Narcos tienen bajo amenaza de muerte a cuatro alcaldes de la Región Metropolitana

Se trata de las autoridades comunales de La Pintana, San Ramón, Puente Alto y La Florida.

Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO

El desparpajo de los narcos en este país es tanto, que cuatro alcaldes de la Región Metropolitana se encuentran amenazados de muerte luego de anunciar medidas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

La estrategia más reciente ha sido la desarrollada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, con la demolición de las ampliaciones irregulares de viviendas vinculadas a personas investigadas por venta de droga.

Carter ha demolido ya tres de esas viviendas, conocidas como “narco casas”, decisión que ha tenido tantos partidarios como detractores.

Al alcalde de La Florida se suman la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y los de Puente Alto y San Ramón, Germán Codina y Gustavo Toro, respectivamente.

Toro, incluso, cuenta con la protección de la empresa PPI –privada- desde hace dos años, luego de reemplazar en el cargo al alcalde Miguel Angel Aguilera, acusado, entre otras cosas, de vínculos con narcotraficantes.

El alcalde de San Ramón reconoció que ha tenido que pagar un alto costo a causa de estas amenazas. “No sólo yo –explicó- sino también mi familia”.

Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, contó que en su caso ha visto como «marcan mi oficina, que me hacen grafitis en términos de amenaza y eso no es gratuito, de verdad los costos son muy altos. No es vivir de forma normal, no es fácil, uno se resta de algunas actividades incluso municipales por sentir miedo».

Para la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, la situación «demuestra que estamos muy expuestos en nuestro trabajo y que se nos debe garantizar la integridad a todos, pues este riesgo lo estamos asumiendo por el ejercicio del cargo, no por opiniones o acciones personales».

Por lo pronto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, firmó el oficio que crea la Unidad de Investigación de Amenazas contra Autoridades, sean fiscales, jueces, parlamentarios y toda autoridad que tenga un cargo público.

El equipo quedó a cargo del fiscal regional sur Héctor Barros, y recopilará todas las denuncias de amenazas de ese tipo para luego designar a quiénes desarrollarán la investigación, con una división en la macrozona norte, sur y Región Metropolitana.