Renuncia en el Gore tras allanamiento por contratos cuestionados
Mayuri Reyes dejó su cargo tras petición del gobernador Orrego, en medio del escándalo por contratos directos a empresa cuestionada por la Contraloría.
Mayuri Reyes debió presentar su renuncia a pedido del gobernador Orrego / Foto: ARCHIVO
Una nueva arista se abrió en la investigación por presunto fraude al fisco que involucra al Gobierno Regional Metropolitano. Mayuri Reyes, jefa de la División de Presupuesto e Inversión del Gore RM, renunció este lunes tras el allanamiento a las oficinas regionales y al domicilio del gobernador Claudio Orrego, diligencias encabezadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente y el OS7 de Carabineros.
Según fuentes internas, la salida de Reyes fue solicitada directamente por el propio gobernador. La funcionaria mantenía un vínculo de larga data con Orrego y figuraba, además, como socia del representante legal de la empresa AJEM, José Solís Venegas. Esta consultora fue contratada de forma directa en 2024 por más de 109 millones de pesos, pese a que Contraloría cuestionó seriamente su idoneidad técnica.
Vínculos societarios, contratos sin licitación y dudas por probidad
El informe de Contraloría detectó que AJEM incorporó en sus proyectos a profesionales sin experiencia acreditada, pese a lo cual logró adjudicarse contratos sin pasar por procesos de licitación pública. El organismo de control también observó inconsistencias administrativas en los documentos firmados con la firma.
El secretario ejecutivo del Gore informó que la renuncia de Reyes fue instruida por el administrador regional. Además, se decidió aplazar la revisión del caso AJEM en la Comisión de Coordinación del Consejo Regional, con el fin de no interferir con el avance del proceso judicial.
Consejeros regionales de oposición han advertido la existencia de un posible conflicto de interés, ya que Reyes y Solís comparten una sociedad comercial desde 2021. Este antecedente fue considerado clave en el requerimiento de destitución contra el gobernador Orrego, ingresado al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que aún debe resolver su admisibilidad.
Impacto político y nueva presión sobre la administración regional
La comisión especial del Consejo Regional evalúa eventuales ajustes internos tras la renuncia de Reyes y el revuelo provocado por la causa AJEM.
El caso podría escalar aún más si se acreditan responsabilidades administrativas o penales en la entrega de fondos públicos a empresas sin licitación y sin respaldo técnico suficiente.
