Nuevo ministro de Justicia rayó la cancha en el tema de los indultos presidenciales

Luis Cordero sostuvo este jueves su primera reunión con los integrantes de la Corte Suprema y señaló que la disusión pasó a ser estrictamente jurídica.

Por EL ÁGORA / Foto: ATON

El nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo este jueves su primera reunión con los integrantes de la Corte Suprema y luego de ella fue consultado por diversos temas atingentes a la cartera, entre ellos el más controvertido y que tiene que ver con las reacciones que provocaron los recientes indultos presidenciales.

En la oportunidad, el secretario de Estado, que asumió en reemplazo de la renunciada Marcela Ríos, sostuvo que la discusión en torno a los indultos se volvió «estrictamente jurídica».

Cordero se refirió a una columna del ex ministro de la Corte Suprema Pedro Pierry: «Yo creo que revela bastante bien el dilema de derecho administrativo que está asociado a los indultos, es decir, los efectos, las posibilidades y sus limitaciones».

Y añadió que “cualquier opinión que sobre esos papeles uno tenga, tiene que ver con esas restricciones formales y jurídicas, que para esto son extremadamente relevantes. Para decirlo de otra manera, son las más importantes».

Luego destacó que «existen tres solicitudes de dictamen a Contraloría, la que ha solicitado el informe del Ministerio, que tiene que evacuarse en los próximos 10 días, aunque probablemente va a existir una prórroga. Es en ese informe donde está la explicación procedimental y las cuestiones procedimentales desde el punto de vista jurídico, al ejercicio de la potestad de indulto».

«La oposición ha anunciado dos requerimientos al Tribunal Constitucional en contra de esos decretos. En consecuencia y yo creo que es relevante, hoy la discusión ha quedado trabada sobre las consecuencias jurídicas de los indultos. Y -en mi opinión- en ese espacio se va a mantener por lo menos en las siguientes semanas».

El ministro asumió que “logro entender la inquietud política. Pero desde el punto de vista técnico, las tres solicitudes de dictámenes de Contraloría y los dos anunciados requerimientos (al TC) llevan a que la discusión de indultos quede trabada como una discusión estrictamente jurídica».

En cuanto a las desprolijidades mencionadas por Gabriel Boric, Luis Cordero indicó que «no puedo ser intérprete del Presidente, él es el que ha expresado su opinión, pero también ha precisado a lo que se refiere, y es una afirmación vinculada a cuestiones políticas. Eso tuvo consecuencias, una de esas es el porqué ustedes me tienen acá».

Finalmente, manifestó que «en el sistema institucional chileno, un acto administrativo, legalmente emitido, que ha producido sus efectos -esto lo dice la ley- tiene presunción de legalidad. Y mientras esa presunción de legalidad no sea derribada, esos actos administrativos son ajustados a derecho», sentenció al respecto.

CASO FISCAL VALENCIA

El ministro fue consultado con respecto a un reportaje de Ciper Chile, que reveló que el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, emitió 57 boletas a Lo Barnechea cuando Felipe Guevara era alcalde de la comuna, lo que genera controversia, ya que el persecutor negó tener vínculos con el ex jefe comunal y ex intendente durante su exposición en el Senado para su nombramiento.

«El nombramiento del fiscal Valencia ha sido ratificado por el Senado, su decreto de nombramiento ya se encuentra tomado razón, y hoy asumió funciones», señaló.

Sin embargo, aclaró que “el fiscal nacional y la Fiscalía Nacional es una autonomía constitucional, respecto de la cual el Ejecutivo no tiene ningún vínculo, de dependencia ni de supervigilancia. Cualquier respuesta a esa pregunta, es algo que tiene que responde el Ministerio Público, en particular el fiscal Valencia».