Ministro del Tribunal Constitucional recurre a la justicia por incautación de dispositivos
Héctor Mery denuncia que la PDI vulneró sus derechos al requisar sus aparatos electrónicos, pese a su condición de testigo en la investigación del Caso Audios.
Mery sostiene que él es un testigo y no un imputado / Foto: ARCHIVO
El ministro del Tribunal Constitucional (TC), Héctor Mery, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando que se declare ilegal la incautación de sus dispositivos electrónicos, realizada en el marco del Caso Audios.
La medida, ejecutada por la Policía de Investigaciones (PDI) la semana pasada, también afectó a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
Mery sostiene que la jueza Daniela Guerrero, quien autorizó el procedimiento, cometió un error procesal al confundir su condición de testigo con la de imputado.
Argumento de la defensa
Según el escrito presentado por su defensa, la decisión judicial carece de fundamentos suficientes y vulnera sus derechos constitucionales. Sus abogados argumentan que se trató de una medida intrusiva sin respaldo legal, ya que la condición de testigo no justifica una incautación de este tipo.
Los juristas también denunciaron que, tras la diligencia, se les negó acceso a la solicitud presentada por el fiscal Javier von Bischoffhausen, bajo el argumento de que Mery no contaba con representación legal en el Ministerio Público, lo que refuerza la presunta irregularidad del procedimiento.
Vínculo en el caso audios
El Caso Audios investiga presuntos delitos de corrupción, incluyendo tráfico de influencias. La Fiscalía de Rancagua lidera la indagatoria a partir de grabaciones obtenidas desde el teléfono del abogado Luis Hermosilla, las cuales revelarían gestiones irregulares para la designación de jueces y fiscales.
Mery es mencionado en la causa debido a su rol como jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En ese período, habría intervenido en favor del nombramiento del magistrado Antonio Ulloa, en colaboración con Hermosilla.
Posibles consecuencias
Si el recurso de amparo es acogido, la Corte de Apelaciones podría declarar nula la incautación y ordenar la devolución de los dispositivos requisados. Además, cualquier evidencia obtenida de estos aparatos podría quedar invalidada para la investigación.
No obstante, el Ministerio Público podría escalar el caso hasta la Corte Suprema, en un proceso clave que podría marcar un precedente sobre los límites de las diligencias investigativas en casos de alta connotación pública.
