PDI incauta computadores de alcaldesa Hassler y de sus cercanos colaboradores

La jefa comunal accedió voluntariamente a la diligencia, toda vez que los policías no llegaron con orden de un tribunal. Son los coletazos de la fallida compra, por parte del municipio, de la Clínica Sierra Bella.

Por EL ÁGORA / Foto: ARCHIVO ATON

Computadores y otros elementos tecnológicos de la alcaldesa de Santiago, Iraci Hassler, fueron incautados desde sus oficinas por parte de efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI.

Fueron incautados, además, aparatos de estrechos colaboradores que fueron clave en el fallido proceso de compra de la ex Clínica Sierra Bella, adquisición que quedó trunca tras un lapidario informe de Contraloría que estableció el pago de un “precio injustificado” y que hoy tiene a la jefa municipalidad en calidad de imputada en una investigación que dirige el fiscal Centro Norte, Patricio Cooper.

Desde la municipalidad dieron cuenta que personal policial pidió entrevistarse con Hassler, quien estuvo acompañada de su defensor. Ahí accedió a la entrega de su notebook. Asimismo, el otrora jefe jurídico, Jean Pierre Chiffelle (PC) también estuvo presente en la pesquisa y -de igual forma- visó el decomiso de su computador.

Una situación similar ocurrió con la directora de Salud, Beatriz Chamorro, y el ex jefe de Secplac, Luis Mayorga, quien fue desvinculado tras conocerse el informe de Contraloría que objetó en duros términos la millonaria compra por más de 8 mil millones del inmueble.

Mayorga fue el único que accedió a la entrega de su celular institucional, ya que la alcaldesa y el resto de los funcionarios negaron tener teléfonos institucionales y, por lo mismo, no autorizaron que la PDI se llevara sus móviles.

La alcaldesa Hassler, además, no tuvo inconvenientes en que la PDI extrajera la base de datos de todos sus correos electrónicos. Con esto se buscaría analizar todas las comunicaciones entre quienes estuvieron tras la fallida compra del inmueble.

La auditoría determinó que la jefa comunal desistiera de su proyecto estrella de “clínica municipal”, anunciara querellas contra los tasadores y pidiera la renuncia de Chiffelle y Mayorga.

Todas las incautaciones fueron de forma voluntaria, es decir que la PDI no llegó con orden de un tribunal.