Sin acuerdo en sistema político: oficialismo presenta compromisos para reformar eventual Nueva Constitución

  • Los partidos del oficialismo, promotores de la opción «Apruebo, suscribieron un documento al que llegaron la noche del miércoles y cuyos detalles fueron dados a conocer esta mañana.

Nueve días pasaron entre el llamado que hizo el Presidente Gabriel Boric y el acuerdo que alcanzaron los partidos del oficialismo para reformar la eventual Nueva Constitución.

El documento, firmado y suscrito por presidentes y representantes de las colectividades, fue detallado esta mañana por el actor Alejandro Goic, quien ofició como maestro de ceremonia en una actividad desarrollada en las salas de la sede del Congreso en Santiago.

Dicho acuerdo tiene cinco puntos: plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, sistema político y Poder Judicial. En el acuerdo se propone una serie de ajustes y límites a cada uno de esos lineamientos.

El anuncio se hace a 24 días del Plebiscito del 4 de septiembre, cuando con voto obligatorio los chilenos y chilenas deban acudir a las urnas a aprobar o rechazar la propuesta constitucional surgida en la Convención.

La iniciativa se estableció como clave previo al referéndum, con tal de convencer a aquellos indecisos y sumar más respaldo al «Apruebo», preferencia que se mantiene bajo en las encuestas. Al menos hasta ahora y en todas las encuestas, el «Rechazo» se impondría en los comicios.

Mira a continuación el detalle del documento:

Plurinacionalidad

  • Consulta indígena: establecer que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas.
  • Consentimiento indígena: sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales.
  • Autonomías territoriales: establecer que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile; que se establezca que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes.
  • Justicia indígena: sólo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales.

Derechos sociales

  • Pensiones: establecer un sistema mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual.
  • Viviendas: el derecho a la vivienda y a la propiedad están absolutamente asegurados.
  • Salud: no limitar la posibilidad de que participen prestadores privados.
  • Educación: respetar la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada.

Seguridad

  • Estado de Excepción: establecer el estado de emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley.

Sistema político:

  • Analizar el sistema político para lograr el mejor equilibrio entre el Poder Legislativo, gobierno central y entidades territoriales.
  • Iniciativa de gasto fiscal: eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado.
  • Reelección presidencial que no proceda consecutivamente.

Poder judicial:

  • Reemplazar «Sistema de Justicia» por «Poder Judicial».
  • Revisar la composición del Consejo de la Justicia.
  • Explicitar que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos.

Entre los puntos llamó la atención que en materia de sistema político el acuerdo sólo comprende «analizar para lograr el mejor equilibrio», descartándose -por ahora- revisar las atribuciones de la Cámara de las Regiones y dándose por entendido el definitivo fin del Senado.

De todos modos, los ajustes propuestos por los partidos son reformas a la eventual Nueva Constitución, por lo que deberán ser discutidos en el Congreso, requiriendo el quórum de dos tercios para ser aprobados, o bien de cuatro séptimos más plebiscito.