Tragedia en Putre: admiten querella del INDH
El Instituto Nacional de Derechos Humanos busca responsables por la muerte del conscripto Franco Vargas y por los tratos crueles y vejatorios en contra de sus compañeros. El Ejército, en tanto, pidió la baja de un coronel y un general por el caso.
Por EL ÁGORA / Foto: AGENCIAS
El Juzgado de Garantía de Arica declaró admisible la querella presentada por el INDH por apremios ilegítimos contra conscriptos durante un ejercicio en Putre.
La acción legal busca esclarecer y buscar posibles responsables en el Ejército de la muerte de Franco Vargas, de 19 años. Además de los tratos crueles e inhumanos que sufrieron sus compañeros de instrucción durante su estancia en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicita que el caso sea visto por la justicia civil, e individualizó a cinco jóvenes como víctimas.
La jueza Paulina Zúñiga citó para el 30 de mayo a una audiencia para resolver la competencia de los tribunales civiles en el caso.
Según se detalla en el escrito ingresado, de los 245 conscriptos, a 45 los sometieron a golpes en cualquier momento y lugar. El trato cruel incluyó dormir solamente una hora, alimentarse con las manos, comer carne cruda y no dejar que se asearan.
No es todo. También se detallan insultos reiterados, caminatas nocturnas con temperaturas bajo cero y sin ropa adecuada. Exposición a fecas de ratones en espacios de preparación y consumo de la comida, y la obligación de utilizar letrinas grupales.
Y después del fallecimiento de Franco Vargas, de 19 años, los oficiales y suboficiales repetían: “Un pelao menos, mejor”.
SANCIONES INTERNAS
Mientras, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, pidió el retiro de dos altos mandos de la institución por la muerte de Vargas. Al mismo tiempo, admitió que se determinó que hubo falta de precisión “o derechamente se mintió” en los informes llegados desde el norte.
Por lo anterior, resolvió relevar del mando “al comandante de la Brigada Huamachuco (coronel Sebastián Silva) y al comandante en jefe de la Sexta División del Ejército (general Rubén Castillo); y proponer su retiro de la institución al Presidente de la República”.
“He permanecido en la Guarnición de Arica para asegurar la celeridad y transparencia de las investigaciones en curso”, comenzó Iturriaga. Y agregó: “La información inicial que fuere difundida por (…) el Ejército obedeció a los antecedentes que entregó el personal que se encontraba a cargo del período de instrucción”, quienes ya fueron relevados del mando este lunes. Ver https://www.elagora.net/tragedia-en-putre-ejercito-remueve-a-un-oficial-y-a-cinco-suboficiales/
“Sin embargo, es doloroso constatar que la información preliminar entregada adoleció de precisión, y ello llevó a diferentes contradicciones”, reconoció. “Sumarios administrativos determinarán si hubo ocultamiento de información o derechamente se mintió”, añadió el comandante en jefe.
“El intenso trabajo que he llevado acá me ha dejado una duda razonable respecto de la correcta ejecución de la instrucción. Además del cumplimiento de los protocolos de régimen interno y protocolos sanitarios. Y de comprobarse, a través de las investigaciones, deberán asumirse las responsabilidades que se determinen”, subrayó.
Por último, apuntó que “el Ejército de Chile está compuesto por miles de hombres y mujeres que tienen la obligación y el compromiso de ser garantes del resguardo y protección de nuestros soldados. Por lo tanto, las investigaciones en curso determinarán si el soldado Franco Vargas, que en paz descanse, debió o no haber marchado, de acuerdo a los protocolos de instrucción y de salud (…) El Ejército no acepta que su personal traicione el honor militar”, concluyó.
JUEZA EN VISITA
Ante la gravedad de los hechos, este miércoles, también, la Corte Suprema designó a Jenny Book como jueza en visita para investigar el caso.
La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial viajó a Arica y se enfocará en determinar las causas del incidente. “Esta es una causa de justicia militar, por lo tanto, es un procedimiento penal antiguo, escrito y secreto. Por lo mismo, no podemos informar las diligencias a cabalidad o con mucha precisión”, dijo Book.
