo acuñar en Chile el término “narcopolítica”, relacionado con Miguel Ángel Aguilera, ex alcalde socialista de San Ramón.

Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, explicó que “hay lugares en donde la fiscalización no llega”. Agregó que “no vamos a sacar nada si es que seguimos investigando cuando descubrimos los hechos y tenemos que esperar que un amigo traicione a un amigo para descubrir un caso de corrupción”.

El experto Alberto Precht, quien fue director ejecutivo de Chile Transparente y que es abogado experto en anticorrupción, explica que “las salidas alternativas no deberían existir”. Según él, cuando ello ocurre, “empieza a existir un proceso de decaimiento del tejido social, porque las mismas personas, al dejar de creer en el tejido, empiezan a comportarse fuera de éste”.