En prisión preventiva cuatro carabineros acusados de torturas en Alto Hospicio

La medida cautelar afecta al teniente coronel Jorge Carrasco Pujol, al capitán Alex Agüero Urrutia, la subteniente Rocío Brito Tobar y al sargento primero Enrique Gómez Cordero. El cabo primero Iván Araya Espinoza quedó con arresto domiciliario parcial.

Por ANDRÉS ALBURQUERQUE F. / Foto: TWITTER (X)

El ex teniente coronel Jorge Carrasco Pujol, recientemente nombrado subprefecto fronterizo de la Región de Tarapacá, fue formalizado por el delito consumado de tortura.

El alto oficial de Carabineros, junto a otros dos oficiales y dos suboficiales, encabezó una golpiza contra arrestados el 19 de julio del año pasado.

Todos fueron detenidos la tarde del lunes por personal del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS9) de la institución. Los arrestados pertenecen o pertenecían a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio.

En la audiencia de formalización, el juez Guillermo Cofré Rivera ordenó el ingreso de cuatro imputados a dependencias de Carabineros, por considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad. Además, fijó en 75 días el plazo de la investigación.

La audiencia de formalización se efectuó la tarde del martes en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio y duró más de cinco horas. En la ocasión, la fiscal Virginia Aravena formalizó a Carrasco Pujol, al capitán Alex Agüero Urrutia, la subteniente Rocío Brito Tobar y el sargento primero Enrique Gómez Cordero.

El magistrado decretó además la medida cautelar de arresto domiciliario parcial contra el cabo primero Iván Araya Espinoza, quien junto al teniente coronel fue imputado por el delito de obstrucción a la investigación.

Asimismo, a Carrasco Pujol y Brito Tobar se les imputó el delito de falsificación de instrumento público, ilícito perpetrado en agosto pasado.

TORTURAS E IMPUNIDAD

Según el ente persecutor, el 19 de julio de 2023 la víctima, un contratista de construcción, fue detenido junto a su esposa y un trabajador. El empresario acudió a un departamento para realizar un cambio de chapa, entre otros arreglos, y halló en el interior una escopeta hechiza.

Debido a eso, dio aviso a Carabineros. Insólitamente, cuando llegó una teniente de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), procedió a detener a los tres por violación de morada y porte de armas.

Una vez en la comisaría, el hombre se negó a firmar el acta de salud y acudir al consultorio para constatar lesiones. En ese momento, Carrasco le ordenó a Araya apagar las cámaras de vigilancia del sector del calabozo. También ordenó que ingresaran a la celda los motoristas Agüero y Gómez para reducir a la víctima. Lo pusieron boca abajo, le doblaron los brazos para esposarlo y procedieron a golpearlo. Agüero, además, le roció gas pimienta.

La golpiza fue observada por la subteniente Brito, quien le recriminaba al detenido no haber podido terminar su jornada.

Tras la golpiza, Agüero y Gómez sacaron a la víctima del calabozo y lo llevaron a un consultorio. En el trayecto al carro policial, al no poder mantenerse en pie, volvieron a golpearlo.

En la audiencia de control del contratista, se declara ilegal su absurda detención.

MANIOBRAS DISTRACTIVAS

El 4 de agosto, la víctima volvió a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio a estampar la denuncia por las agresiones del 19 de julio.

Al tomar conocimiento de la denuncia por parte del imputado, Carrasco ordenó retener el parte policial original. Y antes de enviarlo a la Fiscalía, le ordenó a la subteniente que modificara su contenido, que quedó redactado en términos generales y sin atribuir responsabilidades directas.

Tras obligar a otra funcionaria a firmar el documento, fue remitido recién el 11 de agosto de 2023 a la fiscalía de Alto Hospicio.

Asimismo, el 4 de agosto, el cabo Araya concurrió a la guardia para solicitar acceso al dispositivo de grabación de las cámaras de vigilancia. Bajo la excusa de que presentaba problemas, sacó el DVR para llevarlo a la oficina de la SIP con la supuesta intención de repararlo.

Se estableció, también, que una vez que se inició la investigación penal, Carrasco comenzó a coordinar las declaraciones de los demás implicados. Además, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, Carrasco presionó a dos funcionarios que estuvieron de guardia el día de los hechos para que no relataran lo realmente sucedido.

Los cinco directamente involucrados ya fueron desvinculados de Carabineros de Chile.