Perú ratifica 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo

La Corte Suprema decidió que el ex mandatario siga tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones.

Por ANDRÉS ALBURQUERQUE

La Corte Suprema de Perú ratificó anoche la prisión preventiva de 36 meses contra el ex presidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre bajo cargos de rebelión y corrupción tras su fallido autogolpe de Estado.

El ex mandatario de 53 años deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la Fiscalía culmina las investigaciones y reúne las pruebas para llevarlo a juicio por ambos delitos.

“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra el ex presidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros”, señaló el Poder Judicial en Twitter.

El pasado 10 de marzo, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.

El expresidente había anunciado entonces que apelaría a la decisión judicial. Por el caso de corrupción, dos exministros de Castillo cumplen también prisión preventiva.

Tras su fracasada maniobra, el 7 de diciembre Castillo fue destituido y llevado ese día al penal Barbadillo, una cárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en Lima.

Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos, incluidos un policía y seis soldados. Castillo, izquierdista y ex líder sindical magisterial, niega los cargos de corrupción y sostiene que está “injustamente secuestrado”.

“La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como dé lugar”, aseveró el encarcelado durante la audiencia de apelación.

La tesis es que Castillo dirigía desde la presidencia una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Castillo, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder.