Suprema confirma indemnización para joven torturado
El máximo tribunal confirmó una indemnización de 120 millones de pesos en favor de Manuel García Chamorro, detenido y torturado en 1973.
El falló de la Segunda Sala de la Corte Suprema fue unánime. Foto: ARCHIVO
En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados contra la sentencia que ordenó al Fisco indemnizar a Manuel Alfonso García Chamorro. El afectado, estudiante universitario en 1973, recibirá un pago por daño moral de 120 millones de pesos.
Tras su detención por parte de Carabineros, García Chamorro sufrió torturas en comisarías de Lota y Concepción. Luego, un Consejo de Guerra emitió sentencia en su contra.
El 26 de octubre de 1973 se produjo su detención, mientras ejercía como profesor de matemáticas en el Liceo Técnico de Lota. Posteriormente, fue trasladado al estadio Regional de Concepción y condenado a cinco años de presidio, pena conmutada en 1976 a expatriación.
El tribunal acreditó que a la víctima se le interrogó bajo tortura, lo que le ocasionó daños graves, tanto físicos como psicológicos. Previamente, la Corte de Apelaciones de Concepción aumentó el monto de la indemnización en proporción al daño acreditado.
Argumentos del fallo
La Segunda Sala de la Corte Suprema -integrada por los ministros Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y los abogados Leonor Etcheberry y Eduardo Gandulfo- determinó que no hubo infracción de las leyes reguladoras de la prueba en las instancias previas.
El fallo destacó que los jueces de las instancias inferiores actuaron conforme a sus atribuciones. Esto, pues valoraron las pruebas documentales y testimoniales, descartando errores en el proceso de evaluación.
Justicia y reparación
La resolución final establece que el Estado debe asumir su responsabilidad en los hechos. De tal forma que se materializará la compensación económica para García Chamorro como una medida de reparación por las graves violaciones a los Derechos Humanos sufridas en dictadura.
De esta manera, se reafirma la jurisprudencia sobre la soberanía de los jueces de fondo para determinar los hechos.
