Secreto bancario: ¿en qué casos se puede levantar?

Mucha controversia ha girado en torno a esta facultad y derecho a reserva de información que tienen todos los clientes de una entidad financiera.

Por CRISTIÁN CARRIÓN N. / Foto (referencial): ARCHIVO

A propósito de los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien señaló que «el tema del secreto bancario es tremendamente importante. Ya se ha insistido hasta el cansancio, pero hay sectores que se oponen en el Parlamento», debemos comenzar por saber en qué consiste el secreto bancario.

De acuerdo a la Ley General de Bancos, la información referida a los depósitos y captaciones que reciban los bancos debe ser mantenida en secreto y sólo se pueden dar a conocer a los dueños de ese dinero y a quienes ellos hayan autorizado. Por lo tanto, si se entrega esa información, la ley castiga al infractor pudiendo incluso llegar a la cárcel.

Sin embargo, la misma norma permite que los jueces puedan solicitar que se levante el secreto en caso de que investiguen algún proceso en que sea necesario conocer las operaciones bancarias que hayan hecho los dueños de esos depósitos o captaciones.

La misma ley, también explica que existe la reserva de información, que consiste en que hay cierto tipo de información que puede ser entregado, sólo si la persona que la solicita tiene un interés legítimo.

Un ejemplo de esto es, que un heredero quiera saber si existe dinero en un banco que le pueda ser entregado.

¿En qué casos se puede levantar el secreto bancario? Las limitaciones al secreto bancario permiten excepciones para el acceso a información en casos como abandono de familia, evasión fiscal y delitos tributarios.

Complementando, existen otras excepciones. Por ejemplo, la Ley de Renta en su artículo 101, impone a los bancos la obligación de informar respecto de los intereses u otras rentas que paguen o abonen a sus clientes, en el último año.

La ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias establece la obligación del juez que conoce la causa de alimentos, de ordenar al demandado, que acompañe los antecedentes que permitan determinar el patrimonio y la capacidad económica de éste.