Militares en retiro libraron de ir presos tras una estafa cometida contra el Fisco 

Ingeniosos, crearon una especie de cooperativa para ir supuestamente en ayuda de quienes se jubilaran o retiraran. Lo malo es que echaron mano a recursos fiscales. Son 42 los uniformados, más siete civiles, que no irán a la cárcel a cambio de que devuelven lo defraudado. ¿Tomaron nota ya los delincuentes? 

Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO

Cuarenta y dos militares en retiro, que integraron la IV División del Ejército, libraron de ir a la cárcel por estafa, luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique, les propusiera  acogerse a la suspensión condicional en el denominado caso FAM, que investiga un fraude al Fisco en relación con el Fondo de Ayuda Mutua existente en la institución. 

Junto con ellos, siete civiles se acogieron a igual garantía. 

El caso FAM se refiere a una asociación en la que funcionarios del Ejército aportaban mensualmente recursos para brindar apoyo económico a aquellos que se jubilaran o se retiraran de la institución. Sin embargo, en 2018, tras una denuncia ante Contraloría, se ordenó el cierre del fondo debido a diversas irregularidades.

El Poder Judicial determinó que los miembros del Ejército recurrieron al presupuesto fiscal para cubrir los depósitos adeudados, a través de la adulteración de viáticos, comisiones de servicio, gastos de representación, alargamiento injustificado de la carrera y al pago de otros servicios inexistentes.  

Mediante ese mecanismo, devolvían con dinero fiscal los montos depositados por oficiales y suboficiales en la fallida cooperativa informal, provocando una defraudación por la suma de $2.811.652.230, según consigna ADN Radio.

Los 42 militares en retiro que aceptaron la propuesta de suspensión condicional deberán reintegrar al Fisco los dineros percibidos al ser “recontratados”. Se les otorgó un plazo de hasta 36 meses para cumplir con este compromiso, durante el que la causa se mantendrá suspendida. Sin embargo, en caso de no cumplir con el acuerdo avalado por los tribunales, se reabrirá la investigación en su contra.

Los ex uniformados deberán devolver, en conjunto, cerca de 170 millones de pesos. Además, se determinó la obligación de fijar su domicilio y de realizar un control mediante firma cada tres meses.